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“Vamos a esperar qué quiere Estados Unidos”, dijo Salvador Behar, Jefe Adjunto de Negociación Técnica para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), durante las consultas públicas con un grupo de interesados del sector cultural.

Ya sabemos lo que quiere Estados Unidos, pero seguimos sin saber qué quiere México. Hasta el momento estamos supeditados a la agenda de la Representación de la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en ingles), que ya publicó sus objetivos para la renegociación del acuerdo, pero desconocemos la agenda de México.

En temas de comunicación las exigencias de Estados Unidos se centran en buenas prácticas regulatorias, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio digital transfronterizo, inversión y propiedad intelectual.

En telecomunicaciones el vecino del norte pide facilitar la entrada al mercado a través de una regulación transparente y un regulador independiente. Eso está bien. Será precisamente la autonomía del regulador (respecto de las empresas, el gobierno en turno y los legisladores) lo que contribuirá a esa regulación predecible que asegure certidumbre jurídica. Por eso hay que promover esa defensa de la autonomía del regulador en temas como gestión de espectro, interconexión o derechos de las audiencias.

La USTR quiere acceso razonable a la red de telecomunicaciones a través de la interconexión y acceso a instalaciones físicas y recursos escasos. Dos objetivos específicos del TLCAN son promover condiciones de competencia justa e incrementar sustancialmente las oportunidades de inversión. No es razonable el acceso gratuito a la interconexión de redes porque no es una condición justa de competencia con los gigantes de Estados Unidos y difícilmente genera inversiones. Si la Suprema Corte de Justicia resuelve la inconstitucionalidad de la “tarifa cero” de interconexión, esa sería la carta de negociación de México.

En servicios financieros y comercio digital, Estados Unidos quiere que los países se abstengan de imponer medidas que restrinjan los flujos de datos transfronterizos o que requieran el uso o instalación de instalaciones informáticas locales.

En tráfico de datos a México no le conviene que la información siga viajando a servidores, Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y centros de datos instalados en Estados Unidos o Canadá, porque eso encarece las transacciones y el transporte de datos, información sensible sale del territorio nacional y deja de instalarse infraestructura de Internet en México, dejándose de generar ingresos, empleos, inversión e innovación tecnológica.

Contrario a la demanda de la USTR, por la importancia de la economía de datos y la necesidad de bajar los costos para las empresas y los usuarios mexicanos, debiera exigirse a los proveedores la instalación de infraestructura local o el uso de la existente para almacenar información. Los proveedores locales se beneficiarían de un mayor crecimiento, demanda y almacenamiento de datos. Lo que la USTR está pidiendo es que los datos sigan viajando a Estados Unidos, se almacenen en servidores, centros de datos y administradores de la nube de allá en detrimento de México.

En comercio digital de bienes y servicios y flujos de datos transfronterizos, Estados Unidos quiere que no se impongan aranceles a productos digitales como software, música, video o libros electrónicos. Lo que la USTR está pidiendo es que no se cobren impuestos a plataformas digitales como Deezer o Music de Apple, Netflix o Hulu en video, Amazon Prime e incluso Uber.

Lo anterior parece positivo, porque los usuarios de esas plataformas consumen contenidos musicales, audiovisuales y libros a precios asequibles porque esas y otras empresas de Internet no necesariamente pagan impuestos por “operar” u ofrecer sus servicios en México. Lo que se ha logrado es tasar las compras a través de la tarjeta de crédito, pero el cargo recae directamente sobre el consumidor y no sobre el proveedor.

El problema es la asimetría entre México y Estados Unidos. Apple, Netflix, Amazon y otras son empresas transnacionales. México no ha desarrollado OTT equivalentes. Los estadounidenses no son usuarios de plataformas como Clarovideo, Claromúsica o Blim. Las empresas estadounidenses siguen teniendo una ventaja competitiva inalcanzable y vía la renegociación del TLCAN quieren que México no cobre impuestos a las plataformas dominantes. En el caso de los libros digitales, Amazon garantiza una mayor distribución internacional, pero no paga por derechos de autor sino sólo por ventas de ejemplares o descargas.

LA USTR quiere garantizar un trato no discriminatorio de los productos digitales basado en la nacionalidad o territorio en el que se produce el producto. O sea, si Trump u otro funcionario de Estados Unidos nos vuelve a ofender como país, USTR no quiere que seamos nacionalistas-proteccionistas y como represalia se prohíba el uso de plataformas o productos digitales por ser gringos.

En cuanto al sector audiovisual, para México más que exigir una “cuota de pantalla” a plataformas como Nexflix, la obligación sería precisamente la no discriminación de contenidos mexicanos, para que cualquier productor pueda colocar su contenido en la plataforma, y se le pague por producción o por consumo.

Sabemos que Estados Unidos quiere sacar más ventaja de su posición de por sí ventajosa. Lo que no sabemos es qué quiere México. ¿Queremos regalar la interconexión a operadores con enormes ingresos? ¿No queremos que plataformas digitales tributen al país? ¿No queremos más IXP ni centros de datos en México? ¿No queremos que se reduzca el costo de las transacciones financieras y electrónicas? Si no queremos eso —que Estados Unidos sí quiere—, digamos qué queremos, para no sólo reescribir sobre las demandas de la USTR.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi

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