La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Inai e integrar sus funciones —al menos las de transparencia— a la Secretaría de la Función Pública —o a cualquier otra dependencia del gobierno federal— se sustenta en tres premisas equivocadas.
Premisa falsa 1. Que el Inai es un instituto creado para combatir la corrupción.
Y no, el Inai no es un instituto para combatir la corrupción, sino para garantizar la transparencia del Gobierno federal, del Congreso, del Poder Judicial, de los partidos políticos y de los sindicatos.
La transparencia apenas es una de las tres patas de la rendición obligatoria de cuentas: información (transparencia); argumentación (qué, quién, cómo) y sanción (responsabilidad por incumplimientos y desviaciones).
El presidente cree que el Inai ha hecho poco contra la corrupción y, por lo tanto, es un lujo tenerlo. Pero el Inai no combate la corrupción; garantiza la transparencia (y también trabaja por la protección de los datos personales, pero esa es otra historia).
Premisa falsa 2. Que la corrupción se combate exclusivamente con transparencia.
Durante casi 20 años (los que tiene vivo el régimen de transparencia en México) hemos afianzado la idea de que la transparencia es el instrumento principal de combate contra la corrupción. Y no, se requiere mucho más que transparencia.
Necesitamos fiscalías que sirvan, auditorías que investiguen y documenten, jueces y tribunales que sancionen y una sociedad que fiscalice y castigue con el voto electoral. Pero tenemos muy poco de todo eso. Quizá lo más grave sea la falta de una amonestación ciudadana contra políticos, funcionarios o instituciones que han transgredido las normas.
De entre las patas de la rendición obligatoria de cuentas funcionan —es un decir— los mecanismos de transparencia y argumentación, muchas veces por intervención del Inai. Pero la sanción queda lejos de ser aplicada. Y no me refiero sólo a sanciones administrativas o penales, sino también al castigo de los ciudadanos contra políticos, funcionarios o instituciones, quienes tienen una piel bien gruesa a prueba de raspones, quemaduras y periodicazos.
En México la vigencia y caducidad de los políticos profesionales no se cimenta sobre la calidad de sus reputaciones. No existe un mercado reputacional, sino una apuesta al olvido y a una extraña resiliencia de los ciudadanos que o nos vuelve cínicos o nos entumece el coraje.
Premisa falsa 3. Que un régimen de transparencia sólo funciona con árbitro.
En 20 años, la transparencia no se ha internalizado entre los responsables de la información pública. No hay cumplimiento y mucho menos proactividad. Y esto obliga a seguir manteniendo un instituto de vigilancia como el Inai.
La transparencia no está en el ADN de los funcionarios públicos y no lo va a estar mientras existan incentivos a favor de la opacidad, del desgaste y la desatención de los ciudadanos.
En el ejercicio público, la transparencia debe ser un valor internalizado, como la honestidad y la vocación de servicio.
Si las cosas funcionaran, no necesitaríamos al Inai para garantizar la transparencia, como ocurre en otros países con leyes y sanciones por incumplimiento a la publicación de la información en poder de los gobiernos. Pero no estamos en esos países, sino en México, con un régimen disfuncional para la rendición obligatoria de cuentas.
El presidente tiene urgencia por desaparecer al Inai, pero equivoca el diagnóstico con premisas falsas. Antes de discutir la desaparición del instituto, la urgencia es mejorar el régimen de transparencia y construir un efectivo sistema de sanción contra los corruptos. El Inai no es la transparencia, pero en este momento es nuestra única garantía de transparencia —con sus defectos o limitaciones.
El Inai no debería existir. Pero mientras alcanzamos el estado de las cosas como deben ser, muchas cosas que no deberían existir deben existir.
Este artículo se publicó en El Economista el 31 de enero de 2021.
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