Les cuento el futuro: el hackeo al Ejército quedará sin castigo desde el régimen de protección de datos personales. Quizá tenga consecuencias en el fuero militar, quizá, pero desde la regulación que protege la vida privada el caso se sumará a la lista de aves que cruzan el pantano y no se manchan.
La autoridad de protección de datos personales realizará su investigación y encontrará motivos de sanción por la filtración de millones de documentos de los archivos del Ejército. El Inai encontrará que desde el Ejército se violaron distintos principios y deberes a la ley general de protección de datos personales en el caso ahora conocido como #GuacamayaLeaks o #SedenaLeaks (a mí me gusta la sonoridad #Guacaleaks y en homenaje a la Botellita de Jerez, pero eso es otra historia).
La evidencia más clara de que en la filtración se vulneraron datos personales —incluidos datos personales sensibles, como son los relacionados con el estado de salud de las personas— es la información sobre los padecimientos médicos del presidente López Obrador. Quizá al presidente no le preocupe, porque él es muy transparente y se vio obligado a confirmar sus malestares en público sólo tras la filtración de información del Ejército, pero aquí no se trata de preocupaciones personales, sino de cumplimiento a las leyes.
El Inai deberá bucear en los documentos filtrados y realizar distintas inspecciones al Ejército y sus sistemas de seguridad de la información. Su equipo jurídico y técnico evaluará las pruebas y presentará un informe final.
Es obvio lo que va a encontrar. Para empezar, que el Ejército evitó notificar a los titulares de datos vulnerados con diligencia. También, que cometió faltas a los principios de consentimiento, responsabilidad, información, licitud y lealtad en la protección de la información personal, además, por supuesto, de incumplimientos a los deberes de confidencialidad y seguridad.
El Inai terminará la investigación y su pleno votará por unanimidad una resolución en la que pedirá sanciones contra los responsables de la vulneración en el Ejército (una resolución distinta a la búsqueda y castigo de quienes robaron los documentos, si es que ésta llegase a producirse desde las instancias ministeriales). La norma dice que el Inai presentará las pruebas al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Defensa Nacional, que encabeza el general de división Carlos Arturo Pancardo Escudero, para que sea ese órgano el que determine las sanciones en términos de la ley de responsabilidades administrativas.
El expediente del Inai llegará al escritorio del general Pancardo, supuestamente subordinado al titular de la Secretaría de la Función Pública, el civil Roberto Salcedo Aquino, responsable de designar a todos los titulares de los órganos internos de control del Gobierno federal.
Eddie, en la nueva canción de los Red Hot Chili Peppers, pide no ser recordado “por lo que hizo anoche”, por lo que hizo en el pasado, pero tanto el Ejército, como la Secretaría de la Función Pública han desatendido en el pasado instrucciones del Inai. Imposible no recordarlas.
La Función Pública protagonizó su propia filtración de datos personales en 2020 y a dos años de distancia no ha impuesto sanciones a los responsables. Entre las papas calientes sobre el escritorio de Salcedo Aquino se encuentra la de determinar las sanciones contra López Obrador por la filtración de datos personales del periodista Carlos Loret de Mola.
El Ejército desatiende incluso las instrucciones del presidente, evita la contraloría del Poder Legislativo, realiza labores de espionaje que no le corresponden y es experto en desoír al Inai, particularmente en los recursos de revisión en materia de transparencia.
Así que el futuro sancionatorio para la vulneración de datos personales en el Ejército ya lo conocemos: se llama impunidad.
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