Ni dinero ni justicia para los clientes de Banco Famsa

Los clientes de Banco Ahorro Famsa no pueden disponer de su dinero ni pueden utilizar los servicios que les ofrecía esa compañía en plena pandemia de coronavirus, un periodo que ha demandado, como nunca, de los servicios bancarios digitalizados y de la oferta de la economía digital para el consumo, el trabajo a distancia, la educación y el entretenimiento. Mala suerte para estos ahorradores e inversionistas, que tampoco pueden esperar la protección de la justicia federal y, mucho menos, velocidad de la institución liquidadora del banco.

Las autoridades reguladoras revocaron la licencia de Banco Ahorro Famsa el 30 de junio y ordenaron su inmediata liquidación. Los clientes de Famsa fueron afectados por la conducta de los accionistas del banco, que entre otras cosas se hicieron préstamos superiores al capital de la firma, pero deberán aceptar que su patrimonio se utilice para restituir primero el patrimonio de otros conforme a las reglas de liquidación vigentes y, si al final quedan recursos, recuperar algo de dinero.

Hay dos clases de clientes afectados: los que contaban con fondos inferiores a los 400,000 Udis (unidades de inversión, equivalentes a poco más de 2.57 millones de pesos), que son mayoría y cuyos depósitos ya están siendo devueltos por la oficina responsable de liquidar al banco, el IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario), y los que contaban con recursos superiores a ese monto máximo de protección del IPAB. En cualquier caso, hablamos de ahorradores de clase de media y para abajo, que encontraron en ese banco originario de Monterrey comodidad y facilidades para administrar su patrimonio u ofertas de rendimiento que parecían atractivas. En la lista de afectados no hay vecinos de Las Lomas, Chipinque o Puerta de Hierro, está claro.

Los clientes sin protección del IPAB tienen las manos atadas y no pueden aspirar a la protección judicial: los juzgados de distrito se niegan a recibir sus recursos de amparo, como si se tratara de evitar la lepra o, peor, el coronavirus.

Conozco esta historia rocambolesca: la solicitud de un cliente de Famsa llegó a un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México, que se declaró incompetente por territorio y lo envió a un juzgado de Puebla, donde se encuentra el domicilio del quejoso. El juzgado de Puebla lo regresó a la Ciudad de México, sin destinatario preciso, porque no pudo determinar en qué ciudad (y, en consecuencia, bajo qué jurisdicción territorial) se abrieron las cuentas de la persona afectada, a pesar de que la liquidación de Banco Famsa tiene efectos en todo el territorio nacional. En Monterrey, otro juzgado en materia administrativa rechazó el recurso por considerar que se trata de una materia de carácter mercantil. Habrá que esperar al Tribunal Colegiado para saber si el recurso de amparo corresponde a una jurisdicción marciana. Para sumar desdichas, estos clientes tampoco pueden esperar celeridad: ha pasado un mes desde que se decretó la liquidación y la institución responsable del proceso, el IPAB, no ha publicado el balance inicial de liquidación, lo que impide a los afectados conocer la situación contable y, en dado caso, construir hipótesis y diseñar escenarios.

Mientras a unos les corre atole por las venas, a los clientes de Banco Ahorro Famsa les urge tener certezas sobre su patrimonio, los servicios bancarios que tenían contratados y, en dado caso, la posibilidad de obtener rendimientos de sus inversiones.

Viven la peor de las suertes: que su banco se fuera al carajo en plena pandemia de coronavirus y que su patrimonio se encuentre secuestrado mientras dura la liquidación del banco, que todo esto se desarrolle en el contexto de la peor crisis económica en un siglo y que la nueva normalidad fuera bancarizada y digital. ¿Faltó algo más?

Este artículo se publicó en El Economista el 2 de agosto de 2020.

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