Cinco años es tiempo suficiente para señalar lo que no funciona de la reforma en telecomunicaciones. Uno de esos aspectos es la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se ha convertido en un cuerpo colegiado donde la discriminación echó raíces, al grado de que tras la salida de María Elena Estavillo el 28 de febrero próximo, la última mujer comisionada, se convertirá en el Pleno más excluyente desde que se instaló.
La más reciente convocatoria del Comité de Evaluación (integrado por los titulares del Banco de México, el INEE y el Inegi) para sustituir y nombrar a un nuevo comisionado evidenció aún más sus deficiencias. Una de ellas, la más notable, la ausencia de mujeres en el Pleno.
No se trata de ser políticamente correcto y decir que hay que incluir a mujeres en los órganos de decisión. El hecho de que no haya expertas en el Pleno del IFT no sólo se ve mal sino que está mal. Es un tema de equidad de género que requiere soluciones drásticas, como ha ocurrido en países más avanzados que están superando la brecha de género porque se han movido “pronto y rápido”.
El Foro Económico Mundial reveló las naciones donde es mejor ser mujer, principalmente países escandinavos. El secreto de la igualdad de género en esas naciones radica en que “casi tres de cada cuatro mujeres en edad de trabajar en los países nórdicos forman parte de la fuerza laboral remunerada, y los responsables políticos apoyan explícitamente la igualdad de género en el trabajo, en el hogar y en público”.
La convocatoria del Comité de Evaluación para ocupar una vacante en el Pleno del IFT debiera ser intercalada (una mujer, un hombre), y las nuevas comisionadas deberán someterse a los cuestionamientos propios de su desempeño profesional y no creer que se les critica por razones de género. Y si son atacadas por planteamientos machistas, misóginos o patriarcales, tendrán que aguantar, porque lo importante es que tengan la oportunidad institucional y la equidad profesionales, no la conmiseración.
El típico contraargumento de por qué nombrar a una mujer aunque no sea mejor que un hombre en un examen de conocimientos, es respondido precisamente por los países nórdicos que supieron actuar pronto, rápido y políticamente. O sea, hay que empezar a acostumbrarse a ver a más mujeres en cargos de alta responsabilidad y, ellas, a tolerar la crítica.
No olvidemos que en la historia un día nos vamos a dormir sin derechos y al día siguiente amanecemos con algunos derechos. Antes se tuvo que luchar, después hay que defender. Ahorita hay que decirle sin ambages al Comité de Evaluación que la equidad de género existe, es positiva y de vanguardia y que, aún sin pretenderlo, han fomentado la discriminación, la exclusión y eso tiene que dejar de ocurrir.
La segunda discriminación se refiere a la ausencia de comunicólogos en el Pleno del IFT. ¿Cómo se justifica que desde la extinta Cofetel y ahora con el IFT ningún comunicólogo ha sido comisionado y regulador? Nuevamente (y aquí sí de forma más clara aplicando una “mentalidad de gueto”), el Comité de Evaluación creado a partir de la reforma ha discriminado expresamente y ha sido hostil con los especialistas de la comunicación porque en el examen de conocimientos de la convocatoria los temas generales se refieren a derecho, economía e ingeniería.
Qué curioso que los organismos reguladores nacieron en Estados Unidos y el resto del mundo principalmente para fomentar condiciones de competencia económica en el mercado; qué paradójico que sigamos insatisfechos con esas mismas condiciones de competencia, empezando por los propios reguladores. Es momento de reconocer que la competencia económica no puede seguir siendo el único o el principal tema que enfrente un regulador actualmente. Destacados economistas como Thomas Piketty o el Nobel francés Jean Tirole han advertido la insuficiencia del enfoque economicista para afrontar los desafíos del mundo.
Es bochornoso en el amplio sector de las comunicaciones, de la industria de las telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la convergencia que los especialistas en esa materia sigan sin ser tomados en cuenta y se les relegue al ámbito contestatario o de las organizaciones de la sociedad civil.
Es cierto que los ingenieros están conduciendo la revolución digital global, pero también es evidente su incapacidad para afrontar los cambios políticos, sociales y culturales que están ocasionando.
Llama la atención que se hable tanto del crecimiento del video, de la evolución de las llamadas de voz y ahora los asistentes virtuales, de que cada año el tráfico de datos se duplique y sobre los efectos de la Inteligencia Artificial, pero no reconozcamos que esos contenidos, interacciones y datos son cultura, símbolo y significación y su impacto social cada vez es mayor.
No me sorprende que el desempeño del regulador y de la mayoría de sus comisionados a partir de la instalación del IFT haya sido tan inconsistente, cuestionable o incluso omiso en temas como derechos de las audiencias, regulación de contenidos y publicidad, pluralidad y diversidad, inclusión digital, medios públicos y comunitarios, libertad de expresión, protección de la niñez, propiedad cruzada de medios y muchos tópicos más de los que pareciera que carecen de las herramientas conceptuales y metodológicas suficientes.
Los abogados, economistas e ingenieros tienen que darse cuenta de que su feudo y monopolio regulatorio ya se agotó, porque también se difuminaron para siempre las barreras entre la radiodifusión, las telecomunicaciones y la informática, lo cual creaba estancos y modelos regulatorios hoy cuestionados y quizá superados. El cada vez más complejo sector de las TIC (incluidos aspectos info y biotecnológicos como las fake news o la edición genética) requiere la concurrencia de nuevas especialidades, visiones regulatorias y de políticas públicas.
Los reguladores han sido instancias políticas que pretenden ser en el mejor de los casos organismos eminentemente técnicos y especializados; es momento de que sean reguladores más humanos y sociales, con un discurso cercano a los impactos de la tecnología en la población de todas las edades y condiciones socioeconómicas.
La acelerada e inquietante transformación digital ha dejado atónitos a los reguladores porque se empecinan en tener una estructura de pensamiento tradicional, de gueto. Cuando las autoridades reconocen que un nuevo regulador con visión de futuro debe ser flexible pero no dicen qué significa ser flexible, claramente evidencian que no saben qué hacer ante lo inconmensurable del desafío digital.
El tercer aspecto tiene que ver con el nombramiento del presidente del Pleno del IFT. Actualmente, el artículo 28 de la Constitución señala que el nombramiento del Presidente del IFT recae en la Cámara de Senadores. Ese mecanismo es sumamente negativo porque politiza y partidiza el proceso, los parvularios (legisladores) se hacen pasar por especialistas del sector, se abre una campaña pública, desata descalificaciones y se utilizan recursos institucionales para hacer proselitismo o atacar a sus pares comisionados, como las áreas de comunicación social o eventos de lucimiento personal.
El propio Pleno del IFT debe seleccionar y nombrar a su presidente, como ocurre con otros organismos autónomos que también tienen cuerpos colegiados como la UNAM (la Junta de Gobierno nombra al Rector), el INAI o la SCJN. En tanto el Presidente del IFT siga siendo nombrado o ratificado por los senadores, el IFT seguirá siendo un semi, cuasi o dizque organismo autónomo.
Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi
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