¿Alguna vez has recibido en su teléfono un mensaje estremecedor del tipo “Eres un hijo de tu puta madre Simon ya te vi q sales con mi esposa y no lo niegues xq te tomamos esta foto [dirección electrónica]”? El investigador Simón Barquera los ha recibido nueve veces. Fue en julio de 2016, una semana después de que él y otros activistas por la salud anunciaran una campaña para promover un aumento del impuesto a los refrescos, una industria que crece a una tasa promedio anual de 1.2% desde el año 2000 y que equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

La dirección electrónica en el mensaje a Barquera permitía la instalación en el teléfono de un software espía desarrollado por la firma israelí NSO Group, capaz de registrar el contenido de llamadas, mensajes de texto o la navegación en internet. Si ese mensaje apelaba a las emociones, el que recibió el reportero Rafael Cabrera un año antes motivaba coraje: “Estimado usuario le recordamos que presenta un adeudo de $8,854.90 M/N verifique detalles: [dirección electrónica]”, supuestamente enviado por Telcel. La dirección electrónica enmascaraba también software de NSO Group. Cabrera fue uno de los periodistas que reveló la compra de una casa en Lomas de Chapultepec que hizo la esposa del presidente, Angélica Rivera, a un contratista de gobierno.

Parece difícil evitar dar clic en los enlaces, cuando los mensajes que los acompañan están diseñados para revolver el estómago. En México, los periodistas y activistas no sólo enfrentan la violencia letal del narco; también están expuestos al acoso y el espionaje de otros agentes de poder, incluidas las instituciones públicas. Las consecuencias negativas para la libertad son irreversibles. Después de la intervención de su teléfono, Barquera vive con paranoia: “De repente estás particularmente consciente de todo lo que dices. (…) Todo se siente como una amenaza potencial, algo que podría afectarte después”, contó el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública al periódico The New York Times en febrero pasado.

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El Times califica al Gobierno mexicano como un “cliente entusiasta” de herramientas de espionaje. Y no le falta razón. Distintas fuentes han revelado la relación de instancias públicas con tres compañías que diseñan software capaz de intervenir teléfonos. En un reportaje de septiembre de 2016, el Times documentó que México pagó a NSO Group 15 millones de dólares para utilizar su software espía (spyware). Un año antes, El Economista publicó que México gastó 5.8 millones de euros para adquirir software con características similares de la firma italiana Hacking Team. Y en 2013, The Citizen Lab alertó de la presencia de software para interceptar comunicaciones privadas diseñado por la compañía británica Gamma Group International en la infraestructura de Iusacell PCS y Uninet S.A. De C.V., filial de Telmex.

Cada infección de teléfonos iPhone con las herramientas de NSO Group puede costar 65,000 dólares, sin contar la tarifa inicial por la licencia del software, que es de 500,000 dólares. Las compañías productoras aseguran que sólo venden su tecnología a gobiernos.

De parte del Gobierno, la estrategia ha sido negación o silencio. Un caso ejemplar es el del responsable de la política interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong, quien admitió en julio de 2015 que se había adquirido herramientas de espionaje a Hacking Team, pero que la compra se había hecho durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). “Respecto a los equipos que usted refiere, fueron comprados en la administración pasada. Esta administración no ha comprado ningún equipo a este gobierno”, dijo Osorio Chong a un reportero en Yucatán. Para mala fortuna del ministro, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —obligado por el Inai en la sesión del 2 de diciembre de 2015, cuando discutió la solicitud 0410000023915— tuvo que transparentar generalidades de los contratos CISEN/128/13 y CISEN/020/15 firmados con Hacking Team en 2013 y 2015, cada uno por 205,000 euros.

Entre los clientes de Hacking Team se encuentran el Cisen, Pemex y los gobiernos de Estado de México, Jalisco, Durango, Puebla, Yucatán, Campeche, Tamaulipas y Querétaro.

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Precisamente la falta de transparencia y la deslealtad rompieron la semana pasada la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional para robustecer la confianza ciudadana con las instituciones públicas. En la Alianza participaban 10 asociaciones civiles, entre ellas SocialTIC; la Secretaría de la Función Pública (SFP), y el órgano garante de la transparencia (Inai). Desde la denuncia pública en febrero por el espionaje a Barquera y otros dos activistas, las asociaciones esperaron una respuesta del Gobierno mexicano. Pasaron 100 días. Nada. Tuvo que producirse la ruptura para que la SFP pidiera a los activistas en un comunicado que denuncien ante las instancias correspondientes y para que Alejandra Lagunes Soto, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, se dijera “sorprendida” y sin conocimiento de la compra de spyware de parte del Gobierno. “Realmente me sorprende mucho la acusación porque yo no tengo conocimiento de que se esté comprando este software pero que lo importante es conversar con la sociedad civil, escuchar sus preocupaciones y llegar a una solución”, dijo el viernes pasado.

Si el espíritu de la Alianza es construir lazos de confianza, ni el espionaje ni la estrategia de silencio y negación ayudarán a lograrlo. La Alianza se trata de transparencia y rendición obligatoria de cuentas. Justo en lo que el Gobierno mexicano está fallando frente a las asociaciones civiles y en el epicentro de una iniciativa clave.

Este artículo se publicó originalmente en El Economista el 28 de mayo de 2017.

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