José Soto Galindo
17 septiembre, 2024
López Obrador ha fundado una escuela en comunicación política que, si se aplica, reporta beneficios. Recortó drásticamente el gasto en publicidad oficial, eliminó la agencia informativa del Estado y se comunicó directamente con la sociedad y con su electorado. El modelo le funcionó.
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20 febrero, 2023
La nueva Ley General de Comunicación Social impulsada por la Cuarta Transformación violenta el artículo 134° de la Constitución, explica Jorge Bravo (@beltmondi) en este artículo.
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8 abril, 2022
En México el gasto en comunicación social se utiliza para premiar o castigar la línea editorial de la prensa y los medios de comunicación, por ello afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de la población. En este tema la Cuarta Transformación no es diferente de los gobiernos neoliberales y compradores de conciencias mediáticas que le precedieron.
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7 abril, 2022
El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal disminuyó 41% entre 2020 y 2021: de 2,248 millones de pesos en 2020 a 1,326 millones en 2021.
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4 abril, 2022
En México, el viejo modelo de negocio de los medios contempla que la publicidad oficial cubra los costos de operación y la publicidad comercial ofrezca la rentabilidad. La única regulación es la electoral; lo demás son aspiraciones de autorregulación y aplicación de códigos deontológicos al interior de los medios.
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12 febrero, 2019
El primer director de la British Broadcasting Corporation (BBC) del Reino Unido, John Reith, definió desde el principio (1924) la misión de la naciente radiodifusora pública sin fines de lucro: “la política de la empresa es llevar lo mejor de todo al mayor número de hogares”. Esa también debería ser la misión de los medios públicos en México…
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17 septiembre, 2018
El periódico Noroeste lanzó el 8 de septiembre un muro de pago (paywall, como se llama en la industria), con la intención de crear un nuevo canal de ingresos para la compañía que dependa exclusivamente de los lectores. Con este paywall, la lectura de los primeros 7 artículos es gratuita y luego se invita al lector a adquirir una suscripción digital. La iniciativa de Noroeste es la primera de un medio de carácter regional —en este caso con sede en Culiacán, Sinaloa— y la segunda en México para cobrar a los lectores que consultan un sitio noticioso en línea.
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17 septiembre, 2018
La compañía con sede en Culiacán, Sinaloa, es el primer medio regional que le apuesta a un modelo de suscripción digital de pago por contenido. “Le estamos apostando no a ser los reyes del tráfico sino a construir un mercado propio”, en palabras de Adrián López Ortiz, su director general.
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Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Grupo Milenio pasó la podadora y recortó decenas de puestos de trabajo. Hay quienes hablan de despidos de hasta 150 personas. Lorenzo Meyer y José Woldenberg dejaron de publicar esta semana en Reforma, al parecer por razones económicas. Fernanda Familiar dejará de producir su revista impresa después de 15 años. ¿Es hora de chocar nuestras cabezas unos contra otros y sacarnos los sesos?, pregunta el periodista Kent Brockman al Profesor Cocoon en Los Simpson.
Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción. Tampoco debe sorprendernos: buscar la chuleta en un mercado abierto es mucho más complicado que negociar con el funcionario en turno la “bajada” de recursos públicos. Y si el dinero público ya no estará disponible, suena lógico elegir la primera instrucción corporativa: los recortes.
No podemos dar por hecho que el anuncio de una menor inversión pública sea la causa directa de los recortes y políticas de austeridad al interior de los medios de comunicación. Tampoco de su desaparición. Hay muchos factores que impactan el negocio de la industria periodística y de contenidos, desde la emergencia de nuevos competidores (como Buzzfeed: un medio estadounidense haciéndose un hueco entre la audiencia y el mercado publicitario mexicano), la migración de los presupuestos publicitarios hacia Google y Facebook o las tendencias de concentración de medios que motivan férrea disciplina financiera y menores costos de producción. Pero tampoco cabe duda de que el anuncio de AMLO ha alborotado las cosas.
En el río revuelto hay quienes aprovechan para rasurar sus redacciones y otros que se preparan para un escenario de ingresos negativos. Las opciones no son excluyentes. La apuesta sensata a largo plazo es la calidad del contenido. Y parece que entre los actores tradicionales no está contemplada.
Hay motivos para la expectación: si AMLO cumple su palabra y reduce el presupuesto de la publicidad oficial, habrá menos dinero público para repartir. ¿Entonces es hora de chocar nuestras cabezas? Por supuesto que no: es hora de esperar una transformación en el ecosistema de medios pensada exclusivamente en mejorar el servicio y los productos que ofrecemos a los consumidores.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
Contactar a José Soto Galindo en soto[arroba]economicon.mx
Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
La maestra Elba Esther Gordillo fue dueña del SNTE, el sindicato federal de maestros de México, de 1989 a 2013. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue aprehendida por los supuestos delitos de desvío de recursos del sindicato, delincuencia organizada y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).
El 7 de agosto de 2018, luego de 5 años, 5 meses y 11 días bajo arresto, fue puesta en libertad. La maestra regresó con todo: primero ofreció un mensaje público de unos 12 minutos para advertir que recuperará su liderazgo político y, dos días después, su abogado anunció que demandará por daño moral al periodista Carlos Loret de Mola.
En el Código Penal Federal no existen los delitos de difamación, calumnia o injurias. Lo que existe como conducta ilícita a nivel federal, relacionada con el ejercicio del periodismo, es el daño moral. El Código Civil Federal define el daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.
Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira.
Loret de Mola se unirá a una lista cada vez más abultada de periodistas que enfrentan demandas por daño moral. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al analista Sergio Aguayo y exigió en tribunales una indemnización de 10 millones de pesos. A Moreira no le gustó que Aguayo opinerada que su carrera política “olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad”.
El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, también exige 10 millones de pesos al periodista Humberto Padgett como reparación de daño moral. Padgett participó con un perfil sobre Eruviel Ávila en el libro Los Suspirantes 2018, en donde denunció que el exgobernador conoció de supuestas situaciones sexuales con menores de edad que involucran a Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec. Antes de cargarla contra Padgett, Moreira ya había practicado la estrategia contra el periodista Pedro Ferriz de Con.
El abogado de Emilio Lozoya Austin amenazó con presentar demandas por daño moral contra quienes resulten responsables de la supuesta “campaña mediática” en su contra. La amenaza pareció estar dirigida a los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes han dedicado los recientes dos años a documentar los vínculos de Lozoya, exdirector general de Pemex, con el departamento de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Rodríguez Reyna dirige la multipremiada revista emeequis y Alejandra Xanic es el único mexicano que ha ganado un Pulitzer en periodismo.
Otro caso es el de Carmen Aristegui. El empresario Javier Vargas, propietario de MVS, considera que la periodista dañó su reputación en el prólogo del libro La casa blanca de Peña Nieto: La historia que cimbró un gobierno. En el texto introductorio al reportaje sobre una mansión que Peña Nieto compró a un proveedor de gobierno, Aristegui describió la relación de Vargas con el presidente y hace consideraciones sobre la manera en que ésta pudo influir para evitar la publicación del reportaje.
También paradigmático fue el caso Marta Sahagún vs. Olga Wornat y la revista Proceso, por el libro biográfico La Jefa. En el libro, Wornat abordó detalles de la vida privada de Sahagún que no gustaron a la esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada.
Para el relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las demandas por daño moral o las denuncias por difamación, calumnia o injurias donde se puedan sirven a los poderosos como herramienta para inhibir la libertad de expresión.
El delito de difamación está vigente en Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. El delito de calumnia está vigente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, como documenta Eréndira Aquino en un artículo de Animal Político.
“Muchos funcionarios de gobierno o jerarcas públicos invocan las leyes penales sobre la calumnia, la injuria y la difamación de la misma forma que las leyes de desacato, con la misma intención de silenciar a los periodistas cuyos artículos periodísticos critican asuntos de interés público”, describe la CIDH.
Las demandas y denuncias no son las únicas herramientas utilizadas para callar y censurar periodistas, pero tienen una gran efectividad. Un proceso judicial suele ser engorroso y apuesta al agotamiento de alguna de las partes, sobre todo de la que tenga menos tiempo y dinero. Si un periodista no tiene el apoyo de su medio de comunicación, tendrá que hacer uso de recursos propios o esperar la solidaridad de terceros. Y, para bien o para mal, no todos los periodistas en México tienen la fama de un Loret de Mola o una Carmen Aristegui.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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