Oficinas centrales del Inai en el sur de la Ciudad de México. Foto: Inai

La edición 2019 de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid) tiene información preocupante: sólo 3.5% de quienes se incorformaron ante alguna autoridad pública por un supuesto mal uso de datos personales acudió al Inai, la oficina pública creada explícitamente para la protección de los datos personales en México. El resto de los ciudadanos inconformes acudió principalmente a la Profeco (22.3%) o a la Condusef (22.3%).

¿Por qué? ¿Es que nadie conoce o nadie confía en el Inai? ¿Es falta de promoción del Inai y de sus atribuciones? ¿O es que los ciudadanos identifican la protección de datos personales como un tema relacionado con la protección de los consumidores y no como un derecho fundamental?

La Enaid 2019 es el segundo ejercicio entre el Inai y el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las dos labores esenciales del Inai: la defensa de la transparencia del gobierno federal y la protección de datos personales en posesión del gobierno federal y de la iniciativa privada. En términos oficiales: “garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.

Que sólo 3 de cada 100 personas acuda al Inai para reclamar la protección de sus datos personales debe preocupar sobre todo a los comisionados de este órgano constitucionalmente autónomo. ¿Será que su trabajo no sirve? ¿O será que no se ve?

El Inai ejercerá en 2020 poco más de 800 millones de pesos de presupuesto. Se calcula que 70% de ese dinero se destina al pago de nómina: remuneraciones y prestaciones. Cada comisionado tiene un ingreso ordinario bruto mensual de 151,539.76 pesos (el pleno lo forman 7; ahora hay 2 vacantes).

Que sólo 3 de cada 100 personas pida la protección del Inai en materia de datos personales también puede dar argumentos a los defenestradores de los órganos reguladores y autónomos y de las comisiones creadas por el Estado mexicano durante el largo periodo de transición democrática iniciado en 1988. ¿Vale la pena mantener esa atribución del Inai?

Que nadie en Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, lea la siguiente pregunta: ¿son posibles las eficiencias administrativas y financieras en el Inai? ¿Se puede fusionar el Inai con otros órganos autónomos?

Si en protección de datos los ciudadanos prefieren la protección de instancias de protección de los consumidores del comercio o de los servicios financieros, como la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) o la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), ¿es un problema del diseño constitucional del régimen de protección de datos de México? En Estados Unidos, por ejemplo, la protección de datos se relaciona básicamente con la protección de los consumidores. En Europa, de donde se inspira el modelo mexicano, la protección de datos es un tema de derechos fundamentales.

Y si ya preocupa que sólo 3 de cada 100 ciudadanos inconformes con el uso de sus datos personales acuda al Inai para solicitar protección, aumenta la preocupación el hecho de que hace cinco años esa proporción fue de 10 por cada 100 (Enaid 2016). A este paso el Inai quedará con números rojos.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 17 de junio de 2020.

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