La agencia de privacidad de México multó a los dueños de la Selección Nacional de futbol con 23 millones de pesos por usar datos personales de menores de edad sin consentimiento de sus padres o tutores. Lo hizo en el primer intento por crear un registro universal de aficionados para desincentivar la violencia y la discriminación homofóbica en los estadios.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF o Femexfut) violó la ley de protección de datos personales en su esfuerzo por evitar que algunos aficionados griten ¡Puto! ¿Qué encontró la autoridad para sancionar? Que la FMF recabó datos personales de menores cuando obligó a los aficionados a registrarse para ingresar a los estadios y que fue incapaz de demostrar que había cumplido con las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas necesarias para el tratamiento de datos personales.
Un paréntesis: este asunto es diferente al Fan ID que impulsa la Liga MX, una matrix de control biométrico para el ingreso a los estadios que, a pesar de ser excesiva y desproporcionada, cuenta con la aprobación de la agencia de privacidad (el Instituto de Protección de Datos Personales, Inai).
Desconozco si la sanción de 23 millones contra la Femexfut es la más grande impuesta por el Inai, pero sí sé que representa casi 40% del monto total de sanciones impuestas en 2022 por esta agencia.
Conocimos el monto de la sanción contra la FMF por diversas filtraciones en la prensa. El Inai no informa sobre sanciones ni sancionados desde finales de 2019, un absurdo que protege la privacidad de las empresas que violaron la privacidad de usuarios y consumidores. Se cuida más a los poderosos que a los ciudadanos comunes.
El Inai evita informar a la opinión pública sobre las sanciones hasta que el expediente “ha causado estado”, hasta que una autoridad judicial ha dicho la última palabra sobre el asunto. Aunque se vende como un respeto al debido proceso, se manifiesta como si el Inai no confiara en su propio trabajo técnico, argumentativo y sancionador.
Llevamos tres años en la opacidad máxima sobre las sanciones contra particulares que violan la ley de protección de datos personales, en un curioso fenómeno producido por la agencia que también impulsa la transparencia pública. El fenómeno reduce la propia eficiencia del Inai y diluye su poder sancionador en la protección de derechos humanos. Sin mencionar la percepción de vacío, de ausencia de Estado, que provoca una agencia que parece no tener fuerza para defender la privacidad de los ciudadanos y sancionar a infractores.
La mayor pérdida es siempre para los ciudadanos, que ven afectados sus derechos sin la certeza de justicia y sin mecanismos de sanción reputacional contra los infractores. Una sanción que no se comunica es una sanción que no existe para el conjunto de la sociedad, incluidos los infractores y otros que pudieran aprender de la manera en que la autoridad aplicó la ley y de los argumentos que los afectados presentaron en su defensa.
En Estados Unidos y en Europa las sanciones se comunican al público de inmediato, sin que eso signifique una reducción de los medios de defensa de las entidades sancionadas, cuyos derechos de ir a tribunales siguen intactos. Pero son distintas tradiciones judiciales y distintas las capacidades del Estado para imponer una aspiración colectiva. Sin hablar, por supuesto, de los poderes fácticos que operan en México y la debilidad institucional, órganos autónomos incluidos.
La sanción contra la FMF definitivamente es relevante. Y debería inhibir la repetición de la conducta de parte de la Femexfut y de otros agentes que quieren utilizar tecnologías biométricas en el tratamiento de datos personales. Ya veremos. Pasarán años antes de que se conozca el final de esta historia (la FMF, con todo derecho, peleará en tribunales).
Lo cierto es que discutirla ahora es bastante sano para robustecer el régimen de protección de datos personales y, aunque no fuese la intención, confirmar que el Inai hace su trabajo (bueno, todavía falta que gane la última palabra. Ya veremos).
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