Hacienda calculó que la nueva regulación le permitirá recaudar más de 4,300 millones de pesos. Imagen: logotipo de Amazon

La Secretaría de Hacienda impuso sus condiciones sobre la manera de fiscalizar a los operadores de la economía digital. Con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Miscelánea Fiscal para 2020, Hacienda ganó por goliza un partido que ya era suyo antes de pisar la cancha. La mayoría legislativa de Morena, el partido en la Presidencia de México, hizo unas pocas concesiones a la industria y sólo falta el visto bueno del Senado para comenzar una nueva era en la relación de los consumidores, los servicios digitales y el fisco.

Hacienda calculó que la nueva regulación le permitirá recaudar más de 4,300 millones de pesos, nada mal para un experimento en un mundo sin reglas ni modelos a seguir en la imposición de gravámenes a la economía digital. Se trata de cobrar impuestos a las plataformas tecnológicas transnacionales y a quienes ofrecen sus servicios a través de ellas, como quienes generan ingresos a través de UberRappi o AirBnb.

El reto era crear una regulación para gobernarlos a todos, una misma fórmula fiscal que cubriera negocios tan diversos como los servicios de streaming (NetflixSpotify), comercio electrónico (AmazonMercado Libre) o para hacer el súper a distancia (Cornershop). Frente la dificultad, había un consenso: seguir el modelo de la OCDE… cuando la OCDE tuviera ese modelo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años trabajando en un marco regulatorio de la economía digital; ya tiene los principios sobre los que debe guiarse (neutralidad, eficiencia, certeza y simplicidad, efectividad, equidad y flexibilidad), una hoja de ruta con base en un acuerdo contra la evasión fiscal (Base Erosion and Profit Shifting o BEPS) y una consulta pública en marcha.

La opción era esperar ese modelo o diseñar el propio. Hacienda eligió la segunda opción. En la industria están parados de pestañas. Prácticamente ningún reclamo tuvo eco ni en Hacienda ni en la bancada de Morena. La Cámara de Diputados aprobó casi íntegra la propuesta original de Hacienda:

  1. Los operadores deberán recaudar IVA (Impuesto al Valor Agregado) e ISR (Impuesto Sobre la Renta).
  2. El ISR se calculará sobre los ingresos y no sobre la ganancia (hubo una reserva para cambiar las tasas de retención progresivas, que comenzaban en 3% de ISR para ingresos mensuales de hasta 25,000 pesos y terminaban en 17% para más de 500,000 pesos; el nuevo rango se inicia en 1% para ingresos de hasta 1,500 pesos mensuales y termina en 15.4% para más de 100,000 pesos… Un no me ayudes, compadre, de los legisladores para la industria).
  3. El periodo de adaptación para el cumplimiento será de 2 meses; los operadores pedían 12 meses (cuando el proyecto original sólo contemplaba un mes).
  4. Los operadores deberán entregar más información de los clientes de la que tienen y necesitan para el negocio.

La preocupación rebasó fronteras: los operadores pidieron la intervención del gobierno de Donald Trump para detener una regulación que “socavará la inversión tecnológica en México”. En la industria creen que el nuevo modelo puede desincentivar los pagos electrónicos a favor de los pagos en efectivo, lo que iría en detrimento del fisco y de la bancarización —ah, cierto, y también de su propio negocio.

Los operadores deberán recaudar IVA (Impuesto al Valor Agregado) e ISR (Impuesto Sobre la Renta). Imagen: Airbnb México

¿En qué cedió Hacienda?

  1. Libró de gravamen a los servicios publicitarios en línea (Google y Facebook), por considerar que se creaba un sistema paralelo de retenciones. En Hacienda se trabajó con el espíritu de captar los impuestos de los negocios B2C (business to consumer: ventas de empresas a consumidores) y no B2B (business to business: ventas de empresas a empresas).
  2. Suprimió la desconexión de internet, o apagón digital, de los operadores incumplidos con la regulación fiscal. La medida era una afrenta a la libertad de expresión y facultaba a una autoridad fiscal a decidir sobre derechos humanos. Una sanción desproporcionada que, en palabras de Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haría de internet en México un “queso gruyere”.

Hay poca esperanza en la industria en conseguir algo en el Senado. Quizá en las tasas progresivas de ISR, para regresar a las originales de Hacienda, pero no mucho más. Toca trabajar en las letras chiquitas, que determinarán la manera de relacionarse con el fisco en este nuevo marco regulatorio. Más vale hacerlo pronto, porque el tiempo está encima.

Este artículo originalmente se publicó el 20 de octubre de 2019 en El Economista.

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