Esta es la newsletter de Economicón sobre privacidad y sociedad de la información. La escribo yo, José Soto Galindo, y la publico los martes. Si no estás suscrito y quieres hacerlo, da clic aquí.

En este Economicón 30º encontrarás:

  • La Suprema Corte anda desatada:
    • Secreto bancario
    • Fiscalía vs. Inai
  • El informe de DNV confirma todo lo que se había advertido de la Línea 12
  • Otras noticias de la semana

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La Suprema Corte anda desatada

Los compañeritos de la Suprema Corte andan filosos en temas de privacidad, datos personales y transparencia, en algunos casos reinterpretando y prácticamente reescribiendo la Constitución de México. Acá van mis comentarios sobre un par de sentencias recientes.

1. Secreto bancario

Apertura de la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 11 de mayo de 2022. Foto: SCJN
Apertura de la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 11 de mayo de 2022. Foto: SCJN

En la Corte se está configurando una nueva visión jurisprudencial sobre el secreto bancario. Esta visión muestra dos ejes:

  1. Que la autoridad fiscal puede solicitar que se rompa el secreto bancario de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.
  2. Que el Ministerio Público puede utilizar esa información en sus propias diligencias cuando le sea proporcionada por la autoridad fiscal, para lo cual no necesita autorización judicial previa.

Esta visión comenzó a forjarse en febrero, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió una contradicción de criterio (link a PDF) que desechó la tesis entonces vigente que obligaba al Ministerio Público a corroborar con sus propios medios y facultades la validez de la información proporcionada por la autoridad fiscal.

¿Me puse muy técnico? Acá va en cristiano:

  1. Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden revisar nuestros estados de cuenta en el banco sin la autorización de un juez ante la sospecha de defraudación fiscal.
  2. Esto no viola la Constitución ni vulnera nuestro derecho a la privacidad, dice la Corte. La privacidad no es un derecho absoluto, sino que puede limitarse cuando se busca un bien mayor.
  3. Si Hacienda o el SAT encuentran algo con apariencia de delito pueden entregar nuestros estados de cuenta como pruebas para que la Policía investigadora inicie un proceso judicial.
  4. La Policía investigadora no tiene obligación de certificar con sus propios medios la validez de la información que le dio Hacienda o el SAT, pues se infiere que es verídica y que fue obtenida de manera lícita.

Suena muy espantoso pero hay que tratarlo con cuidado:

  • La sacralización del secreto bancario ha impedido la investigación policial relacionada con el ​​lavado de dinero y la delincuencia organizada en una economía aceitada por el dinero de las drogas, los negocios ilícitos y la corrupción.
  • Bajo el secreto bancario se ocultan grandes operaciones de actividades del crimen organizado o producto de la corrupción. (Sobre esto escribí en este artículo de 2018).
  • También tienen razón abogados y fiscalistas preocupados de que esta herramienta de fiscalización sea utilizada para el “terrorismo fiscal” y como un mecanismo de presión para obligar por la vía penal el pago de impuestos.
  • Sí, eso puede ocurrir en un país caracterizado por el abuso de las autoridades y la impunidad.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte, en la sesión del 11 de mayo de 2022. Foto: SCJN
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte, en la sesión del 11 de mayo de 2022. Foto: SCJN

Para el anecdotario. La ministra Margarita Ríos Farjat es presidenta de la Primera Sala. Antes de llegar a la Corte, fue jefa de la oficina de recaudación de impuestos (SAT) en el primer tramo del gobierno de López Obrador. Ríos Farjat propuso la sentencia sobre secreto bancario aprobada el 11 de mayo pasado.

2. Fiscalía vs. Inai

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte, en la sesión del pleno del 12 de mayo de 2022. Foto: SCJN
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte, en la sesión del pleno del 12 de mayo de 2022. Foto: SCJN

Donde se volaron la barda los ministros fue al resolver la controversia constitucional de la Fiscalía contra el Inai, por la exigencia del instituto de transparencia para que la Fiscalía revelara nombres y cargos de investigadores y policías ministeriales.

El fallo asumido por el Pleno de la Corte abre la posibilidad de que las resoluciones de transparencia del Inai —inatacables hasta ese 12 de mayo— puedan ser revertidas cuando se disfrazan de controversia constitucional.

¿Qué implicaciones tiene? Que las entidades con capacidad de presentar controversias podrán echar abajo las resoluciones que no les convengan… o por lo menos retrasar su cumplimiento.

¿Y de quiénes hablamos? De pura ficha: la Fiscalía, el regulador de telecomunicaciones (IFT), el órgano electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones de los estados, los legisladores federales o locales y los partidos políticos.

  • La Presidencia de la República también puede atacar judicialmente las decisiones del Inai, a través de la Consejería Jurídica, pero sólo cuando se trate de resoluciones de transparencia que “puedan poner en peligro la seguridad nacional”.
  • Y esto se verificó ayer 16 de mayo con el triunfo de Presidencia en la Corte para reservar información sobre la compra de vacunas contra la Covid-19

Si te gusta el punk, recordarás aquellos bonitos versos de Kortatu: “La asamblea de majaras ha decidido: mañana sol y buen tiempo”.


El informe de DNV confirma todo lo que se había advertido de la Línea 12

Icela Lagunas, periodista y autora del libro Línea 12: crónica de una tragedia anunciada (Planeta 2022).

No necesitábamos el informe de una compañía del extranjero para confirmar que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México nació podrida.

Bastaba leer la prensa local y las conclusiones de las múltiples polémicas sobre la Línea 12 para saber que el accidente del 3 de mayo de 2021 se debió a:

  • Que la obra civil fue diseñada para un tren distinto al que finalmente fue puesto en operación.
  • Que el paso de ese tren destruía ruedas y rieles y alteraba los soportes de la infraestructura, sobre todo en las curvas del trazado.
  • Que las condiciones del terreno por donde pasa la Línea 12 obligan a un mantenimiento detallado y constante.

Todas esas respuestas están reunidas en el libroLínea 12. Crónica de una tragedia anunciada de la periodista Icela Lagunas, quien las ha documentado desde 2013.

Los políticos les prestaron poca atención y como ciudadanía fallamos en la contraloría social. Ahora debemos castigar a esos políticos con nuestro voto en los siguientes procesos electorales.

  • Acá mi entrevista con Icela Lagunas en YouTube.
  • No se la pierdan: Icela sabe más del Metro que todos los ingenieros de DNV juntos y, lo más importante, ha humanizado la tragedia entrevistando a las víctimas, esas que nadie recuerda.

Otras noticias

México

  • Impuesto para apps de reparto quedó a la deriva en la Ciudad de México. “La nueva contribución, propuesta por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso capitalino, se esperaba aplicar desde el 1 de enero al ser incluida en el Código Fiscal 2022 de la ciudad; sin embargo, la oposición de empresas e incluso repartidores han dejado este impuesto en el limbo”, informa la reportera Shells Navarrete en este corte de caja de un “impuesto fallido”. (Expansión)
    En Economicón:
  • Espectáculo con recursos públicos. El canal de televisión A&E estrenará el 18 de mayo la tercera temporada de Cam Alert: Captura Exitosa, un show conducido por Paco Zea que muestra persecuciones e investigaciones policiales que hacen uso de las tecnologías de vigilancia urbana. El show convierte en espectáculo los recursos públicos, otra forma de corrupción. En esta temporada se explotan comercialmente los sistemas de videovigilancia del Estado de México, Hidalgo, Sonora, Jalisco (Tlajomulco) y Guanajuato. (Weekend)
    En Economicón:

Costa Rica

  • El Gobierno de Costa Rica decretó emergencia nacional como respuesta a un ataque cibernético que obligó a paralizar las actividades del gobierno y afectó particularmente las operaciones de los ministerios de finanzas, telecomunicaciones, meteorología, ciencia y tecnología. Un grupo de hackers, conocido como UNC1756 (una clave para marcar a grupos todavía no identificados), utilizó una plataforma de ciberataques con sede en Rusia para infiltrar las redes informáticas de Costa Rica y robar 672 gigabytes de información. Los atacantes han pedido un rescate de 10 millones de dólares. (Expansión)

España

  • Los gobiernos usan Pegasus por su apetito de espiar. “Hacemos investigaciones imparciales basadas en evidencias para el interés público”, afirma en esta entrevista Ronald Deibert, director del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, sobre este centro de tecnología forense que ha denunciado el espionaje con Pegasus a políticos, líderes sociales, activistas y periodistas en decenas de países. (El País). Sobre la entrevista con Deibert, valen la pena estas sospechas expuestas por la periodista Marta Peirano en Twitter en el contexto del espionaje a los líderes independentistas catalanes.
    En Economicón:

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