Plan Nacional de Desarrollo de telecomunicaciones y el apestado

Iniciaron los foros para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comandada por Salma Jalife, convocó a los interesados en las industrias de radiodifusión y telecomunicaciones con el objetivo de desarrollar políticas públicas que promuevan la cobertura, el acceso y el uso de tecnologías, incluidas las de banda ancha e Internet, con énfasis en grupos prioritarios, vulnerables y pymes. 

El gran apestado del encuentro fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): sin un saludo especial a la institución o al comisionado presidente, con comisionados dispersos, sin lugares reservados en primera fila ni presencia de honor. Y es que la colaboración del regulador con la SCT (prevista en la Constitución) para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal ha sido pobre y con acciones regulatorias contrarias a ese principio.

La Subsecretaría de Comunicaciones elaboró un diagnóstico donde señala que “aún existen más de 40.3 millones de mexicanos que no utilizan Internet y 31 millones que no utilizan un teléfono móvil”. La cobertura social y rural no fue un tema de interés y mucho menos prioritario de la pasada administración.

La Cuarta Transformación (4T) reconoce en el diagnóstico de la Subsecretaría que “el uso de estas herramientas es indispensable para obtener los beneficios que, en servicios de educación, salud, seguridad, prevención de desastres, empleo y oportunidades de negocio, ofrece el desarrollo tecnológico”.

Para ello, la Subsecretaría ha establecido cuatro ejes:

1. Promoción de las infraestructuras
2. Incrementar la cobertura y disponibilidad de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
3. Desarrollo de habilidades y capacidades digitales
4. Estrategia de análisis de nuevas tecnologías

El diagnóstico de 26 páginas sólo menciona al regulador en dos ocasiones. La primera dice que para el despliegue de más y mejores redes de alta capacidad y desempeño se requiere “una adecuada implementación de políticas regulatorias por parte del IFT, ya que sólo así podremos evitar que esta necesidad siempre creciente y, en algunos casos insatisfecha, se convierta en una limitante del desarrollo del país”. La segunda mención señala que para impulsar la cobertura universal y social se requiere avanzar de la mano con el IFT. 

El reclamo de la 4T es claro: la regulación no promueve la infraestructura y no existen acciones coordinadas para mejorar la cobertura universal. 

La Subsecretaría identifica correctamente los problemas (escasez de infraestructura y falta de cobertura) pero no las causas. Varias pueden ser las causas pero aquí señalo una con datos verificales. Cuatro años después de la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la penetración de telefonía móvil sólo creció 1.61%, al pasar de una teledensidad de 87.12% en 2013 a 88.51% en 2017 (UIT). 

Por el contrario, cuatro años antes de la tan celebrada reforma a la Carta Magna la penetración de la telefonía móvil creció 19%, cuando la teledensidad en 2009 era de 72.03% y alcanzó 87.12% en 2013. 

¿Qué sucedió que la penetración de la telefonía móvil venía creciendo a dos dígitos antes de la reforma y, posterior a esa modificación legal, se estancó? La causa de ese magro desempeño en la penetración de la telefonía móvil después de la reforma se llama “preponderancia”. Es fundamental que la Subsecretaría identifique las causas del freno a la inversión en infraestructura y la contenida cobertura de servicios para formular sus políticas públicas digitales. 

Habrá quien diga que ese limitado ascenso de la telefonía móvil es resultado de un mercado maduro. Sin embargo, México no ha alcanzado el 100% de penetración de telefonía móvil, a pesar de tener algunas de las tarifas inalámbricas más asequibles de América Latina justo posteriores a la reforma. En la región, 12 países ya superaron el 100% de teledensidad, incluidos Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, el problema ya no es sólo la asequibilidad de los servicios. Un estudio de la GSMA revela que la falta de contenido localmente relevante es la mayor barrera para quienes todavía no son usuarios de los servicios móviles. 

Dirán que la telefonía móvil ya no está creciendo como antes. De 2013 a 2017 creció 6.78% en Canadá y 23.91% en Estados Unidos, nuestros socios comerciales, plenamente conectados y aún en expansión. 

El artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que corresponde a la SCT planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y social. Asimismo, los artículos 74 y 81 de la ley secundaria precisan que las concesiones única y de espectro radioeléctrico deben contener los programas y compromisos de cobertura geográfica, poblacional o social, para lo cual el IFT “considerará las propuestas que formule anualmente la SCT”. 

Tanto la SCT (vía la Subsecretaría de Comunicaciones) como el IFT tienen facultades para incrementar la cobertura universal y social. La primera definiendo una política pública con metas anuales y el segundo mediante la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, imponiendo obligaciones de cobertura social a todos los operadores.

La diferencia con el gobierno anterior es que para la 4T el discurso social de primero los pobres, los necesitados y los vulnerables se debe materializar en métricas robustas de conectividad rural, cobertura universal, inclusión y abatimiento dramático de la brecha digital en México. Esperamos un salto cuántico en los indicadores sociales de las TIC en México, para que los desconectados dejen de ser los auténticos apestados de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Como dijo AMLO: la 4T digital no tiene derecho a fallar…

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.

Twitter: @beltmondi

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