El Inai tuvo la oportunidad de refutar esa ley en la Suprema Corte e intentar la defensa de la privacidad de los ciudadanos ante el riesgo de una vigilancia masiva, indiscriminada y desproporcionada del gobierno. El Inai no lo hizo. La ley entró en vigor, con todo y el capítulo que permite la intervención de comunicaciones privadas.

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Gobiernos y proveedores de servicios quieren un pedazo del pastel de nuestros datos personales. Así funciona el llamado capitalismo de la vigilancia o colonialismo de datos: edulcorando la vigilancia y el control como únicas vías para ejercer derechos o recibir servicios. 

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Adolfo Cuevas Teja, celebra la decisión de la ministra Piña Hernández de conceder al IFT la suspensión provisional contra la implementación del padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía móvil, pues eso restará presión a la discusión sobre otros temas de fondo sobre ese registro con datos personales.

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