Sóstenes Díaz González, comisionado del IFT, es el responsable intelectual del Panaut

La idea de incluir nuestros datos biométricos en el ya muy cuestionado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no provino del dirigente de Morena, Mario Delgado (su promotor original), tampoco de los diputados, ni siquiera de los senadores quienes finalmente incluyeron ese requisito en la minuta, tampoco del controlador gobierno de la Cuarta Transformación. Agárrese: fue de un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), secundado por otros cuatro comisionados.

Con excepción de Adolfo Cuevas, comisionado Presidente del IFT, y de Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, el área responsable de instalar, operar, regular y mantener el nuevo padrón, quienes sí han explicado a los legisladores y a los medios las implicaciones, riesgos y costos del padrón, los otros comisionados han estado muy calladitos.

La razón es sencilla: ante el rechazo generalizado al padrón y sus mecanismos de vigilancia, intromisión a la privacidad y grave violación a varios derechos fundamentales, ellos no quieren ni asomarse.

No es para menos. Con tal de contraponerse a la presidencia interina de Cuevas y jugar sus propias cartas y ambiciones políticas con los legisladores, no midieron las consecuencias, alcances e implicaciones de respaldar un padrón que ya es motivo de escándalo internacional, que ya fue suspendido provisionalmente por un juez y que obtuvo el rechazo de los usuarios de más de 120 millones de líneas móviles.

Tengo el oficio IFT/212/CGVI/0587/2020 que dirigió desde el 14 de agosto de 2020 la Coordinación General de Vinculación Institucional (CGVI) del IFT al legislador Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice?

Refiriéndose a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el (entonces llamado) Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que no incluía datos biométricos, el oficio de la CGVI explica que, “con independencia de la opinión institucional” del IFT, que ya había sido enviada a la Comisión el 22 de julio de 2020, “le comunico que el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz González, mediante correo electrónico de 12 de agosto, envió a esta Coordinación a mi cargo dos documentos que contienen una propuesta de redacción y funcionamiento del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”.

Uff, qué delicado, porque además fue por separado de la “opinión institucional”. Otro párrafo del oficio es terrible: “En relación con dichos documentos, el Comisionado Díaz González, a nombre propio y de los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Ramiro Camacho Castillo, me solicita remitir los dos documentos antecitados a la Comisión de Comunicaciones y Transportes que usted dignamente preside”.

Caray, cinco comisionados del IFT envían su propio documento no institucional ajeno a la opinión del IFT. Cinco comisionados del Pleno que pueden comentar, enriquecer, rechazar una opinión institucional. Cinco reguladores de un órgano garante y tutelar de derechos fundamentales y que debieran ampliar las libertades de la población, proponen que el registro recabe datos biométricos.

También tengo la propuesta de redacción rotulada por la “Oficina del Comisionado Sóstenes Díaz González”. Ahí se ven subrayados los añadidos del comisionado. Para el artículo 180 Ter sobre la información que debía tener el registro, propuso “datos biométricos del usuario”.  

El verdadero ideólogo de la recolección biométrica también anotó “a nombre propio y de los [demás] comisionados”, que “el registro de las líneas telefónicas será obligatoria para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos”. 

A través de la misma CGVI, el IFT ha enviado a los legisladores documentos técnicos y públicos sobre el registro-padrón. Uno de ellos dice claramente que el Renaut de 2009 “presentaba serias debilidades en su construcción”.

Sobre la protección de datos personales, la opinión institucional del IFT dice que el “nuevo tratamiento automatizado de carácter masivo, realizado a través de tecnologías de la información y las comunicaciones (…), puede representar importantes riesgos para los derechos y libertades de las personas, titulares de los datos, en particular, en sus derechos a la vida privada y protección de datos personales”.

Sobre los datos biométricos, el documento institucional del IFT aclara que “existe actualmente una tendencia internacional a considerarlos sensibles”, “especialmente protegidos e inclusive requiriendo el consentimiento expreso de los titulares para su tratamiento”.

El IFT institucional reconoce que “la creación de registros de naturaleza similar ha generado una preocupación razonable entre la ciudadanía por considerar que se podrían derivar acciones de vigilancia sistemática e injustificada por parte de autoridades y particulares, los cuales son percibidos como injerencias en sus derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos personales, aun cuando exista una base jurídica que habilite dichas medidas como fines legítimos del Estado, como es el tema de la procuración y administración de justicia”.

En el oficio de la CGVI se lee que Sóstenes Díaz pidió “una reunión con los legisladores de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad, así como con los diputados promoventes de la iniciativa para tratar el tema y exponer los puntos incluidos en los documentos”.

El comisionado participó en el foro virtual “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil” con diputados, representantes de concesionarios y organizaciones de la sociedad civil el 30 de noviembre de 2020. En ese espacio ventiló lo inaudito: “un registro requiere que se realice una verificación contra una base que contenga datos biométricos y esto podría tener como ventaja reducir la posibilidad de fraude”.

En ese mismo evento reaccionó Gabriel Székely, director General de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), quien expuso que “el registro no ha funcionado ni lo hará, pues el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos”.               

El IFT institucional reaccionó profesionalmente, presentó antecedentes, información técnica, jurídica y comparada, orientó a los legisladores sin aceptar el registro-padrón, advirtió los riesgos a la privacidad y expuso los costos del proyecto. El IFT no institucional está muy confundido, avaló acríticamente el registro de usuarios, no fundamentó, no motivó, no especificó los costos, propuso el levantamiento de datos biométricos, desconoce y violentó los derechos fundamentales de millones de usuarios de telefonía móvil. No podemos tener dos IFT.

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