17 septiembre, 2018Adrián López Ortiz, director general de Noroeste. Foto: Cortesía Noroeste
El periódico Noroeste lanzó el 8 de septiembre un muro de pago (paywall, como se llama en la industria), con la intención de crear un nuevo canal de ingresos para la compañía que dependa exclusivamente de los lectores. Con este paywall, la lectura de los primeros 7 artículos es gratuita y luego se invita al lector a adquirir una suscripción digital. La iniciativa de Noroeste es la primera de un medio de carácter regional —en este caso con sede en Culiacán, Sinaloa— y la segunda en México para cobrar a los lectores que consultan un sitio noticioso en línea.
La compañía con sede en Culiacán, Sinaloa, es el primer medio regional que le apuesta a un modelo de suscripción digital de pago por contenido. “Le estamos apostando no a ser los reyes del tráfico sino a construir un mercado propio”, en palabras de Adrián López Ortiz, su director general.
El medio nativo digital Cultura Colectiva diseña un modelo de membresías basado en blockchain: criptomonedas intercambiables por dinero, contenido y productos físicos. Los usuarios pagan con datos personales, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Cultura Colectiva comprará tus datos personales y te pagará con una criptomoneda. Los usuarios de esta plataforma de contenido serán incentivados a registrarse en el sitio y a cambio de sus datos personales recibirán bonificaciones en forma de una criptomoneda que se llamará Tegger. Estas bonificaciones (tokens) serán intercambiables por dinero, contenido exclusivo o productos físicos. Será como un juego: mientras más navegues en Cultura Colectiva y más datos personales estés dispuesto a ceder, más Teggers recibirás a cambio.
Cultura Colectiva se ha subido al tren del blockchain y las criptomonedas, la tecnología de moda. El blockchain es un sistema de encriptación de transacciones digitales que prescinde de los mediadores para su gestión. Esto significa que dos personas pueden hacer una transacción o celebrar un contrato digital sin necesidad de un tercero que avale la operación y que sancione su cumplimiento, tareas que tradicionalmente las realizaron notarios o bancos centrales. Las criptomonedas se diseñan con blockchain para hacerlas invulnerables.
Esta iniciativa de Cultura Colectiva posiblemente sirva de ejemplo para la industria de contenidos en México. Y si no, por lo menos quedará el registro de un experimento bien interesante: inyectar blockchain en un medio de comunicación, en un momento en que la industria busca maneras de aumentar la fidelidad de las audiencias e incentivarlas a pagar por el contenido. En el caso de Cultura Colectiva, tú les venderás datos personales y ellos te pagarán con Teggers.
1. ¿Para qué servirán Tegger y los datos personales a Cultura Colectiva?
Cultura Colectiva quiere información de calidad de sus consumidores. Quiere acumular datos personales —que son la energía de la economía digital— para hacer perfiles de sus usuarios con fines comerciales (clústeres) y lograr mayores beneficios de quienes navegan en su plataforma. Estos perfiles pueden incluir:
Datos demográficos y socioeconómicos: ¿dónde vive el consumidor, cuántos años tiene, qué estudió, en qué trabaja, cuánto dinero gana?
Datos psicográficos: ¿cuál es su personalidad, sus actitudes, sus opiniones, su estilo de vida?
Datos de navegación: ¿qué contenido lee, a cuáles videos da clic, qué le interesa, si consume el contenido completo o lo abandona a medio camino?
Google y Facebook tienen la mayor base de datos personales de los consumidores y además se llevan la mayor parte del presupuesto publicitario, me dijo Luis Enríquez, uno de los tres fundadores de Cultura Colectiva (los otros dos son Adolfo Cano y Jorge del Villar). Con Tegger, la intención es tomar parte de ese mercado poniendo precio y pagando por los datos personales. “Vamos a recabar todos los datos que ellos (los consumidores) quieran ir dejando. Los pueden dejar en un formulario o a través de encuestas y por cada dato que nos dejen el sistema les va a estar dando criptomonedas”, dijo Enríquez entrevistado vía telefónica.
“Hay un duopolio, en este caso Google y Facebook, que son los que se quedan con 80% de ingresos, y lo que pasa cada año es que cada vez se queda con un porcentaje más grande de los ingresos de la publicidad digital. Una de las razones por las que esto pasa es porque ellos tienen todos los datos de nosotros. Entonces ellos pueden vender anuncios. El mismo anuncio que sale en Facebook lo venden 10 veces más caro de lo que sale en Cultura Colectiva o en El Economista o en cualquier otro medio”, dijo Enríquez.
2. ¿Y qué son los datos personales?
Los datos personales son partículas de información que conciernen a una persona física identificada o identificable. La definición también aplica si cambiamos el orden de los factores: los datos personales son partículas información que pueden identificar o hacer identificable a una persona.
Google y Facebook recaban tus datos personales y registran toda la actividad que realizas en sus plataformas. Con esa información pueden conocer un montón de cosas sobre ti y de lo que te identifica: desde los datos más básicos, que los entregaste cuando te inscribiste en esas plataformas (nombre, edad, ciudad en la que vives), hasta información mucho más compleja como tu historial de navegación, tus intereses de contenido y si prefieres ver videos chuscos o noticias. Google y Facebook empaquetan tus datos personales y los revenden en clústeres publicitarios y comerciales.
El producto eres tú y a cambio recibes determinados servicios: el acceso a un motor de búsqueda en internet, una cuenta de correo electrónico, una red social donde participan tus amigos o sigues contenido que te interesa o un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger.
La idea de Cultura Colectiva es menos ambiciosa, pero sigue la misma lógica: con esta token economy tendrás pleno conocimiento de que estás vendiendo tus datos personales y que éstos serán reutilizados con fines comerciales. A cambio recibirás ciertos beneficios (dinero, contenido exclusivo o productos físicos). Se hace evidente lo evidente: que tú eres el producto que está en venta todo el tiempo con una retribución muy concreta.
3. ¿Y qué onda con Cultura Colectiva? ¿Cuál es su lugar en el mundo?
Cultura Colectiva es una rara avis en la industria de medios de México: no tiene problemas para hablar en público sobre su modelo de negocio ni de sus ingresos comerciales ni de sus proyecciones en el mercado. Gracias a una transparencia poco común en la industria mexicana (esto sólo lo hacen las empresas que cotizan en bolsa), Cultura Colectiva ha informado que en 2016 ingresó 65 millones de pesos por publicidad; en 2017, 109 millones, y para el cierre de 2018 proyecta 250 millones a través de “la producción de proyectos de content marketing y de la venta de publicidad vía media digital y programmatic”.
Cultura Colectiva también es protagonista habitual del Ranking de Medios Nativos Digitales de El Economista y comScore, que incluye a los monstruos generadores de tráfico que nacieron en internet con capital mexicano: Uno TV, SDP Noticias, Medio Tiempo, Animal Político, El Deforma, Aristegui Noticias y Nación321, entre otros.
También integra la lista de los 20 medios que más dinero de publicidad oficial recibieron durante la administración de Peña Nieto. Entre 2016 y 2017, facturó 33.3 millones de pesos al gobierno federal a través de 70 contratos, según la base de datos del informe Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde. Se ubicó en la posición 18 de la lista de mayores receptores de publicidad oficial, por debajo de El Universal, SDP Noticias y Milenio Diario. El contrato más oneroso fue uno con la Lotería Nacional de 2016, por 6.2 millones de pesos.
Se asume como una compañía de base tecnológica que genera contenido. Hace un año, el fondo Dalus México II le inyectó 72.4 millones de pesos, lo que la valuó en 482 millones de pesos. Fue una inversión destinada a fortalecer la parte tecnológica de Cultura Colectiva, propiedad de Vicasoen, S.A.P.I. de C.V. Además de la criptomoneda Tegger, que se espera empiece a funcionar en el primer semestre de 2019, en la lista de innovaciones tecnológicas de Cultura Colectiva hay que incluir Contech, una inteligencia artificial para la generación de contenido a partir de análisis de datos.
4. ¿La criptomoneda de Cultura Colectiva tiene futuro?
Según los cálculos de Luis Enríquez, un matemático y economista egresado del ITAM, la iniciativa de blockchain Tegger podría generar unos 50,000 dólares de ingresos mensuales por cada millón de usuarios logueados (suscritos y activos). Además de que estará disponible para que terceros la utilicen. “La idea es que cualquier otra empresa de medios tenga el incentivo de tener este login con Tegger y tener nuevos ingresos. La idea es generar un incentivo para que cualquier medio diga: ‘Oye, yo quiero meter este login mañana a mi página, porque voy a vender mis anuncios más caros y además voy a tener un nuevo ingreso’”.
Esta ludificación con criptomonedas “nos va a ayudar a tener muchísima más información de los usuarios y por eso vamos a ser más competitivos en el mercado. Eso nos hará competir de frente con Google y Facebook, pero no creo que sea suficiente. Va a ser un buen movimiento pero igual se va a necesitar hacer más cosas”, dijo Enríquez.
Si Tegger funciona, podrá ser un disruptor en la industria de medios mexicanos, que mezcla tecnología de encriptación y le pone precio a los datos personales. Y si no funciona, será un buen ejercicio del que habrá que sacar lecciones.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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Hay quienes se escandalizan de que llamó “corazoncitos” a las reporteras cuando le pidieron su opinión sobre la licencia concedida al ¿exgobernador? Manuel Velasco de Chiapas —o de que antes celebró la supuesta actuación de una prensa dócil: “Se portaron muy bien”— y desde ya pronostican un sexenio lleno de machismo y control de la […]
Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Grupo Milenio pasó la podadora y recortó decenas de puestos de trabajo. Hay quienes hablan de despidos de hasta 150 personas. Lorenzo Meyer y José Woldenberg dejaron de publicar esta semana en Reforma, al parecer por razones económicas. Fernanda Familiar dejará de producir su revista impresa después de 15 años. ¿Es hora de chocar nuestras cabezas unos contra otros y sacarnos los sesos?, pregunta el periodista Kent Brockman al Profesor Cocoon en Los Simpson.
Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción. Tampoco debe sorprendernos: buscar la chuleta en un mercado abierto es mucho más complicado que negociar con el funcionario en turno la “bajada” de recursos públicos. Y si el dinero público ya no estará disponible, suena lógico elegir la primera instrucción corporativa: los recortes.
No podemos dar por hecho que el anuncio de una menor inversión pública sea la causa directa de los recortes y políticas de austeridad al interior de los medios de comunicación. Tampoco de su desaparición. Hay muchos factores que impactan el negocio de la industria periodística y de contenidos, desde la emergencia de nuevos competidores (como Buzzfeed: un medio estadounidense haciéndose un hueco entre la audiencia y el mercado publicitario mexicano), la migración de los presupuestos publicitarios hacia Google y Facebook o las tendencias de concentración de medios que motivan férrea disciplina financiera y menores costos de producción. Pero tampoco cabe duda de que el anuncio de AMLO ha alborotado las cosas.
En el río revuelto hay quienes aprovechan para rasurar sus redacciones y otros que se preparan para un escenario de ingresos negativos. Las opciones no son excluyentes. La apuesta sensata a largo plazo es la calidad del contenido. Y parece que entre los actores tradicionales no está contemplada.
Hay motivos para la expectación: si AMLO cumple su palabra y reduce el presupuesto de la publicidad oficial, habrá menos dinero público para repartir. ¿Entonces es hora de chocar nuestras cabezas? Por supuesto que no: es hora de esperar una transformación en el ecosistema de medios pensada exclusivamente en mejorar el servicio y los productos que ofrecemos a los consumidores.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
La maestra Elba Esther Gordillo fue dueña del SNTE, el sindicato federal de maestros de México, de 1989 a 2013. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue aprehendida por los supuestos delitos de desvío de recursos del sindicato, delincuencia organizada y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).
El 7 de agosto de 2018, luego de 5 años, 5 meses y 11 días bajo arresto, fue puesta en libertad. La maestra regresó con todo: primero ofreció un mensaje público de unos 12 minutos para advertir que recuperará su liderazgo político y, dos días después, su abogado anunció que demandará por daño moral al periodista Carlos Loret de Mola.
En el Código Penal Federal no existen los delitos de difamación, calumnia o injurias. Lo que existe como conducta ilícita a nivel federal, relacionada con el ejercicio del periodismo, es el daño moral. El Código Civil Federal define el daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.
Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira.
1. El club de los 10 millones de pesos
Loret de Mola se unirá a una lista cada vez más abultada de periodistas que enfrentan demandas por daño moral. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al analista Sergio Aguayo y exigió en tribunales una indemnización de 10 millones de pesos. A Moreira no le gustó que Aguayo opinerada que su carrera política “olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad”.
El abogado de Emilio Lozoya Austin amenazó con presentar demandas por daño moral contra quienes resulten responsables de la supuesta “campaña mediática” en su contra. La amenaza pareció estar dirigida a los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes han dedicado los recientes dos años a documentar los vínculos de Lozoya, exdirector general de Pemex, con el departamento de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Rodríguez Reyna dirige la multipremiada revista emeequis y Alejandra Xanic es el único mexicano que ha ganado un Pulitzer en periodismo.
Otro caso es el de Carmen Aristegui. El empresario Javier Vargas, propietario de MVS, considera que la periodista dañó su reputación en el prólogo del libro La casa blanca de Peña Nieto: La historia que cimbró un gobierno. En el texto introductorio al reportaje sobre una mansión que Peña Nieto compró a un proveedor de gobierno, Aristegui describió la relación de Vargas con el presidente y hace consideraciones sobre la manera en que ésta pudo influir para evitar la publicación del reportaje.
También paradigmático fue el caso Marta Sahagún vs. Olga Wornat y la revista Proceso, por el libro biográfico La Jefa. En el libro, Wornat abordó detalles de la vida privada de Sahagún que no gustaron a la esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada.
2. Los poderosos y la libertad de expresión
Para el relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las demandas por daño moral o las denuncias por difamación, calumnia o injurias donde se puedan sirven a los poderosos como herramienta para inhibir la libertad de expresión.
El delito de difamación está vigente en Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. El delito de calumnia está vigente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, como documenta Eréndira Aquino en un artículo de Animal Político.
“Muchos funcionarios de gobierno o jerarcas públicos invocan las leyes penales sobre la calumnia, la injuria y la difamación de la misma forma que las leyes de desacato, con la misma intención de silenciar a los periodistas cuyos artículos periodísticos critican asuntos de interés público”, describe la CIDH.
Las demandas y denuncias no son las únicas herramientas utilizadas para callar y censurar periodistas, pero tienen una gran efectividad. Un proceso judicial suele ser engorroso y apuesta al agotamiento de alguna de las partes, sobre todo de la que tenga menos tiempo y dinero. Si un periodista no tiene el apoyo de su medio de comunicación, tendrá que hacer uso de recursos propios o esperar la solidaridad de terceros. Y, para bien o para mal, no todos los periodistas en México tienen la fama de un Loret de Mola o una Carmen Aristegui.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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Al interior de las empresas mediáticas las mujeres ocupan menos puestos ejecutivos y de liderazgo que los hombres y muchas veces obtienen un menor salario por su trabajo, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Cuando las mujeres protagonizan publicaciones de los medios de comunicación lo hacen, en buena cantidad de casos, por tener una condición de víctimas o como si fueran utilería; víctimas de algún delito, relacionado principalmente por su género, o utilería, como personajes que acompañan una publicidad, ilustran un contenido de temática social o porque sus características físicas o estéticas las hacen figurar como estrellas del cine o la televisión.
Al interior de las empresas mediáticas la situación no es muy distinta: las mujeres ocupan menos puestos ejecutivos y de liderazgo que los hombres y muchas veces obtienen un menor salario por su trabajo.
Cuando doy clases o cuando se incorpora un nuevo miembro a mi equipo de trabajo, suelo invitar a jugar el juego de la discriminación racial y por género. El ejercicio es muy sencillo: tomamos alguna revista de sociales (como Club de Grupo Reforma, que se publica los viernes) y buscamos en cuál página aparece la primera persona morena con una participación protagónica de la noticia.
Tengo haciéndolo varios años y los resultados nunca han variado, siempre acercándose a 0 y en las últimas páginas. Para la discriminación por género utilizamos periódicos y secciones especializadas en economía y finanzas y los resultados son similares: son pocas las mujeres protagonistas. Utilizo el ejercicio para visibilizar el problema de la discriminación en los medios y para esforzarnos a encontrar voces y rostros femeninos en la elaboración de contenidos periodísticos.
Páginas de la revista Club del periódico Reforma. La imagen de una pareja en matrimonio al lado de una mujer indígena que vende artesanías sobre la banqueta, en San Miguel de Allende, Guanajuato.
La encuesta sobre discriminación difundida por el INEGI esta semana es un tremendo recordatorio de un gran problema: la desigualdad de oportunidades para las mujeres frente a los hombres. Según los resultados de la encuesta, la mayor discriminación percibida en México es de género: 3 de cada 10 mujeres consideran que se les ha discriminado por el hecho de ser mujer; en el caso de los hombres, la proporción pasa a 5 de cada 100. Puebla, Ciudad de México y Morelos son las entidades que registran los mayores niveles de discriminación hacia las mujeres. Los medios somos parte del problema y de la solución y podemos trabajar en nuestras propias redacciones para modificar las cosas.
1. Hay menos mujeres ejecutivas o en puestos de liderazgo en los medios de comunicación.
En su estudio sobre las condiciones salariales y profesionales de los periodistas en México, las investigadoras Mireya Márquez Ramírez y Sallie Hughes encontraron que en los medios de comunicación trabajan más hombres que mujeres, en una proporción de 7 a 3. De acuerdo con Márquez (Universidad Iberoamericana) y Hugues (Universidad de Miami), los medios digitales son los espacios que presentan una mayor participación de mujeres periodistas.
Quizá sea el inicio de una reconversión de la cultura corporativa en la industria de medios o sólo sea una coincidencia, pero los medios digitales también ofrecen puestos de mayor relevancia a las mujeres que los tradicionales. Están los casos de Carmen Aristegui (Aristegui Noticias), Rita Varela (SinEmbargo.mx), Lorenza Ávila y Deborah Dana (Kiwilimón), Blanca Amezcua (Paréntesis) o Laura Manzo (HuffPost México), frente a las pocas mujeres al frente de tradicionales: Adela Navarro Bello (Semanario Zeta), Andrea Miranda (El Debate), Carmen Lira Saade (La Jornada) y, hasta febrero pasado y en medio de una fuerte disputa con el gobernador Javier Corral, Rocío Gallegos (El Diario de Juárez).
Mireya Márquez Ramírez y Sallie Hughes: Panorama de los perfiles demográficos laborales y profesionales de los periodistas en México, 2016.
2. Los salarios de las mujeres en los medios de comunicación son inferiores a los salarios de los hombres.
En los estudios de género se utilizan dos conceptos para definir los obstáculos de las mujeres para mejorar su situación en ambientes profesionales: el techo de cristal, como una barrera invisible que les impide a acceder a puestos jerárquicos superiores, y el suelo pegajoso, como una condición que las mantiene en puestos de menor responsabilidad y, en consecuencia, con menores ingresos económicos. En la industria de medios la situación también se reproduce.
Aparte de la precariedad del salario de los egresados de comunicación y periodismo que ejercen en el sector en México (11,952 pesos mensuales en promedio, de acuerdo con la herramienta Compara Carreras del IMCO), las mujeres deben enfrentar una brecha salarial. En Argentina, por ejemplo, la desigualdad salarial se registra incluso entre los que están más arriba en el tabulador: 23.4% de las mujeres percibe un ingreso superior a los 6,000 dólares frente a 31.8% de los hombres (utilizo el caso argentino, pues para México no existen datos recientes, pero puedo afirmar que la situación no ofrece muchas diferencias). El problema también se reproduce en Inglaterra: el año pasado, el sindicato del Financial Times exigió a la compañía reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que calculó en 13% y calificó como “el mayor déficit en una década”.
Las mujeres no son víctimas, subordinadas ni utilería. Son verdaderas protagonistas y así deberían vivir y presentarse en los medios. Podemos ayudar a cambiar las cosas.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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Pedro Kumamoto, miembro del movimiento Wikipolítica y quien se volvió referencia nacional al impulsar una ley para regular el financiamiento público a los partidos políticos, promueve una nueva regulación de la publicidad oficial y la inversión pública en los medios de Jalisco. Bautizó la iniciativa como #MiDineroNoEsChayote. Así quiere dejar claro el objetivo: que el presupuesto público no sirva para controlar a los medios ni influir en el trabajo de los periodistas, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Con la palabra chayote se conoce en México al soborno que se hace a medios y periodistas para proteger el “buen comportamiento de la fuente de información”, como describe el periodista Raymundo Riva Palacio en su Manual para un nuevo periodismo: Desafíos del oficio en la era digital (Grijalbo, 2013).
Entre las múltiples formas del chayote, además del dinero contante y sonante, se encuentran los viajes todo pagado dentro y fuera del país para realizar coberturas, aparatos electrónicos, libros, libretas, juguetes y, sobre todo en Navidad, botellas y canastas con productos caros.
“Los empresarios de la prensa —continúa Riva Palacio— suelen solapar esta práctica porque les significa una compensación de los bajos salarios que pagan, mientras que las instituciones acostumbran a darlo de forma mecánica a manera, sostienen, de gratificación”. Y es cierto: ante la precariedad laboral, muchos ejecutivos consideran que el chayote y los regalos en especie son una herramienta para “motivar” a sus trabajadores. Esta dinámica fomenta una relación de subordinación entre medios de comunicación y las fuentes informativas con poder para pagar lo que un medio no quiere o no puede pagar.
Aquí entra en escena Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente de Jalisco y quien fracasó el 1 de julio en su intento por convertirse en senador. Kuma ha vuelto al Congreso con la intención de terminar con el chayote —cuando menos el que sale del presupuesto público— y mejorar las condiciones de los profesionales de los medios de comunicación.
Kumamoto, miembro del movimiento Wikipolítica y quien se volvió referencia nacional al impulsar una ley para regular el financiamiento público a los partidos políticos, promueve una nueva regulación de la publicidad oficial y la inversión pública en los medios de Jalisco. Bautizó la iniciativa como #MiDineroNoEsChayote. Así quiere dejar claro el objetivo: que el presupuesto público no sirva para controlar a los medios ni influir en el trabajo de los periodistas.
La iniciativa de Kumamoto se propone:
1. Que los presupuestos para publicidad y promoción de programas y entidades públicas se asignen a medios acreditados en un padrón estatal y que cuenten con un código de ética y un defensor de la audiencia.
2. Que los medios que reciban presupuesto público para publicidad oficial destinen 20% de los recursos en capacitación, actualización y profesionalización de sus periodistas, “así como en salarios y prestaciones”.
Según un estudio de las académicas Mireya Márquez Ramírez y Sallie Hughes sobre la precariedad de los profesionales del periodismo, 3 de cada 10 tienen por lo menos dos fuentes de ingresos y sólo 13.9% gana más de 15,000 pesos por su trabajo periodístico. Según estas académicas de la Ibero y la Universidad de Miami, esto “implica que para muchos de los encuestados el periodismo no garantiza un ingreso digno”. Nada justifica la corrupción del chayo, pero las condiciones laborales crean vulnerabilidad. También debilitan la capacidad de los periodistas de hacer un mejor trabajo, comprometido con el servicio público que se aspira de ellos.
El gobierno y los municipios de Jalisco estarán obligados a verificar que se cumplan las condiciones mínimas de bienestar laboral de los periodistas, me dijo Kumamoto el miércoles, en una entrevista telefónica para charlar sobre #MiDineroNoEsChayote. De aprobarse su propuesta, dijo, se “mandaría un gran mensaje a nivel nacional”.
La iniciativa de Kumamoto recoge planteamientos de asociaciones y colectivos en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, como la Amedi y las ONG Fundar y Artículo 19. Pero no la tendrá fácil en el Congreso de Jalisco: existen otras cuatro iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y una de los diputados Enrique Aubry de Castro, Omar Hernández Hernández y Érika Lizbeth Ramírez. El diputado independiente Kumamoto deberá consensuar con sus compañeros legisladores para lograr acuerdos e impulsar la aprobación de —si no toda la iniciativa— los puntos que él y su equipo consideran indispensables.
Kumamoto está a contra reloj. Su mandato como diputado termina el 31 de octubre. Son poco más de dos meses de trabajo. Tiene esperanza: “Con voluntad política podríamos sacar esta iniciativa y las demás, pero habrá que ver qué opinan” los otros legisladores. La esperanza ha sido un elemento clave en la carrera política de Kumamoto. ¿Bastará la esperanza para controlar el chayote y reducir la censura de los medios?
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El legado de Carlos Marín al frente de Milenio debe calificarse con el trabajo firmado por el propio Marín, con sus filias y sus fobias, y también con el trabajo de un director que dejó que cientos de periodistas ejercieran con la mayor libertad posible en un ecosistema de medios que, como México, también debe cambiar, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Carlos Marín dirigió un proyecto periodístico de una diversidad apabullante: las páginas de Milenio Diario han acogido reportajes imprescindibles sobre medio ambiente y la defensa de los pueblos de su territorio, como los que publica cotidianamente el periodista Agustín del Castillo en la edición Jalisco; los artículos de crítica política o de divulgación de la ciencia que durante años desarrolló Luis González de Alba, o trabajos pioneros y ejemplares en el uso de las herramientas de transparencia gubernamental disponibles en México, como el toallagate de 2001 que exhibió las toallas de 4,025 pesos compradas para satisfacción del presidente Vicente Fox Quesada. Ese reportaje le valió el Anabel Hernández el Premio Nacional de Periodismo.
La fotógrafa Mónica González Islas (2011) y los humoristas José Antonio Baz “Jabaz” (2005) y Rafael Pineda “Rapé” (2016) son otros profesionales de Milenio que han ganado ese galardón, por citar el más prestigioso de México y que en 2014 premió la investigación La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El reconocimiento más reciente lo hizo Ricardo Raphael en Periodismo urgente (2017), una recopilación para el Inai de trabajos basados en solicitudes de acceso a la información: de los 12 seleccionados, dos son de Víctor Hugo Michel para Milenio Diario, de 2011 y 2012.
Esta lista realizada a bote pronto —y muchísimos otros reportajes, fotografías, cartones, artículos y entrevistas que no alcanzo a citar— formará parte del legado de Carlos Marín como director de Milenio, puesto que dejó el 31 de julio a los 70 años de edad y que fue informado como el primer paso de una “obligada reconversión digital” de Grupo Milenio. Cada historia publicada tiene sus particularidades y repercusiones, no sólo por el servicio público que significa el periodismo, sino también para el negocio de la compañía. Cada historia construye el prestigio editorial de un colectivo de profesionales.
Lo que quiero aquí es separar el trabajo individual de Carlos Marín, el que lleva su propia firma, del de los cientos de profesionales a quienes permitió ejercer el periodismo y publicarlo en un medio del ecosistema mexicano, tan dado a priorizar el mensaje que conviene a los poderosos. Seguramente Carlos Marín se equivocó infinidad de veces al tomar decisiones, al contratar o despedir personal, al avalar un reportaje o evitar su publicación, al elegir sus batallas, pero también abrió espacio para que otros desempeñaran un periodismo de calidad, crítico y combativo.
Milenio es mucho más que Carlos Marín gracias a Carlos Marín y a decenas de periodistas y ejecutivos de medios que han pasado por la nómina de la compañía. Sólo quienes han dirigido medios con alcance e incidencia real en México saben lo que es estar en la esa línea de fuego, la de las amenazas, coerciones y presiones, la de las permanentes dudas de los propietarios de medios para evitarse problemas y a quienes hay que convencer de publicar, criticar y denunciar incluso si se pone en riesgo el negocio. Ejercer el periodismo en México también es peligroso para quienes visten de traje la mayor parte del día. Cada uno enfrenta las adversidades con las herramientas y el temperamento que tiene al alcance. En el camino hay discrepancias y puntos de vista divergentes, los enemigos surgen en momentos inesperados y las amistades se pierden con facilidad. Los directores de medios se enfrentan a la deslealtad, la soberbia y la ingratitud con demasiada frecuencia. No es un trabajo sencillo y muchas veces hay que comer mierda.
Grupo Milenio emprenderá su “obligada reconversión digital” en un país que también está por cambiar. Será una nueva etapa corporativa y periodística en un contexto de cambio de élites de poder y de las relaciones entre gobierno y medios. Habrá una reconfiguración de dinámicas políticas, de usos y costumbres. Influirá el anuncio del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de reducir 50% el presupuesto para publicidad oficial, pero sobre todo será consecuencia de una ciudadanía con mejores herramientas y posibilidades de incidir en la vida pública y en el diseño democrático, con actores de la sociedad civil más sofisticados y profesionales, mayor transparencia y un entorno de negocios convergente, competitivo y que premia cada vez más la calidad y la honestidad.
El legado de Carlos Marín al frente de Milenio debe calificarse con el trabajo firmado por el propio Marín, con sus filias y sus fobias, y también con el trabajo de un director que dejó que cientos de periodistas ejercieran con la mayor libertad posible en un ecosistema de medios que, como México, también debe cambiar.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto https://economicon.mx
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La reducción de 50% del presupuesto del Gobierno Federal para la compra de publicidad oficial, como ha prometido Andrés Manuel López Obrador, podría resolver sólo una parte del problema sobre la calidad de la información que producen y difunden los medios de comunicación. La otra parte, de mucha mayor complejidad, la representan la concentración de la propiedad de los medios —que pocas compañías sean dueñas de la mayoría de los medios, lo que en futbol se conoce como multipropiedad, o que concentren la mayor cantidad de audiencia— y la diversidad de negocios de las corporaciones que hacen que el contenido no sea su principal fuente de beneficios económicos, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
La reducción de 50% del presupuesto del Gobierno Federal para la compra de publicidad oficial, como ha prometido Andrés Manuel López Obrador, podría resolver sólo una parte del problema sobre la calidad de la información que producen y difunden los medios de comunicación. La otra parte, de mucha mayor complejidad, la representan la concentración de la propiedad de los medios —que pocas compañías sean dueñas de la mayoría de los medios, lo que en futbol se conoce como multipropiedad, o que concentren la mayor cantidad de audiencia— y la diversidad de negocios de las corporaciones que hacen que el contenido no sea su principal fuente de beneficios económicos.
Los ciudadanos confían en que el gobierno que encabezará AMLO a partir del 1 de diciembre de 2018 atenderá de manera prioritaria la mejora de los salarios, el combate a la corrupción y la inseguridad en México. La satisfacción de esas expectativas debe ser vigilada por los medios de comunicación, como auditores del cumplimiento de las promesas electorales y con la denuncia constante de posibles desviaciones cuando estén involucrados bienes y recursos de todos los ciudadanos. Y eso sólo es posible cuando se cuenta con medios libres e independientes.
La publicidad oficial como forma de censura y control, la concentración de la propiedad de los medios y la diversidad de negocios de las corporaciones dueñas de los medios forman una triada peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La publicidad oficial es la parte más visible, pero no es la de mayor incidencia para la difusión de información que dé servicio a la ciudadanía y ayude a la toma de decisiones políticas, económicas y recreativas.
1. La publicidad oficial puede ser una forma de censura y control cuando se vuelve una fuente indispensable en las finanzas de los medios de comunicación.
La venta de espacios de publicidad al gobierno representa en muchos casos más de la mitad de los ingresos de los medios de comunicación, como se documentó en Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México, un estudio de WAN-IFRA y CIMA publicado por Proceso en 2014. Existen medios que incluso basan su modelo de negocio sólo en esa vía de financiamiento. La publicidad oficial ha funcionado como forma de censura y control de los medios, con la clara intención de difundir la información que conviene a quien paga la nómina y los demás costos, en detrimento de la calidad y el servicio para los ciudadanos.
Es archiconocida la frase del expresidente José López Portillo que dice “No pago para que me peguen”, como el culmen de la expectativa del poderoso al invertir en un medio de comunicación. La expresión hace referencia a la dispersión del presupuesto público hacia los medios, que aún es una fuente de ingresos imprescindible para las finanzas de muchas compañías.
La organización civil Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, define la publicidad oficial como la compra de espacios “en los distintos medios de comunicación por los órganos de gobierno para difundir información de interés público”. Según su informe Democracia simulada. Nada que aplaudir, entre enero de 2013 y diciembre de 2017 el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto destinó 40,600 millones de pesos a la compra de publicidad oficial. La mitad de ese dinero se destinó únicamente a 20 compañías de medios.
2. La concentración de la propiedad de los medios afecta la pluralidad de los contenidos, unifica ideologías y formas de pensamiento y margina a los grupos minoritarios y sin poder.
Veamos un caso concreto. En la radio de la Ciudad de México, seis grupos radiofónicos cuentan con 35 frecuencias que tienen un alcance promedio acumulado de 60% de la audiencia. Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre Gómez es el más poderoso, con 11 frecuencias y un alcance promedio de 16 de cada 100 escuchas (en realidad tiene 12, pero una la tiene “rentada” a Grupo Siete). El dueño de Grupo Radio Centro, además, está por lanzar su propio servicio de televisión abierta en la Ciudad de México, con el que podrá transmitir en cuatro canales simultáneos, lo que representa la posibilidad de incrementar su audiencia y aumentar su poder político.
“Si bien los medios son actores con gran capacidad para proponer, discutir y fijar asuntos, también tienen el poder para ocultar e inhibir temas de la agenda en el espacio público”, escribió el profesor de la Ibero Manuel Alejandro Guerrero en Medios de comunicacion y la función de transparencia, publicado en 2008 por el Ifai (hoy Inai). Grupo Radio Centro podría, por ejemplo, masificar un mensaje a través de todos sus medios para celebrar o atacar a un determinado actor o grupo político e incidir en la manera en que la audiencia percibe su imagen. O al revés: podría evitar la difusión de una noticia que pusiera en riesgo la reputación de sus socios comerciales o que afectara sus intereses económicos, en detrimento del derecho a la información de la audiencia.
Non vidi, ergo non esto (“Para el hombre que puede ver, lo que no ve no existe”) fue la expresión que utilizó Giovanni Sartori en su clásico Homo Videns: ¿si Radio Centro no habla de la desigualdad en México, la desigualdad en México existe?
