Secretaría de la Defensa Nacional cancela licitación de sistema contra drones para Palacio Nacional
José Soto Galindo
4 agosto, 2021
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló la licitación para instalar un sistema contra drones alrededor de Palacio Nacional por considerar que “de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia”.
La cancelación del procedimiento de licitación se notificó a los interesados el 2 de agosto de 2021 a través del sistema CompraNet. En el acta de notificación se afirma que ninguno de los 7 participantes alcanzó los criterios de evaluación suficientes contenidos en los requerimientos de la licitación, “por puntos y porcentajes y mecanismo binario”.
Por medio de la licitación con la clave LA-007000999-E717-2021, la Sedena buscó a un proveedor para instalar un sistema antidrones con epicentro en Palacio Nacional, residencia y oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema funcionaría con una tecnología de bloqueo de señales de radiocomunicación para neutralizar artefactos aéreos tripulados por control remoto que pudieran representar una amenaza de seguridad.
En la licitación participaron 7 compañías con propuestas económicas que iban de los 4.6 millones de pesos a los 6.9 millones de pesos:
- Aerointegral, S.A. de C.V.
- DG Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
- FBC Datec, S.A. de C.V.
- Global Business Solution, S.A.P.I. de C.V.
- INT Intelligence Telecom Technologies México, S.A. de C.V.
- Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial, S.A. de C.V.
- TBN Tactical Equipment, S.A. de C.V.
Según la descripción del procedimiento para esta compra de gobierno, el sistema antidrones (o drone jammer, como es conocido en inglés) pretendía instalarse en Palacio Nacional, con el centro de mando en la planta baja y la torre estructural del sistema en la azotea. El sistema tendría una capacidad para neutralizar señales de radiocomunicación en un rango de 1 kilómetro desde Palacio Nacional.
El modelo de ataque solicitado por la Sedena es conocido como “bloqueo ciego” y actúa de una manera binaria (apagado/encendido) para bloquear señales en las bandas 433 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz sin discriminación, lo que significa que las tecnologías Bluetooth, WiFi y GPS se ven interrumpidas durante el tiempo en el que el sistema esté activo. Parte de las bandas afectadas son de uso libre en México y ninguna es utilizada por los operadores de telecomunicaciones comerciales para ofrecer servicios de voz y datos a los usuarios.
Otro modelo de ataque es contra blancos específicos utilizando fusiles para bloquear señales de radiocomunicación, como los que portó personal de la Sedena en marzo de 2021 durante una concentración de mujeres en la explanada del Zócalo, frente a Palacio Nacional. Ese 8 de marzo, cuando se realizaron las movilizaciones feministas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, personal de la Sedena portó fusiles UAV Jammer de la marca Hikvision en la azotea del Palacio Nacional. La presencia de los militares con estos fusiles hizo pensar a las manifestantes que se trataba de francotiradores listos para actuar contra los ciudadanos, lo que obligó a la Presidencia de la República a aclarar que no se trataba de armas de fuego sino de aparatos para bloquear señales de radiocomunicación.
Estos fusiles fueron adquiridos por la Sedena a uno de los participantes de la licitación cancelada este 2 de agosto, INT Intelligence Telecom Technologies México, por un valor de 816,262 pesos cada uno en septiembre de 2020.
De acuerdo con la ley de adquisiciones, que regula las compras de gobierno a escala federal, las oficinas públicas pueden cancelar una licitación cuando “se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad”.
De acuerdo con el artículo 65, los licitantes pueden presentar un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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