Está documentado que el gobierno de México espía a sus ciudadanos y que ha utilizado el software Pegasus, desarrollado por NSO Group, para husmear ilícitamente en actividades de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
Un reciente reportaje de The New York Times corroboró que las Fuerzas Armadas espiaron a un defensor de derechos humanos y a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes.
El diario estadounidense se ha hecho eco de indagaciones y revelaciones de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación mexicanos que destaparon cómo Pegasus estaba ligado a hackeos y la vigilancia a periodistas, defensores, empresarios e incluso jefes de Estado.
El software Pegasus tiene la capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles y acceder a información privada como mensajes, llamadas y correos electrónicos. Su uso por parte de gobiernos y agencias de inteligencia ha generado preocupación en todo el mundo, especialmente cuando se utiliza para espiar a comunicadores y activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
El sistema de NSO Group fue adquirido por el gobierno de México en 2014 por 32 millones de dólares. El caso Pegasus fue destapado en 2017 y ha generado una cascada de reacciones y revelaciones que no se detienen. La investigación periodística ha revelado que al menos 15,000 personas estuvieron en la mira del software espía.
En México, la situación es doblemente escalofriante porque somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La utilización de Pegasus por parte de los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador para espiar a periodistas y activistas es una violación flagrante de la libertad de expresión y la privacidad.
En lugar de garantizar un entorno seguro y libre para la libertad de expresión y el trabajo periodístico, el gobierno utiliza herramientas cibernéticas de vigilancia para indagar ilegalmente en sus actividades.
Totalmente exhibido y documentado, el presidente AMLO ha negado reiteradamente que su gobierno espíe y le llama inteligencia. El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no ha querido responder a los cuestionamientos que lo vinculan directamente con el uso de Pegasus y la vigilancia sobre personas críticas al régimen.
La diferencia entre espionaje e inteligencia de Estado radica en la legalidad y legitimidad de la recolección de información llevada a cabo por un gobierno o una agencia de inteligencia.
La inteligencia es una actividad legítima y legal que implica la recolección, análisis y utilización de información para proteger los intereses nacionales de un país. Puede incluir la obtención de información sobre amenazas a la seguridad nacional, actividades terroristas, delitos cibernéticos u otras actividades ilícitas que puedan representar un riesgo potencial para el Estado.
El espionaje ilegal consiste en el monitoreo, la obtención de información sin autorización, sin orden judicial, violando las leyes y regulaciones establecidas. Incluye el acceso no autorizado a sistemas informáticos, interceptación de comunicaciones privadas, robo de información, soborno y extorsión, entre otros métodos ilegales.
La inteligencia de Estado debe llevarse a cabo dentro de los marcos legales establecidos, respetando los derechos humanos y las libertades civiles, incluida la privacidad de las personas. Los gobiernos y agencias de inteligencia están sujetos a normas que rigen su actuar y deben operar de manera transparente y bajo supervisión y rendición de cuentas.
La empresa isreaelí NSO Group ha sido criticada por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que la acusa de vender su tecnología a gobiernos que la utilizan contra disidentes políticos y como herramienta de represión. La organización Forbidden Stories identificó clientes de NSO en 11 países: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajstán, Marruecos, Ruanda, Togo y, desde luego, México.
Diecisiete periodistas de siete países, objetivos del llamado Programa Pegasus, presentaron, junto con la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), una denuncia contra la empresa NSO Group. En Estados Unidos, periodistas de El Faro también presentaron una demanda contra el desarrollador de Pegasus.
No es el primer caso de espionaje por parte del gobierno mexicano. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se descubrió la utilización de otro software espía llamado FinFisher, también para espiar a periodistas y activistas políticos.
La reticencia, el negacionismo, el victimismo y la falta de acción por parte de AMLO para investigar, prevenir y erradicar el uso de software espía por parte de su gobierno causa perplejidad e indignación. Muestra una clara falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia. El gobierno de López Obrador debe rendir cuentas por este escándalo y tomar medidas inmediatas para garantizar que los derechos humanos y las libertades civiles sean respetados y protegidos en el país.
Desde ya el espionaje cibernético constituye violaciones graves a los derechos humanos protegidos por la Constitución y tratados internacionales, como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
El primer daño colateral es sobre la reputación del gobierno y el país a nivel nacional e internacional, con un evidente deterioro en la confianza de instituciones como el Ejército y la procuración de justicia, que no ha actuado para castigar a los responsables. Ningún gobierno que espía a quienes ejercen la libertad de expresión y defienden derechos fundamentales se puede llamar humanista.
Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Twitter: @beltmondi
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