Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la instalación de un ejercicio de vigilancia y control de la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México desde las instalaciones del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano), el 29 de abril de 2020.

El Gobierno de la Ciudad de México vigila el movimiento de los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles. El objetivo —ha dicho— es entender la manera como se propaga el nuevo coronavirus y responder con acciones de política pública. Puede parecer espeluznante: la vigilancia a través de los teléfonos móviles es una de las formas que más invaden la privacidad de los ciudadanos. Los móviles son herramientas indispensables en la vida cotidiana de sus propietarios y guardan información muy personal y en muchos casos íntima. Pero esta vigilancia tiene sus limitaciones y particularidades. Vamos por partes.

1. Es una vigilancia sobre lo que se mueva. No es una vigilancia “personalizada”, sino una sobre masas conectadas a antenas. Se trata de un registro de datos anónimos a través de la cantidad promedio de teléfonos registrados a cada una de las radiobases por día y por hora (las radiobases son el primer punto de contacto de un teléfono con la red pública de telecomunicaciones), de acuerdo con las respuestas de las compañías que colaboran con el gobierno: América Móvil (Telcel) y Telefónica Movistar.

Voceros de ambas compañías me aseguraron que la información que proporcionan al gobierno no contiene datos personales ni información del comportamiento de los usuarios. “La información compartida no corresponde a información sobre el uso de teléfonos móviles, tampoco es información desagregada por usuario ni por dispositivo móvil”, dijo un vocero de Movistar. Por información agregada se quiere decir que “se suma el dato de la cantidad de (tarjetas) SIM que se conectan a una torre, sin mayor especificación”, me explicó un vocero de América Móvil.

Según lo expuesto, sería como vigilar abejas alrededor de sus colmenas, con la certeza de conocer su número exacto pero sin información para identificarlas individualmente. El supervisor europeo de protección de datos (sus similares en México son el Inai y el InfoDF, que por cierto ninguna se ha pronunciado sobre el tema) alertó en marzo pasado sobre los riesgos de iniciativas como la encabezada por la CDMX y pidió que éstas se desarrollen con la máxima transparencia hacia los usuarios

2. Es una vigilancia fundada en la “generosidad”. Ninguna ley ni reglamento obliga a las compañías telefónicas a entregar información al Gobierno de la Ciudad de México. A escala federal sí existen disposiciones, todas relacionadas con la procuración de justicia, que obligan a las compañías a entregar información a autoridades de procuración de justicia de todo el país, a través de funcionarios facultados en el Diario Oficial de la Federación y en casos concretos avalados por la Suprema Corte: el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, o el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Pero vivimos tiempos de coronavirus y las cosas son muy raras. La solicitud de información a los operadores móviles es una de las posibilidades que detona el párrafo tercero de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, que habilitó a distintas oficinas de gobierno —ninguna de procuración de justicia— a realizar “todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la presente emergencia sanitaria”, pero sobre todo es resultado de la “generosa colaboración” de las compañías, de acuerdo con un comunicado oficial.

“Es una solicitud de colaboración, no un acto de autoridad, en ese sentido las partes de común acuerdo y de cara a la emergencia sanitaria que tiene carácter inminente y mundial establecieron líneas de acción”, me dijo el vocero de América Móvil, el mayor contratista de servicios de telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad de México.

AT&T de México, el tercer mayor operador móvil, decidió ceñirse a lo dispuesto explícitamente en el régimen jurídico y atender sólo las solicitudes de autoridades facultadas conforme a la regulación vigente, me dijo uno de sus voceros.

3. Es una vigilancia que dice poco del coronavirus. Considerando la distribución de mercado a escala nacional, el gobierno puede estar recibiendo información de unas 8 millones de líneas móviles de un total de 9.69 millones registradas en la ciudad, más las líneas registradas en otras ciudades que se conectan a las antenas instaladas en la ciudad. Así, paradójicamente, el gobierno ha construido un panóptico miope: una máquina de vigilancia que puede “ver” una gran cantidad de nodos dentro o fuera de un mapa, donde cada nodo representa a un ciudadano, pero no distingue focos de infección del nuevo coronavirus más allá de aglomeraciones en la vía pública. Digamos, por ejemplo, que puede ver a una multitud apeñuscada en un mercado de mariscos y actuar en consecuencia cerrando el mercado. Y para eso no se necesita vigilar los celulares.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 12 de abril de 2020.

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