Ilustración original de Nayelly Tenorio.

ACTUALIZACIÓN: 31/031/2022 11:50 HORAS: Esta versión corrige el tiempo verbal sobre la presentación de la apelación de Facebook (Meta Platforms Inc.) ante las autoridades argentinas contra la resolución en la CNDC. En el original escribí que Facebook apelará la sanción, pero un portavoz de la compañía me afirmó que la sanción ya fue apelada.

La sanción en Argentina contra Facebook por las modificaciones a la política de privacidad de WhatsApp y a sus términos y condiciones ofrece pistas en español y bajo un contexto latinoamericano sobre la manera de vigilar y sancionar a una compañía de la economía digital con las herramientas jurídicas disponibles y sin recurrir a las experiencias estadounidense y europea, con sus respectivos contextos y barreras idiomáticas. 

1. Cláusulas abusivas

Primero, los hechos. La oficina de protección al consumidor de Argentina multó a Facebook por imponer “cláusulas abusivas” a los usuarios de WhatsApp y restringir sus derechos como consumidores. WhatsApp es una subsidiaria de Facebook (hoy Meta Platforms Inc.) que ofrece servicios de mensajería instantánea a escala global.

Con las modificaciones a sus condiciones de servicio y a su política de privacidad de enero de 2021, WhatsApp limitó su responsabilidad de daños, incumplió con el deber de brindar información cierta, clara y detallada a sus usuarios, y recabó datos personales sin determinar su objeto (finalidad) ni su alcance, resolvió la oficina. 

2. Términos y condiciones

Hay que tener en cuenta que se trata de un caso sancionado desde el régimen de protección de los consumidores y no desde la protección de datos personales, aunque también implique asuntos relacionados con la privacidad.

“Los consumidores contratan directamente sin posibilidad de negociar” y aceptan “formularios reproducidos en serie, con cláusulas redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio”, se lee en la resolución de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo (DNDC), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. La oficina actuó con el principio de “otorgar una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales”.

3. Denuncia ciudadana

La investigación de la oficina del consumidor se produjo por la denuncia de Johanna C. Faliero, una abogada experta en derecho informático y privacidad, inconforme con los cambios de WhatsApp en 2021. La resolución, entre otras cosas, impone barrera para el “uso desmesurado de nuestros datos personales”, me dijo Faliero entrevistada sobre el tema. “Aquí en definitiva lo que se está cambiando es el hecho de hacer las cosas mal, es decir autorizar irrestrictamente a los dueños de las aplicaciones de que hagan cualquier cosa del modo que se les ocurre, absolutamente antojadizo y en contraposición de las regulaciones que nosotros tenemos”, dijo.

Facebook no se presentó ante la autoridad durante la tramitación de la denuncia, a pesar de que fue llamada a presentar su posición sobre el tema (“descargo y pruebas”).

4. Un rasguño para una bestia

La resolución incluye una sanción económica contra Facebook de 5 millones de pesos argentinos (el equivalente a casi 50,000 dólares o casi un millón de pesos mexicanos). Esos 5 millones de pesos argentinos son una cantidad insignificante para las finanzas del gigante de las redes sociales, que sólo para agasajar e influir en legisladores y políticos en Washington gastó 20 millones de dólares en 2021 o el equivalente a 2,100 millones de pesos argentinos.

Para Faliero, autora de los libros El derecho al anonimato (2019) y La protección de datos personales (2021), el monto de la sanción puede ser ridículo, pero su valor radica en la posibilidad de hacer daño en la reputación de Facebook y WhatsApp y provocar renuencia entre los consumidores a utilizar sus servicios. 

5. Se habla español

La sanción de la oficina de los consumidores de Argentina —que fue apelada por Facebook, como me confirmó un portavoz de Meta— se trata de un ejercicio de vigilancia y sanción en idioma español, que puede ser replicado por las autoridades de otros países latinoamericanos, que comparten una visión común sobre los derechos humanos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que tienen tradiciones aproximadas sobre la defensa de los consumidores.

Insisto en el tema de la lengua porque los ejercicios regulatorios en América Latina son bastante escasos cuando se trata de compañías y servicios de la economía digital, dominada principalmente por entidades estadounidenses como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Apple y con el idioma inglés como herramienta de entendimiento prioritaria.El ejemplo argentino debe incentivar a otras autoridades nacionales a romper la idea fija de que las empresas con sede fuera de sus jurisdicciones están exentas del cumplimiento jurídico donde ofrecen sus servicios. ¿Se imaginan a la Profeco defendiéndonos así?

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