Espiar con la colaboración de Telcel, AT&T, Movistar y la que sea

Un nuevo escándalo de espionaje recorre la política mexicana justo al inicio de las elecciones de 2024, en las que se renovarán la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y los gobiernos de 9 estados, entre ellos la Ciudad de México.

Las características del escándalo no pasan por el uso de un software sofisticado y caro como Pegasus para infectar teléfonos y robar información sensible de sus usuarios, sino de una herramienta creada con la reforma de telecomunicaciones de 2014 y cuyo uso, a pesar de las múltiples advertencias, permite su aplicación ilegal.

Todas las compañías de telefonía e internet de México están obligadas a colaborar con las autoridades de justicia en la intervención de comunicaciones privadas. Negarse a colaborar puede acarrear multas millonarias contra las compañías.

Si una fiscalía solicita las llamadas o la ubicación geográfica del teléfono de alguno de sus clientes, el proveedor está obligado a entregársela sin informar al titular de esos datos personales. Es mejor responder de inmediato que ponerse a discutir con la autoridad si la solicitud cumple o no con la ley, como contar con la autorización de un juez.

Con este mecanismo de intervención de comunicaciones privadas se ha espiado a justos y pecadores. Lo mismo a políticos de oposición que a supuestos aliados. Lo utilizan todas las fiscalías, desde la federal (FGR) hasta las estatales, incluso sin cumplir con las reglas más básicas, como publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nombre de la persona responsable de hacer las solicitudes. Es un derecho de pernada y se usa desde que está en activo.

La creatividad ministerial permitió que se construyan expedientes falsos o se incluya a personas sin vela en el entierro en expedientes reales sobre delitos graves o de alto impacto, como secuestro y desaparición de personas, para obtener detalles sobre sus comunicaciones privadas, como los números a los que marcan o de los que reciben llamadas o su posición geográfica en tiempo real.

Este mecanismo de vigilancia legal mostró su faceta de descontrol y abuso inmediatamente después de entrar en vigor. En su primer semestre de aplicación, oficinas de gobierno sin autorización constitucional solicitaron información a las compañías telefónicas y la obtuvieron. En la lista estuvieron la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en materia laboral, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora CDMX), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ejecutivo del Gobierno de Colima. También se coló la Interpol, una instancia internacional, que pidió información a Megacable.

Al principio, el mecanismo tenía obligaciones de transparencia: las compañías debían entregar un informe semestral al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero en 2018 esta autoridad decidió suspender esa transparencia: desde 2018 la contraloría sobre el mecanismo se diluyó y los abusos y desviaciones se conocen sólo cuando hay escándalo en la prensa. Como hoy.

En 2017, América Móvil, la compañía propietaria de Telcel, Telmex y Telnor, recibió 57,677 solicitudes de autoridades para entregar información de sus clientes. Un promedio de 158 solicitudes al día. Entre 2017 y 2018, AT&T 26,082 solicitudes de autoridades y retrasó la respuesta en 9 casos; este retraso estuvo a punto de convertirse en una sanción de 432 millones de pesos, pero sus abogados lograron reducirla a sólo 4 millones. Movistar recibió 6,313 solicitudes en 2017.

La Suprema Corte validó la herramienta en 2016, a pesar de que con ella se hizo sospechosos a todos los usuarios de telefonía. La Corte calculó que el fin perseguido era legítimo para salvaguardar la vida de personas en peligro, como en el caso de secuestros. El Inai, la agencia de privacidad, tuvo la oportunidad de combatir la reforma, como lo hizo con éxito años después contra la creación del Panaut (un registro de todos los usuarios de telefonía con datos personales sensibles, como los datos biométricos), pero se abstuvo. Hoy vemos, otra vez, sus consecuencias.

Las autoridades judiciales encontraron huecos para obtener información privada de los consumidores y las compañías prefieren evitarse problemas. La situación no cambiará y, sin transparencia que permita controlar, disminuir y denunciar los abusos, sólo queda esperar el próximo escándalo.

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