Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Presidencia de la República

El 13 de noviembre comenzó a correr el plazo de 30 días naturales para que el Inai presente una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que permitirán al SAT, la oficina de recaudación de impuestos, georreferenciar los domicilios de todos los contribuyentes de México, crear un mapa geográfico fiscal y exigir a todos los mayores de 18 años que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, incluso si se trata de personas sin actividad económica.

El Inai, la oficina responsable de garantizar la transparencia y la protección de los datos personales de los ciudadanos en México, actuó de manera inmediata contra el llamado “decretazo” (“acuerdazo”, es más exacto, considerando el tipo de documento que generó la polémica) y anunció una controversia constitucional. Desde la publicación del “acuerdazo” del Poder Ejecutivo, el 22 de noviembre, y la decisión del pleno del Inai de combatirlo en la Suprema Corte no pasaron más de 24 horas.

Espero que esta controversia tenga éxito. El acuerdo el Ejecutivo permitirá la opacidad sobre un montón de obras en materia de infraestructura en casi cualquier sector: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, obras hidráulicas e hídricas, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos, aeropuertos “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

La vida democrática se basa en normas y no bastan las promesas de los políticos para garantizar la transparencia. Celebro la defensa de sectores estratégicos, pero con contraloría ciudadana y bajo un régimen de rendición obligatoria de cuentas.

Con la misma celeridad con la que el Inai anunció medidas contra el “acuerdazo” debería haber actuado contra la nueva andanada del SAT contra la protección de datos personales de los ciudadanos. Tan grave es la falta de transparencia en el desarrollo de infraestructura pública como la invasión desproporcionada a la vida privada.

El SAT se ha caracterizado por subir los peldaños del control y la vigilancia de los ciudadanos desde que la matemática Raquel Buenrostro Sánchez asumió la jefatura de esa oficina en diciembre de 2019. Se trata de un control progresivo que hay que detener.

En 2020 Buenrostro solicitó reformar el Código Fiscal de la Federación para que se le permitiera fotografiar el interior de los domicilios de los contribuyentes, algo que al final no le fue aprobado en el Congreso, pero sí logró que los legisladores le aprobaran lucrar con nuestros datos personales sensibles para ofrecer servicios de verificación de identidad. Esa vez, el Inai actuó a tiempo y promovió una acción de inconstitucionalidad que se encuentra todavía en la Suprema Corte, esperando respuesta.

La nueva andanada vino con el paquete de reformas para el año fiscal 2022, donde Buenrostro (a través de la Secretaría de Hacienda, que es la que solicita formalmente los cambios al Congreso) pidió y se le concedió obligar a todos los mayores de 18 años a incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes, una base de datos con información personal sensible como huellas dactilares, forma del rostro de los ciudadanos e iris de los ojos. No importa si se tiene o no actividad económica, todos tendrán que registrarse con el mismo argumento falaz de los gobiernos invasores de la privacidad: reducir supuestamente la posibilidad de fraude fiscal y de suplantación de identidades, creando una enorme base de datos que será una delicia para los criminales cibernéticos.

La segunda reforma que obtuvo Buenrostro para aplicar a partir del 1 de enero de 2022 es la de incorporar tecnología para obtener la «georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales» en la verificación de la existencia de los domicilios de los contribuyentes (artículo 27 del Código Fiscal de la Federación).

“Se estaría ante el tratamiento intensivo de datos personales de un número elevado de titulares, incluida la geolocalización de personas, un dato personal sensible, y podrían verse comprometidos los principios de protección aplicables, entre otros el de proporcionalidad, el cual establece que sólo deberán recabarse los datos adecuados o estrictamente necesarios para la finalidad que justifica el tratamiento”, opinó el 27 de octubre el Consejo Consultivo del Inai, un espacio de acompañamiento ciudadano creado constitucionalmente.

El paquete de reformas al Código Fiscal se presentó el 10 de septiembre. Las reformas se publicaron el 12 de noviembre. Al día siguiente comenzó a correr el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad. El Inai no ha dicho ni pío y posiblemente esquivará su obligación de proteger los datos personales de los ciudadanos presentando un recurso ante la Corte. Para subirse al tren del “acuerdazo”, en cambio, al Inai le bastaron menos de 24 horas. ¿Hay prioridades? 

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