Xóchitl Gálvez en la mañanera de AMLO. Ilustración original de Nayelly Tenorio
Ilustración original de Nayelly Tenorio

La decisión judicial que obliga al presidente López Obrador a permitir el derecho de réplica de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en su conferencia de prensa mañanera no es un triunfo de la oposición política al gobierno, sino la señal de vida de un derecho ciudadano para defender el derecho al honor, a la vida privada, a la buena imagen y a la buena reputación de quienes se sientan agraviados por la difusión de información falsa o inexacta, a pesar de que su ejercicio pleno no sea todavía gratuito, inmediato y oportuno.

El derecho de réplica significa que los consumidores de información tengan las dos versiones de un mismo hecho, para que puedan formarse un criterio respecto a lo que se dijo.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte aprobó un proyecto del ministro Arturo Zaldívar contra la revista Proceso para obligarla a publicar en su portada una réplica del diputado Javier López Casarín en el mismo espacio y con las mismas características del reportaje que el diputado considera inexacto.

“Exigir que la réplica se publique íntegramente, con características similares, en la misma página y con la misma relevancia que la nota que la provocó es una medida necesaria. De lo contrario, por ejemplo, podría suceder que una nota se publique en la portada de un periódico, y que la réplica se difunda en una sección de menor prominencia, con lo cual se vería trastocada la equidad que persigue el derecho de réplica para garantizar la libre expresión y el acceso a la información colectiva”, escribió el ministro Zaldívar, expresidente de la Corte y señalado como aliado del presidente en el máximo órgano constitucional.

Con ese criterio, la senadora Gálvez Ruiz tendrá todo el derecho de subir al estrado de la mañanera, tomar el micrófono de López Obrador y presentar su versión sobre lo dicho por el presidente y que la senadora considera que estuvo equivocado.

Dijo el presidente en su mañanera del 5 de diciembre de 2022: “Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”, citando equivocadamente a la senadora, quien sí dijo: “Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente” en un foro en la FIL de Guadalajara el 29 de noviembre.

Las mañaneras son un “método de comunicación sui generis” y un “formato novedoso del modelo de comunicación gubernamental”, definió el Tribunal Electoral (SUP-REP-3/2021), un ejercicio desacoplado de “las maneras tradicionales de transmitir información por parte de cualquier órgano de gobierno”.

Pero por más innovadoras que puedan ser, las mañaneras son un medio de difusión de información gubernamental encabezado por el presidente de México y, en consecuencia, un “emisor de información responsable del contenido original”, obligado a cumplir con la ley reglamentaria del derecho de réplica.

Me parece improbable que Xóchitl Gálvez suba a la tribuna presidencial, pero si lo hace su réplica deberá “limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones” ni “exceder el tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta”, como dice la ley de réplica.

No deja de ser curiosa la buena suerte de Xóchitl Gálvez de encontrar un juez que confirmara su derecho de réplica (Hugo Roberto Pérez Lugo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México), a diferencia de lo ocurrido con la politóloga y columnista Denise Dresser, quien en un ejercicio similar tuvo la pésima fortuna de topar con un juzgador que le negó el amparo. Demuestra que la justicia es un volado, al arbitrio de criterios discrecionales.

Tampoco pasa inadvertido que en todos los casos (incluido el del diputado López Casarín) las personas tuvieron que contratar abogados para buscar por medios judiciales el ejercicio de un derecho fundamental que debería ser gratuito, inmediato y oportuno, en beneficio del patrimonio moral de las personas, del debate público y de la calidad de la información.

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