Unife —según la misma resolución del IFT— es un canal de programación informativa y de esparcimiento, que incluso podría convertirse en un competidor directo de los contenidos transmitidos por El Heraldo TV.
AT&T pagará casi 4 millones de pesos por entregar de manera extemporánea información de las comunicaciones privadas de sus clientes. La sanción impuesta por el IFT es 99% menor a la prevista por la ley.
El regulador de las telecomunicaciones sancionó a AT&T por incumplir con los mecanismos de intervención de comunicaciones privadas, como lo exige el artículo 190 de la LFTR. El asunto puede representar una multa de entre 1.1% y hasta 4% de los ingresos de AT&T.
¿Dónde quedaron los abogados pro bono y las organizaciones civiles que a mediados de año regalaban amparos contra el registro de datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares?
El Inai tuvo la oportunidad de refutar esa ley en la Suprema Corte e intentar la defensa de la privacidad de los ciudadanos ante el riesgo de una vigilancia masiva, indiscriminada y desproporcionada del gobierno. El Inai no lo hizo. La ley entró en vigor, con todo y el capítulo que permite la intervención de comunicaciones privadas.
Gobiernos y proveedores de servicios quieren un pedazo del pastel de nuestros datos personales. Así funciona el llamado capitalismo de la vigilancia o colonialismo de datos: edulcorando la vigilancia y el control como únicas vías para ejercer derechos o recibir servicios.
1. La red de espionaje creada durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), cuando Héctor Serrano fue secretario de Gobierno, tenía como insumos datos de las comunicaciones privadas de los usuarios de teléfonos celulares. Esa información es administrada por las compañías telefónicas y se supone de acceso exclusivo de instancias de seguridad y procuración de justicia. La red espió a […]
Todo indica que la política pública digital de México se encamina al despeñadero. La ausencia de una planeación estratégica, los recortes presupuestales, el desmantelamiento institucional y la renuncia de funcionarios sectoriales corroboran los más funestos presagios y vislumbran no sólo dos años desperdiciados, sino quizá todo el sexenio extraviado en digitalización. Diagnóstico certero La llamada […]
Usted ve anuncios del gobierno o spots
de los partidos en la televisión o los escucha en la radio porque existen los
tiempos oficiales. El Presidente López Obrador cree que son “propaganda” y se
los quiere “devolver” a los concesionarios de los medios electrónicos porque
sus negocios atraviezan por un mal momento. Pero usted tiene derecho a recibir
información de interés público en la radio y la TV.
Los tiempos oficiales están conformados por los tiempos del Estado y el tiempo fiscal. Los tiempos del Estado son 30 minutos gratuitos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social y están previstos en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El tiempo fiscal es un impuesto en
especie que se remonta a 1969 y que actualmente son 18 minutos en TV y 35 en
radio. En el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Social se
distribuye el tiempo fiscal en 40% para el Ejecutivo Federal, 30% para el Poder
Legislativo, 10% para el Poder Judicial y 20% para los entes autónomos. Según
un tuit del Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de
la República, el Ejecutivo Federal sólo se desprendería de su 40% de tiempo
fiscal. Eso quiere decir que el Ejecutivo perdería sus 7.2 minutos en TV y 14
en radio diarios.
América Móvil anunció inversiones por más de 7, 150 millones de dólares en Brasil los próximos tres años (más de 138,000 millones de pesos), para capacidad de infraestructura y nuevos servicios. El anuncio fue en presencia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Brasil es un mercado convergente y AMX alcanzó 58.9 millones de suscriptores a septiembre de 2019. Previamente, la empresa mexicana adquirió las operaciones de Nextel Brasil, Telefónica Guatemala y Telefónica El Salvador (esta última bajo revisión regulatoria) por 1,553 millones de dólares. Es decir, ya había dado señales de que destinaría sus inversiones a otros territorios distintos a México.