“El poder punitivo de significación política no es el que se ejerce sobre los criminalizados, sobre los pocos criminalizados que pertenecen a clases subalternas, que no tienen poder, sino el que se ejerce sobre los que estamos sueltos, es el poder de vigilancia sobre todos los que integramos la sociedad”, afirma el jurista y criminólogo Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y eso fue lo que atestiguamos este lunes con la investigación publicada en primera plana por The New York Times y a través del reporte Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, elaborado por las organizaciones Article19, R3D y SocialTIC: que el gobierno mexicano utiliza software de espionaje para intervenir teléfonos de periodistas, activistas e investigadores incómodos).

Y continúa Zaffaroni: “Mucho más importante que criminalizar a un ladrón o a un psicópata asesino es saber a dónde vamos, con quién hablamos, qué libro leemos, con qué banco operamos, qué compramos, cuánto ganamos, dónde estamos. Toda esta información es material de control y de eventual extorsión. Pero la gente se siente más segura con más controles; ignora que puede caer en la inseguridad más absoluta si toda esa información llega a manos equivocadas”.

Así se procede en México: importa más amedrentar a periodistas, activistas e investigadores incómodos que averiguar sobre las finanzas del narcotráfico y sus fuentes para el lavado de dinero; importa más vulnerar la privacidad de los ciudadanos que desarticular las redes de contubernio político que posibilitan las operaciones del crimen organizado; importa más implantar una lógica de silencio que hacer cumplir la ley. Una plena exhibición del poder punitivo.

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Este comentario originalmente se publicó en El Economista el 19 de junio de 2017.

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