La Secretaría de la Función Pública notificó al Inai, la oficina de protección de datos personales de México, que fue víctima de un ataque cibernético, cuyos responsables estuvieron en condiciones de hacer una copia de datos personales confidenciales de funcionarios públicos. Este incidente de seguridad incumplió la ley y Función Pública debe sancionar a los responsables.

La Secretaría de la Función Pública falló en proteger datos personales de servidores públicos y su Órgano Interno de Control deberá proceder conforme a la ley para resarcir y, en su caso, sancionar a los responsables, de acuerdo con dos resoluciones aprobadas por unanimidad por el Inai.

Si compramos el eufemismo de Función Pública y aceptamos que se trató de una exposición de datos deliberada (un acceso alternativo), el responsable de su diseño, producción y puesta en práctica fue el hoy subsecretario Gutiérrez Reyes.

La Función Pública negó el acceso a la información sobre el incidente de seguridad que expuso datos confidenciales de la declaración patrimonial de 830,000 funcionarios públicos federales, con el argumento de que son parte de un proceso de verificación del Inai.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, evita las conclusiones simplistas sobre la fuga de datos personales en Función Pública y pide esperar a los resultados de la investigación. Pero sí tiene algo muy claro: la austeridad republicana ha desalentado la inversión en tecnología en el sector público.