A María le llegó la hora de jubilarse. Necesitaba saber el número de semanas registradas en la seguridad social para reclamar una pensión acorde con sus años como asalariada. Solicitó la información al servicio de seguridad social pero le fue negada: usted no es quien dice ser y si lo es en nuestros archivos no existen certezas para su plena identificación; hágale como quiera.
María —un nombre ficticio, pues su nombre real es confidencial en el expediente RRD 763/22 del Inai— se inconformó con justa razón. Había trabajado de 1977 a 2022. Sin el número exacto de semanas cotizadas, ¿cómo iba a defender el monto correspondiente a su pensión? La única instancia con esa información era la oficina pública que se la había negado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
María pidió ayuda al Inai, la agencia de transparencia y privacidad de México, y el Inai le dio la razón: el IMSS debía hacer una búsqueda profunda y exhaustiva en sus archivos considerando distintos datos personales, como el nombre completo de María, su número de seguridad social, su clave de registro poblacional (conocida como CURP) y “otros caracteres alfabéticos y numéricos” relacionados con ella hasta identificarla y garantizar su derecho de acceso a sus datos personales.
Sin la intervención de la agencia, que actúa como una defensoría pública que emite decisiones finales, María habría enfrentado obstáculos más grandes para confirmar su número de semanas cotizadas, posiblemente obligándola a aceptar una pensión menor a la correspondiente con sus años de vida laboral.
Sin el Inai, la última palabra la habría tenido el IMSS, con una negativa que ponía en riesgo el patrimonio económico de María, a menos, claro, de que María hubiese presentado un juicio de amparo indirecto ante un juez federal con todo lo que esto implica.
El amparo espanta desde que se pronuncia su nombre. Es un trámite intimidante para un ciudadano común sin conocimientos jurídicos para desarrollar un litigio, requiere la contratación de abogados y los abogados cuestan y exige mucha paciencia porque los plazos de respuesta pueden durar años, tan “breves como una exhalación en el curso sideral de la administración de la justicia”, como describió con sarcasmo el escritor Leonardo Sciascia en El contexto.
El amparo es un camino de carbón ardiente para faquires. Con la ayuda del Inai puede evitarse y tomar una ruta sencilla, gratuita y expedita, o sea: ágil, rápida y eficiente.
Si no existe el Inai y una oficina federal se niega a entregar información pública, el ciudadano tiene que presentar un amparo para que se revise su petición y, en su caso, se obligue a la oficina a entregar los documentos solicitados. Si un particular o una oficina federal como el IMSS se niegan a dar acceso a los datos personales que administran, a rectificarlos, borrarlos o suspender su tratamiento, el ciudadano tiene que presentar un amparo para buscar la protección de su privacidad y su patrimonio moral, un recurso totalmente infrecuente en esta materia.
El Inai está bajo amenaza de extinción. Un vendaval de hechos políticos confabulados por la Presidencia y el Senado de México tiene paralizadas las decisiones más importantes de esta agencia.
Nunca se había hablado tanto del Inai como en las semanas recientes. Y —lo saben los políticos profesionales— “Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien”, como dijo Salvador Dalí: si el Inai sale con vida del tsunami político, debe capitalizar esta exposición mediática, presentarse como una institución que le habla a los ciudadanos con lenguaje claro y sencillo, sin tecnicismos ni jerga administrativista, y divulgar masivamente su utilidad social.
Casos como el de María demuestran que el Inai es indispensable en la vida cotidiana. Hay que hacerlo notar.
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