El presidente Andrés Manuel López Obrador no violó la privacidad ni el secreto fiscal del periodista Carlos Loret de Mola. Cometió otras barbaridades, igual o más graves que la divulgación de datos personales y fiscales, en un momento pésimo para el ejercicio del periodismo en México (van 6 periodistas asesinados en lo que va de 2022 y 31 en lo que va del sexenio) y en un clima social y político enrarecido y polarizado, en buena medida, por el propio López Obrador desde el máximo tribunal (que no tribuna) de los tiempos políticos que corren.

Hay tres pistas clave en el escándalo por la supuesta violación de la privacidad de Loret:

1. Primera: al momento de presentar la información con los supuestos ingresos del periodista para 2021, López Obrador dijo que se la había entregado una persona al parecer ajena a la administración pública (“Yo tengo como 50 millones (de personas) que me informan”, dijo).

2. Segunda: como el origen de la información no sería una fuente pública (lo que explicaría sus errores, imprecisiones o completa falsedad), López Obrador solicitó la ayuda de la oficina de recaudación de impuestos (el SAT, que dirige Raquel Buenrostro Sánchez) para verificar su veracidad. 

3. La tercera pista la dio Loret: esos datos son falsos. El periodista aseguró que no recibe ingresos de Grupo Televisa desde 2019, cuando dejó de trabajar para esa empresa. 

Así que tenemos un berenjenal (lo tiene el Inai, pero de esto hablaré al final del artículo):

1. Si la información presentada no es verdadera, como admitió Loret y como sugirió el presidente al pedir su verificación, ¿nos encontramos ante datos personales? Si no son datos personales, sino información apócrifa construida y avalada por el presidente con fines siniestros (como la calumnia, la difamación y la destrucción del adversario, poniéndolo en riesgo en el país más violento para ejercer el periodismo), mucho menos puede decirse que son datos personales sensibles de carácter fiscal.

2. López Obrador no tiene facultades para pedirle al SAT que verifique si la información que publicó es falsa o verdadera. AMLO podrá pedir al SAT que verifique, lo que demostrará su infinita ignorancia de las leyes, y será responsabilidad del SAT decirle que no se puede cumplir con su palabra a menos de que se esté en algún supuesto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y si se tratara de un supuesto previsto por el artículo 69, tampoco podría divulgarse ni entregarse al presidente por tratarse de información necesaria en una investigación fiscal o en proceso judicial, que no ha causado estado y cuya difusión puede poner en riesgo las diligencias.

Lo que tenemos es que el presidente presentó datos sin verificación ni certeza de su origen, violando el principio de legalidad propio de su investidura. 

Si el origen fuera el SAT (o la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Pablo Gómez Álvarez y que tiene acceso a los datos fiscales de los contribuyentes) podríamos suponer que la información presentada por López Obrador mostraría los datos verdaderos sobre los ingresos del periodista. En el fondo, la intención del presidente no cambia: si son datos reales, joder y violar la ley de protección de datos; si son datos apócrifos, joder, calumniar y difamar; en ambos casos, con la intención de destruir al adversario poniéndolo en riesgo.

Un paréntesis: no quiero decir que toda la información personal en posesión de autoridades o privados sea siempre precisa, pues de otra manera no tendría razón de ser el “derecho de rectificación”, como parte de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y que son la base jurídica del derecho a la protección de datos personales. Sólo quiero insistir en que la fuente no fue el SAT, sino la cabeza loca de alguien con fines tan siniestros como los del presidente. Y si el origen fue el SAT, lo hemos perdido todo, porque hasta los contadores y los actuarios del SAT estarían actuando sin ningún sentido de la realidad. 

El Inai, la oficina de protección de datos personales, tiene una papa caliente. El Inai lo sabe y por eso fue tan tibio en sus comentarios sobre el caso publicados el viernes: aunque puede actuar por oficio e investigar al presidente por la supuesta divulgación de datos personales, el Inai quiso ganar tiempo afirmando en un comunicado de prensa que está a la espera de que Loret denuncie al presidente con “las pruebas que estime pertinentes”.

Tanto si toma el caso como si no, el Inai ya tiene asegurada la rechifla: no podrá comprobar que López Obrador divulgó datos personales provenientes del SAT ni de la UIF y le será muy difícil comprobar que lo que presentó fueron datos personales. Puede parecer un tecnicismo, pero la justicia debe ser tan técnica como sea posible. Es cierto: lo que presentó López Obrador parecen ser datos personales y lo hizo por esa posibilidad inherente, pero demostrarlo le requerirá al Inai, como autoridad administrativa, una fuerte argumentación filosófica que supere la falta de comprobación técnica.

Se podrá discutir, en todo caso, que AMLO actuó en contravención a los principios de licitud y lealtad, violando la expectativa razonable de privacidad.

Sin quererlo, el Inai jugará el papel de Virgilio Andrade o de Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública, exonerando el primero a Peña Nieto y su Casa Blanca y la segunda, a Bartlett y su imperio inmobiliario. El Inai no podrá comprobar el origen ni la veracidad de los datos y tendrá que determinar que no hubo violación a la ley.

Lo innegable es que López Obrador cometió un ataque gravísimo contra un periodista en el país con la mayor violencia letal para el ejercicio del periodismo.

Este artículo se publicó en El Economista el 13 de febrero de 2022.

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