Ilustración original de Nayelly Tenorio.

Cada vez queda más claro que la aprobación de un impuesto mínimo global corporativo sobre las 100 transnacionales más grandes, rentables y digitalizadas del planeta es un balazo en el pie para economías emergentes como México. El avance de este acuerdo tributario ha provocado un optimismo falaz y, en consecuencia, ha impedido un análisis profundo sobre sus repercusiones.

El acuerdo contempla tres cosas. Primero, la creación de un impuesto sobre la renta de 15% que aplicará sobre las 100 transnacionales más grandes y rentables, sin importar donde tengan su sede fiscal, con beneficios superiores a los 17,500 millones de pesos (o el equivalente a 750 millones de euros).

Segundo, el cobro de impuestos por las ventas de bienes y servicios por jurisdicción a las empresas con una facturación global superior a los 480,000 millones de pesos (o el equivalente a 20,000 millones de euros). Este cobro aplicará a partir de ingresos locales superiores a los 24 millones de pesos (el equivalente a 1 millón de euros) con márgenes de ganancia superiores a 10%, sin importar si la compañía tiene o no sede en dicha jurisdicción.

El tercer punto es el veto a los impuestos digitales locales y el retiro a partir de 2023 de los que se encuentren vigentes (despreocúpese, querida Big Tech, en México no hay ningún impuesto especial ni lo habrá).

Es poco probable que naciones como México se beneficien sustancialmente del nuevo impuesto y de la dispersión tributaria sobre ganancias por jurisdicción. O sea, ni claridad sobre el dinero del impuesto global ni posibilidad de crear un marco tributario local sobre Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Snapchat y las que se sumen.

Hay que sospechar de las buenas intenciones los promotores del acuerdo: el G7 (el grupo de las 7 naciones más acaudaladas del planeta, sin China: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), el G20 (esas 7 economías más las 13 siguientes, incluido México) y la OCDE (el club de los países más ricos con algunos invitados que pagan boleto, como México, Chile y Colombia).

La intención de los promotores es nivelar el cobro fiscal a las transnacionales entre las naciones más ricas y bloquear mediante un acuerdo global la actuación de países con regímenes tributarios independientes o jurisdicciones laxas y benévolas para la evasión fiscal (paraísos fiscales o refugios fiscales, como quiera usted llamarles).

El acuerdo ha sido muy celebrado porque en la ampliación del 8 de octubre se logró incluir a Irlanda, esa benévola jurisdicción que ha dado cobijo a grandes compañías con poderosos equipos de ingeniería fiscal capaces de reducir al máximo el pago de impuestos.

“La mayor parte de los ingresos adicionales apenas beneficiará a un pequeño número de países ricos”, escribieron en una carta personalidades como Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía), Thomas Piketty (Escuela de Economía de París), Eva Joly (abogada y exeurodiputada), Magdalena Sepúlveda Carmona (IG-ESCR) e Irene Ovonji-Odida (abogada). Para estos abajofirmantes, 14 miembros de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés), el acuerdo “refuerza las desigualdades mundiales”.

Faltan muchos detalles para que el acuerdo entre en vigor, más allá del optimismo del Gobierno mexicano que participa de las conversaciones y que desde hace meses hace cuentas alegres para el ejercicio 2022. El escollo más difícil, para empezar, está en que el acuerdo sea aprobado en el Congreso de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden tiene que negociar casi hasta el saludo entre legisladores.

A reserva de cómo se afinen las cosas, cada vez queda más claro que el acuerdo será una camisa de fuerza para las jurisdicciones que no cuentan con las sedes corporativas de las compañías transnacionales, como México, en una reforma fiscal planetaria que, como dicen los abajofirmantes citados, “se ha diluido de tal manera que beneficiará abrumadoramente a los países ricos”. Aún hay tiempo para rectificar.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 17 de octubre de 2021.

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