Los medios de comunicación en México, como actores con poder e injerencia en la vida económica, social y política del país, deben ser obligados a rendir cuentas sobre el dinero público recibido, ya sea como pago por el espacio para la difusión de información pública —la llamada publicidad oficial— o por otros servicios ofrecidos al gobierno. El régimen de rendición de cuentas en México evita pronunciarse con claridad sobre los privados, como si la corrupción y el tráfico de influencias fueran un problema exclusivo de las instancias públicas. La transparencia sobre las fuentes públicas de financiamiento de los medios construirá un mejor ecosistema de medios, uno más ético, honesto y en beneficio de los ciudadanos.

Esbozo esta propuesta a propósito de la obligación que tiene el Congreso de la Unión de regular la publicidad oficial antes del 30 de abril próximo, como resultado de la reforma político-electoral de 2014 y por instrucción de la Suprema Corte. Se trata de una regulación urgente para la transparencia y el control del gasto público en publicidad, que sólo en 2017 a escala federal fue de por lo menos 7,800 millones de pesos y que a lo largo del sexenio ha significado un ejercicio superior a 71% de lo presupuestado. Una regulación de gran calado debe incluir mecanismos de control sobre los principales receptores de ese gasto, los medios de comunicación, para impactar positivamente en el derecho a la información y la libertad de expresión.

“Estamos presenciando con gran preocupación las crecientes capacidades fácticas de las oficinas gubernamentales de comunicación para lograr inauditos alineamientos editoriales a las posturas oficiales en temas relevantes, con la sincronización que aspiraría a lograr un buen director de orquesta en la ejecución de una pieza musical”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la semana pasada. En esa dinámica participan medios en defensa de su “viabilidad financiera y subsistencia”, como dijo De Hoyos, y otros que la tienen como forma de vida y modelo de negocio.

La coalición #MediosLibres —integrada por organizaciones y medios como Artículo 19, Amedi, Fundar, Quinto Elemento Lab y Wan-IFRA— impulsa un decálogo de bases mínimas para regular la publicidad oficial y respetar los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que obliga la reforma constitucional. El noveno punto del decálogo habla sobre los “mecanismos de control” y aborda parte de las responsabilidades de los medios, como declarar el “conflicto de interés” para la licitud en la asignación de contratos. Es un paso adelante, pero uno bastante tímido.

Los medios forman una industria ajena a la rendición de cuentas (accountability) sobre sus propias operaciones lucrativas y su relación con las fuentes de financiamiento, principalmente las públicas, una fuerte paradoja de su papel como vigilantes del ejercicio del poder público y corporativo. Tampoco están obligados a la participación ciudadana, al tratarse de entidades privadas y a pesar de que los ciudadanos son partes interesadas (stakeholders), en ocasiones beneficiarios y en ocasiones afectados del trabajo periodístico. Mi propuesta de accountability va más allá de los media accountability systems desarrollados por académicos como Claude-Jean Bertrand o Denis McQuail, que impulsan la transparencia sobre la producción de la información. Mi idea es impulsar la transparencia sobre el financiamiento, con la instauración de mecanismos de control de acceso público (páginas de transparencia en los sitios digitales de los medios) en donde se publiquen reportes periódicos sobre la facturación a gobierno, la publicidad oficial difundida y las tarifas con valor de mercado que representó esa publicidad, además de otros ingresos de fuentes públicas en metálico o en especie (estímulos fiscales y otros instrumentos relacionados directamente con la compañía o con el grupo mercantil y financiero al que pertenece). Al mismo tiempo, y motivados por una regulación comprometida con la autorregulación en la industria, los medios deben implantar modelos contra el fraude al interior de las compañías —una práctica de gobierno corporativo— para volver más difícil la corrupción de la organización o de los periodistas con sus fuentes (lo que se conoce como chayote).

Los medios de comunicación son indispensables en los regímenes democráticos, como vigilantes del uso y abuso del poder y del ejercicio de los recursos públicos. La transparencia de sus actividades periodísticas y de negocio, como iniciativas privadas que buscan de manera legítima beneficios para sus accionistas, debe ser una prioridad para la plena rendición de cuentas. Estamos en una coyuntura imperdible que debemos aprovechar en beneficio de todos, que tenga repercusión y que genere desde la honestidad corporativa verdaderos alicientes al sistema democrático de México.

La imagen que acompaña este post es original de Esther Vargas y fue tomada de su cuenta en Flickr. Usa una licencia Creative Commons.

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