Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para proteger a los vecinos del contaminado río Santiago, en Jalisco. Pero nada cambió. “Seguimos respirando lo mismo, se sigue afectando el ambiente de la misma forma”, denuncian activistas. La debilidad institucional, la austeridad presupuestal y la descoordinación entre gobiernos juegan un papel importante en esta catástrofe ambiental y humana.