Banco Famsa: un juzgado ordena pagar 980,000 pesos a clienta afectada

“Se condena a la institución de crédito demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 979,518.76 pesos. Se condena a Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple en liquidación, al pago de los intereses a tasa legal (6% anual), generados sobre la suerte principal reclamada, los que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia”. Estas líneas forman parte de la sentencia definitiva de un juicio oral mercantil a favor de una clienta afectada por el cierre de Banco Ahorro Famsa. El IPAB, como liquidador del banco, es el responsable de hacer cumplir la resolución judicial.

Tras la revocación de licencia de Banco Ahorro Famsa, en junio del año pasado, 2,440 clientes con ahorros superiores al monto máximo asegurado por el IPAB se han visto en problemas para recuperar su dinero. La Ley de Instituciones de Crédito los sitúa en la quinta posición de la lista para pasar a ventanilla y recoger su cheque con el excedente; antes se encuentran los trabajadores del banco, el fisco y otros acreedores privilegiados.

La vía oral mercantil resultó una vía adecuada para esta clienta de reclamar la devolución del dinero excedente del seguro del IPAB, que tiene un tope máximo de 2 millones 578,066.40 pesos (o 400,000 unidades de inversión, Udis, la medida estandarizada por el Banco de México para obligaciones mercantiles y financieras). Si nada cambia y se ejecuta la sentencia, podrá recuperar 980,000 pesos que se encontraban en su cuenta al momento del cierre del banco y algo de intereses.

Los 2,440 clientes afectados también son acreedores, pero de quinta, según la ley. Son los que más dinero tenían depositado en Famsa y los que más están sufriendo para recuperarlo. Y a como se ven las cosas, no quedará mucho cuando les toque su turno.

La sentencia por la vía oral de la jueza María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en Nuevo León, con sede en Monterrey, enciende una luz de esperanza para la clienta. Hernández Guerrero otorgó la sentencia porque, en los hechos, Famsa incumplió con el contrato que tenía con la ahorradora: “De conformidad con lo establecido en el artículo 172º, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de la fecha en que la institución entre en estado de liquidación las operaciones pasivas a cargo de la institución se considerarán vencidas”, dijo la jueza.

Pero esta sentencia es como un foco chicharronero: ese calor sólo reposa sobre esta clienta beneficiada. Lo mismo ocurre con los otros 17 clientes afectados que consiguieron que un juez ordenara al IPAB la realización de reservas para restituir sus ahorros excedentes y evitar que su dinero se esfume en el proceso de liquidación.

Hay otros miles de clientes que siguen en la indefensión. Se calcula que los saldos promedio sin seguro del IPAB son de 3.7 millones de pesos cada uno.

Los clientes afectados por la revocación de licencia de Famsa no son millonarios, sino ahorradores comunes que fueron seducidos por las promesas de rendimiento que ofrecía el banco, originario de Monterrey, y que confiaron su dinero a una institución de banca múltiple regulada. Hoy se enfrentan a la inminente posibilidad de que sus depósitos sean utilizados como patrimonio propio del banco, como si se tratara de la expropiación de un privado del dinero de los particulares.

El banco cayó en desgracia porque, entre otras conductas irregulares, los accionistas de Banco Ahorro Famsa se hicieron autopréstamos que excedieron su capital. A esto se sumaron alteraciones de los estados contables, en una espiral que hizo imposible la continuación de sus operaciones. Los reguladores financieros lo sabían, por lo menos desde marzo de 2019, pero tomaron acciones un año después. En el ínter, Banco Ahorro Famsa siguió captando dinero del público y, contrario al espíritu de la banca, no los colocó entre el público. Hasta el momento, ningún accionista ni ejecutivo de Banco Famsa enfrenta procesos judiciales en su contra.

La sentencia de la jueza Hernández Guerrero se dictó el 12 de marzo pasado y el IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario), a través de su apoderado legal Álvarez & Marsal, S.C., aún puede presentar un amparo directo. El caso lo lleva el abogado Roberto Canto Madrigal, socio del despacho jurídico Guerrero Bazaldúa, en Monterrey.

El caso Famsa será paradigmático sobre la manera en que el Gobierno federal aplicará la Ley de Instituciones de Crédito. Es la primera liquidación bancaria para el equipo de López Obrador y puede ser una advertencia para el resto de los usuarios de la banca: una mala resolución significará que la confianza de los clientes no debe rebasar los 2 millones 578,066.40 pesos del seguro del IPAB. El resto, póngalo debajo del colchón.

Este artículo se publicó en El Economista el 17 de marzo de 2021.

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