El Inai tuvo la oportunidad de refutar esa ley en la Suprema Corte e intentar la defensa de la privacidad de los ciudadanos ante el riesgo de una vigilancia masiva, indiscriminada y desproporcionada del gobierno. El Inai no lo hizo. La ley entró en vigor, con todo y el capítulo que permite la intervención de comunicaciones privadas.

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Gobiernos y proveedores de servicios quieren un pedazo del pastel de nuestros datos personales. Así funciona el llamado capitalismo de la vigilancia o colonialismo de datos: edulcorando la vigilancia y el control como únicas vías para ejercer derechos o recibir servicios. 

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