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No traigo cash

La iniciativa para crear una ley de pagos digitales, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, puede hacer que el expendio de gasolina rechace tus sucios billetes y te obligue a usar el celular o una tarjeta bancaria para pagar la cuenta posiblemente antes de que termine 2026. (Si conduces un eléctrico, sigue leyendo sin sentirte discriminada: esta ley te impactará de todas formas).

La iniciativa promueve la adopción masiva de los pagos electrónicos, con el agregado de que ayudará a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero y hará más sencillo el manejo de dinero en la vida cotidiana.

  • 🇧🇷 Te cuento una anécdota: mi mayor sorpresa al recorrer los estanquillos de la Avenida Paulista de São Paulo hace más de 10 años, fue que todos los comercios, sin importar su tamaño, aceptaban pagos electrónicos. Ese ecosistema financiero se volvió tan universal y sofisticado en Brasil que hoy se puede dar limosna a un mendigo a través de un código QR.
  • 🇲🇽 Y habrás notado que en México cada vez más comercios, incluso los informales, ofrecen una vía de pago a través de transferencias bancarias.

De eso se trata la digitalización: de facilitar las operaciones monetarias. Los pagos electrónicos reducen fricciones en el comercio, trasladan el dinero de una billetera a otra de manera inmediata y posibilitan una contabilidad más precisa para el Estado, los proveedores de bienes y servicios y los consumidores.

🤦🏽 Mi único problema con la iniciativa de ley, redactada por el equipo de la presidenta Sheinbaum, es que promueve la proscripción del dinero en efectivo en “sectores estratégicos”, como si se tratase de un entrenamiento hacia la sociedad cashless, sin billetes ni monedas, que trae aparejada la pérdida del anonimato y un entorno de mayor vigilancia estatal y comercial y dependencia de sistemas tecnológicos, casi todos de capital privado.

Me explico.

La sociedad cashless (sin efectivo)

La iniciativa para crear la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (falta la aprobación del Senado, lo que se da por descontado) prevé:

1. La adopción de medios de pago electrónicos, como el uso de tarjetas y transferencias bancarias, los códigos QR en las terminales punto de venta que ofrece el sector financiero (Prosa, Mercado Pago y Clip, incluidos) y el uso de dispositivos NFC, con el fin de reducir el efectivo (el cash).

  • La ley otorga atribuciones al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para emitir reglas que obligarán a las empresas procesadoras de terminales punto de venta (TPV) a habilitar la recepción de pagos mediante códigos QR de forma estandarizada.

2. La proscripción del efectivo en “sectores estratégicos”. La ley no dice cuáles son esos sectores, pero entre los sospechosos comunes están la venta de combustibles, el cobro en autopistas privatizadas o el pago de servicios públicos.

  • Tocará a la Secretaría de Hacienda, que depende de la Presidencia, determinar las actividades económicas en las que la aceptación de pagos digitales será la única forma de pago permitida.
  • 💸 Los billetes y las monedas serán el “plan B” en situaciones de “contingencia” técnica o fallas imprevistas de infraestructura: cuando falle el internet o se vaya la luz.

3. La creación de un portadocumentos digital, llamado Expediente Digital Ciudadano, con el mismo valor jurídico que los documentos físicos, que actúa de la misma manera que la CURP biométrica como mecanismo oficial de identificación.

  • Este expediente digital, gestionado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que permitirá la consulta y portabilidad remota de documentos e información oficial ante instituciones financieras.
  • Los documentos del expediente tendrán el mismo valor y efecto jurídico que a los documentos impresos en papel.

Los riesgos a la privacidad

Estoy a favor de la iniciativa cuando promete expandir la infraestructura para los pagos electrónicos, reducir los costos de las operaciones e integrar a pequeños negocios al crédito formal, pero rechazo su carácter totalitario o de ensayo social, de vamos a ver hasta dónde podemos ampliar la vigilancia estatal, porque la proscripción del dinero en efectivo elimina el anonimato, último refugio de la privacidad transaccional de la ciudadanía.

Este riesgo lo veo a partir de tres ejes críticos: estatal, comercial y sistémico.

1. El eje estatal

A diferencia del dinero en efectivo, con el que la autoridad desconoce quién posee cada billete, las transacciones electrónicas registran de manera exacta la identidad del usuario, el monto de la operación, la hora y la ubicación geográfica precisa de la terminal punto de venta y el comercio donde se realizó la transacción.

🔌 Estos datos facilitan una capacidad de vigilancia financiera masiva y la trazabilidad de la transacción. Este registro de datos personales y metadatos de las operaciones otorga al Estado y a las corporaciones privadas un poder de monitoreo en tiempo real.

La proscripción del efectivo elimina el anonimato y permite a quienes dan tratamiento a los datos personales el perfilado de la conducta de las personas, con la posibilidad de ejecutar represalias, bloqueos de activos financieros o intimidación.

2. El eje comercial

Al sustituir el efectivo por dinero digital, los facilitadores de cada compra consiguen un generador de datos sobre el historial de consumo de los usuarios, ya sea el Banco de México a través de SPEI, CoDi o Dimo o los servicios privados.

Y se regala un activo al sector privado para procesar esa data y agrupar a los consumidores en perfiles demográficos para, por ejemplo, predecir su capacidad de pago. Esta pérdida de privacidad ya fue alertada por el Banco de Canadá.

3. El eje sistémico

La proscripción del efectivo obliga a depender de la infraestructura de intermediarios, públicos o privados, y de la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones y de la infraestructura eléctrica.

No parece una buena idea. Si el dinero está legitimado por el Estado, que lo imprime, lo garantiza y lo pone en circulación, resulta una pésima decisión hacer que su fiabilidad dependa de terceros actores o de sistemas que no dependen en su totalidad del Estado.

Ante interrupciones de telecomunicaciones (privadas en su mayoría) o suministro eléctrico (estatal), ciberataques o fallas operativas de los sistemas de cómputo, la actividad económica puede quedar paralizada.

🚫 O sea: no a la proscripción del efectivo, así sea por “sectores estratégicos”, y sí a más formas de pago electrónico.

El Senado todavía puede enmendar la plana.

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Sobre mí

Soy José Soto Galindo, periodista. Edité El Economista en línea, fui director de Medios del Inai y tengo una Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales (UdeG), con estudios en derecho de las telecomunicaciones (UNAM) y derecho de las tecnologías de la información (ITAM). Doy clases de periodismo de datos en la Universidad de Guadalajara y de comunicación en la Universidad Iberoamericana.

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