Trabajadores fantasmas, imagen original de Iván PC publicada en Flickr, con licencia CC BY 2.0.

El Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica Universal se entiende como “el derecho de todas las personas a contar con una cantidad mínima de recursos para afrontar sus necesidades básicas”. Cualquier persona que lea esta frase está de acuerdo. Todos los seres humanos tienen el derecho de cubrir sus necesidades de subsistencia. El debate no es si es necesario o no, sino cómo aplicarlo de manera eficiente y correcta en las estructuras de los Estados.

El primer punto es: ¿a quién se le debe otorgar? Hay dos corrientes bien marcadas.

  1. La primera señala que a todos los ciudadanos que tengan residencia legal en un país, incluidos los extranjeros.2
  2. La segunda aboga por otorgar el beneficio sólo a aquellas personas que están por debajo del umbral de renta, el camino que están siguiendo la mayoría de países.

Personalmente soy partidario de la primera corriente, ya que elimina el factor picaresco o, dicho de manera correcta, de fraude al que se puede prestar el intento de cobro de esta ayuda. Por el contrario, puede generar un pequeño aumento de la inflación de productos de la cesta básica. La entrega de la renta para las personas que sí tengan ingresos se puede producir con una reducción proporcional a la base imponible de la renta de las personas físicas.

¿Cuál es el importe? El mínimo posible para que la persona beneficiada y su familia puedan vivir. De esta manera se desincentiva uno de los argumentos clave de quienes son contrarios a la medida: la aparición de la pereza de la población a la que será más rentable no trabajar que producir.

En 2016, Finlandia instauró una prueba piloto para entregar 6,720 euros al año, importe 7.4 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 50,000 euros anuales) a 2,000 desempleados de entre 25 y 58 años. El objetivo del estudio fue ver si el ingreso mínimo vital mejoraba la búsqueda de empleo de los receptores. Fue un estrepitoso fracaso, debido a que no se midieron los beneficios de la sociedad en su conjunto, sino cuánta gente encontró trabajo.

El ejercicio más reciente de un país en incorporar la renta mínima universal a su ordenamiento jurídico ha sido España, que ha fijado la cuantía de la ayuda en 5,338 euros, 5-6 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 30,000 euros anuales). En el país ibérico, además de ser necesario contar con un nivel de renta inferior al mínimo vital, se ha fijado un requisito más: importes máximos de patrimonio excluyendo la vivienda habitual.

¿Cómo se debe entregar esta ayuda? 100% de manera digital y contra el registro fiscal del ciudadano en la agencia tributaria del país. De esta manera, evitaremos gran cantidad de fraudes y la entrega de ayudas incompatibles entre sí. Todo(a) ciudadano(a) debe estar registrado.

El receptor de la ayuda debe entrar en la formalidad laboral desde el momento de recibir la ayuda e iniciar programas de búsqueda activa de empleo. Deben ser requisitos indispensables para fortalecer al Estado y permitir, con el paso del tiempo, que en un futuro todos tributemos.

Y ahora viene la cuestión que más debate puede abrir: ¿de dónde deben proceder los fondos? La mayoría de los países han optado por tomar fondos de sus cajas de la seguridad social, en concreto de su caja de pensiones. Un error a mi parecer. La caja de las pensiones debe siempre crecer con las aportaciones, no menguarse para otros fines. Aquí deberíamos poner un alto a los países y replantearnos el origen de esta nueva caja.

Soy partidario de aplicar una mayor carga tributaria del impuesto de patrimonio. Si lo recaudado por este impuesto se destina al ingreso mínimo vital, cumple una función redistributiva por una doble vía: por el cobro del impuesto a las personas de mayor patrimonio y por la entrega de los recursos a las personas con menor renta. En caso de que no sea suficiente con el aumento de la recaudación el IVA puede ser un buen complemento (y no, no me refiero a aumentar el IVA, sino a que se persiga el fraude en este impuesto).

Si ampliamos el concepto aparecen dos puntos clave que nunca debemos olvidar: seguridad y sanidad universal, que, aunque parezca que no entran en la ecuación, son la base. No podemos hablar de renta básica universal si el Estado no garantiza, y con anterioridad, estos. Cosa que ahora mismo no sucede en la mayoría de los países.

Alejandro Cubí es Director de Desarrollo de Negocio e Internacional enTirant lo Blanch.

Twitter: @Alejandro_Cubi

Oficinas centrales del Inai en el sur de la Ciudad de México. Foto: Inai

La edición 2019 de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid) tiene información preocupante: sólo 3.5% de quienes se incorformaron ante alguna autoridad pública por un supuesto mal uso de datos personales acudió al Inai, la oficina pública creada explícitamente para la protección de los datos personales en México. El resto de los ciudadanos inconformes acudió principalmente a la Profeco (22.3%) o a la Condusef (22.3%).

¿Por qué? ¿Es que nadie conoce o nadie confía en el Inai? ¿Es falta de promoción del Inai y de sus atribuciones? ¿O es que los ciudadanos identifican la protección de datos personales como un tema relacionado con la protección de los consumidores y no como un derecho fundamental?

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Ilustración original de Nayely Tenorio para El Economista.

La edición 2020 del Digital News Report es un compendio de malas noticias para la industria de las noticias en México. La confianza en general cayó 11 puntos, a 39%, y particularmente los periódicos y los noticieros de televisión perdieron más de 10 puntos como fuentes informativas. El medio de mayor credibilidad es de origen extranjero: CNN, y el de mayor alcance es Azteca Noticias.

La preferencia en las redes sociales superó casi tres veces la de los periódicos (70% vs 26%). Facebook (+3 puntos a 77%) y YouTube (+2 puntos a 44%) aumentaron su penetración (un mayor uso), a pesar de ser vías para la propagación de noticias falsas (rumores, chismes y desinformación).

La disposición para pagar por el contenido en México apenas creció un punto, a 17%, de acuerdo con el Digital News Report 2020, el estudio más completo sobre el consumo de noticias a escala global.

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Imagen original del Infonavit, el instituto de crédito público para la vivienda en México.

¿Es posible ejercer a plenitud derechos civiles en las condiciones de habitabilidad que viven los mexicanos? Los responsables del estudio “Condiciones de habitabilidad en las viviendas y el entorno urbano ante aislamiento por Covid-19” no formulan explícitamente esa pregunta, pero las conclusiones de su trabajo parecen generar una respuesta irrefutable: no, no es posible. Y tampoco es que sea posible fuera del domicilio privado: el diseño de nuestras ciudades profundiza desigualdades y desincentiva la solidaridad y la participación política y ciudadana.

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El senador Ricardo Monreal Ávila, atendiendo a una videoconferencia el jueves 11 de junio con representantes de la delegación de la Unión Europea en México. Foto: Ricardo Monreal / Twitter

En lugar de que el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) se convierta en el líder y legislador digital que México necesita, prefiere optar por desmantelar un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que funciona a cambio de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que fusionaría los reguladores de telecomunicaciones y radiodifusión (IFT), competencia económica (Cofece) y energía (CRE).

La principal razón para no fusionarlos debiera ser que el IFT tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (incluida la banda ancha e Internet), los derechos de las audiencias, de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y la libertad de expresión. Todos estos derechos humanos requieren un conocimiento y un tratamiento específicos para promoverlos, difundirlos y garantizarlos. 

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“No podemos volver a la normalidad porque la normalidad que teníamos era precisamente el problema”. Imagen original de WHO/OMS

El Diccionario de la RAE define desarrollo “evolución de una economía hacia mejores niveles de vida”. Yo agregaría “en los aspectos económico, social, moral, científico, cultural, etcétera”. La palabra desarrollo, tras la revolución industrial, se prostituyó. Desarrollo no significa generar más riqueza de manera constante. Significa avanzar y mejorar. Pese a que en muchas áreas del conocimiento hemos progresado en los dos últimos siglos, nos hemos pegado estrepitosos batacazos, como con la contaminación.

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Imagen corporativa de Bitso, un operador mexicano para la compraventa de criptomonedas (bitcoins, litecoins, ethers, trueUSD, manas, BATs, golems, DAIs y XRPs), difundida en su cuenta de Facebook.

Una analepsis es una figura retórica de la literatura que se utiliza para presentar escenas del pasado rompiendo la secuencia cronológica de la obra. En inglés puede compararse con el flashback. Y es justo lo que ocurrió por estos días con la narrativa sobre Bitso, el gran operador de criptomonedas de México y uno de los actores fintech más profesionales y experimentados del mercado local. El 17 de mayo un supuesto hacker puso a la venta documentos con datos personales de clientes de Bitso. La noticia llegó con retraso de 4 años: Bitso confirmó que sufrió una vulneración a sus bases de datos, pero que se trató de un incidente ocurrido en 2016 “que fue analizado y atendido” en su momento, que la información vulnerada pertenecía a clientes registrados antes de junio de ese año, que los datos filtrados eran insuficientes para “ingresar a las cuentas” y, lo más importante, que los fondos estaban asegurados.

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Imagen corporativa de Facebook Business sobre Facebook Shops.

Tiendas de Facebook es el nuevo paso del gigante de las redes sociales en el comercio electrónico. El movimiento se daba por descontado: hace años que Facebook ofrece herramientas de e-commerce en los perfiles sociales de las empresas y opera un muy activo mercado de segunda mano, sin mencionar sus servicios de publicidad y sus soluciones de remarketing y retargeting —seguir a donde quiera que vaya al usuario que se ha interesado por una publicación con la intención de hacerlo gastar.

El lanzamiento de Tiendas de Facebook es su esfuerzo para concentrar su práctica de comercio electrónico y, sobre todo, facilitar la creación y la operación de tiendas dentro de la red social, vista como una red integrada por las redes sociales Facebook e Instagram y los servicios de mensajería instantánea WhatsApp y Messenger. Y, sobra decirlo, es la llegada de un nuevo monstruo para competir con Mercado Libre, eBay y Amazon en la oferta de marketplaces (esto es: la posibilidad de que terceros utilicen la tecnología de estas compañías para crear tiendas dentro de esas plataformas).

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Sanjuana Martínez Montemayor, al rendir protesta como directora general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el 21 de marzo de 2019. Foto: Senado de la República

Notimex cambió de giro. De ser la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se convirtió en una oficina postal que envía cartas a personas, asociaciones o instituciones educativas que cuestionan su desempeño. Apenas el 1 de junio la agencia cambió su imagen con el lema “verdad, libertad y derecho a la información”, lo que más se le cuestiona que no ejerce.

“Credibilidad” es la palabra clave de las agencias informativas internacionales. Notimex está envuelta en desprestigio y desconfianza. ¿Quién menciona a Notimex como referencia informativa? Nadie. De nada sirve que se diga que la agencia no cumple con su principio rector de independencia editorial y de coadyuvar al ejercicio del derecho a la información. La directora Sanjuana Martínez lo niega y se defiende con uñas y dientes enviando cartas a diestra y sinistra. Es su opinión contra la percepción de todos. Sanjuana se siente empoderada: el presidente López Obrador la respalda y no cree lo que se dice de ella y de Notimex.

Con absoluto desconocimiento del marco regulatorio, el Director de Asuntos Jurídicos de la agencia firma solicitudes de derecho de réplica hacia organizaciones civiles y universidades como el ITESO de Guadalajada, a pesar de que no son medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes, como dice la ley en la materia. Lo común es que se le pida derecho de réplica a un medio. Pues no, el medio público le pide derecho de réplica a las ONG y a las instituciones educativas.

No me referiré al conflicto laboral en Notimex. Tampoco al estudio del proyecto Signa Lab del ITESO, “Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación. El caso de experiodistas de Notimex”, que concluye “ataques coordinados a periodistas” realizados no por algoritmos sino por “personas que operan de manera intencional y coordinada” contra periodistas que trabajaron en la agencia de noticias y que “mostraron inconformidad por la actuación de las autoridades de Notimex”.

Escribiré del desempeño de la agencia. Primero, no tiene actualizadas sus obligaciones de transparencia porque no es posible localizar el Informe Anual de Actividades 2019 de la agencia.

Notimex es una empresa del Estado que vende servicios informativos. En marzo de 2019 (cuando Sanjuana Martínez asumió como directora), la agencia tenía 449 clientes; en diciembre del mismo año bajó a 412 clientes. En sólo 9 meses de gestión de Sanjuana Martínez Notimex perdió 37 clientes, que por lo general son gobiernos y medios de comunicación nacionales e internacionales que utilizan textos, fotos o infografías que produce la agencia.

En 2019 proyectó vender 42 millones de pesos; sólo vendió 29.5 millones, 29.68% menos que lo esperado. Sanjuana: ¿cómo quieres vender más si publicas notas como ésta: “Lilly Téllez se viste de azul tras renegar del morenismo”, donde claramente se busca desacreditar a la senadora por abandonar el movimiento que tú defiendes desde Notimex? O esta otra: “Falso que México tenga la mayor letalidad de Covid-19 en AL: AMLO”, cuando existen abundantes fuentes que señalan que México sí tiene la mayor letalidad por esa enfermedad en la región. ¿Crees que ese tipo de notas editorializadas, malintencionadas y con datos no verificados atraen a los clientes? Sanjuana: la facturación de Notimex en 2019 fue la más baja desde 2013.

Facturación de Notimex
2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
35,381,630.69 40,496,702.74 45,967,803.11 43,475,740.48 41,386,243.00 39,810,802.64 29,534,178.65
Cifras en pesos de cada año. Fuente: Notimex
Presupuesto de Notimex
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
214.9 212.8 226.7 236.9 206.9 213.3 216.4 209.1 220.5
Cifras en millones de pesos de cada año. Fuente: SHCP y Notimex

Sanjuana: pelearte con todos y no enfocarte en el crecimiento de la agencia le está causando un daño patrimonial a Notimex. Aunque te defienda, no creo que eso le guste al presidente AMLO. Toda la politiquería alimenta las redes sociales y degrada la confianza en Notimex, pero mientras eso ocurre las ganancias de la agencia se diluyen. Me parece grave.

Notimex apenas tiene 20% de los impactos en la prensa de la Zona Metropolitana de una muestra de 19 diarios. Sí es la agencia más citada, pero está lejos del 47% que llegó a tener en 2009. Hay mucha competencia con otras agencias internacionales, por eso se requiere profesionalismo, lo que no significa convertirse en la agencia vocera de la Cuarta Transformación.

Los periódicos, la iniciativa privada y los medios digitales fueron los principales clientes de Notimex en 2019, los cuales representaron 74.1% de las ventas. Antes el gobierno era el segundo mejor cliente después de los diarios, pero las ventas se desplomaron con la 4T. De una facturación de 9.9 millones en 2018, cayó a 3.1 millones en 2019. Los gobiernos compran y consumen menos los contenidos de Notimex. ¿Por qué no ganar la confianza de otras audiencias con los principios bajo los cuales debe regirse Notimex: “Absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las entidades federativas, bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad”?

El Informe Anual de Actividades 2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Notimex arroja los resultados de un cuestionario de percepción de cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. Los resultados de autopercepción no son alentadores: imparcialidad: 7.19, profesionalismo: 7.51, objetividad: 7.28, respeto a los derechos humanos: 6.77 (la calificación más baja), liderazgo: 7.04. Si así de mal se ve Notimex por dentro, la percepción afuera es aún peor.

Sanjuana: espero tu solicitud de derecho de réplica porque la fortaleza del periodismo radica en que es una actividad falible que, al verificar, permite a la sociedad ejercer su derecho a la información. Pero te recuerdo que el derecho de réplica es sobre información o hechos inexactos y no sobre opiniones. Y todos los datos que aquí incluyo están en el portal de la agencia.

Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

Twitter: @beltmondi

Ingreso al Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa Paseo. Imagen tomada del sitio https://www.marriott.com/

Marriott International lo ha hecho de nuevo. La cadena de hoteles más grande del planeta ha sufrido una nueva fuga de datos personales. Es la segunda fuga de proporciones mayúsculas en menos de tres años, desde que en 2018 notificó de un hackeo que expuso información de 500 millones de clientes. En el nuevo incidente de seguridad estuvieron expuestos datos personales de 5.2 millones de clientes durante 45 días, de acuerdo con lo que informó Marriott el 31 de marzo pasado

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