José Soto Galindo
13 diciembre, 2021
¿Dónde quedaron los abogados pro bono y las organizaciones civiles que a mediados de año regalaban amparos contra el registro de datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares?
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7 diciembre, 2021
El Inai tuvo la oportunidad de refutar esa ley en la Suprema Corte e intentar la defensa de la privacidad de los ciudadanos ante el riesgo de una vigilancia masiva, indiscriminada y desproporcionada del gobierno. El Inai no lo hizo. La ley entró en vigor, con todo y el capítulo que permite la intervención de comunicaciones privadas.
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30 noviembre, 2021
Gobiernos y proveedores de servicios quieren un pedazo del pastel de nuestros datos personales. Así funciona el llamado capitalismo de la vigilancia o colonialismo de datos: edulcorando la vigilancia y el control como únicas vías para ejercer derechos o recibir servicios.
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12 abril, 2021
1. La red de espionaje creada durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), cuando Héctor Serrano fue secretario de Gobierno, tenía como insumos datos de las comunicaciones privadas de los usuarios de teléfonos celulares. Esa información es administrada por las compañías telefónicas y se supone de acceso exclusivo de instancias de seguridad y procuración de justicia. La red espió a […]
Seguir leyendoJorge Bravo
8 julio, 2019
Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): su deber es —como ya lo hicieron con la sentencia del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la llamada tarifa cero de interconexión— devolverle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la autonomía, la atribución y la especialidad técnica para resolver cualquier asunto regulatorio en esos sectores, incluidos los temas tarifarios.
Es una práctica esencial en una economía de libre mercado que los operadores de telecomunicaciones fijen libremente sus tarifas. Sin embargo, en 2014 los legisladores —investidos de regulador, sin investigación ni estudio previos— decidieron en el artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la libertad tarifaria no aplicaría a los concesionarios declarados como agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial, es decir, a América Móvil.
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30 julio, 2018
El Tribunal Electoral declaró improcedentes los seis recursos de apelación de Telcel y AT&T de México para negarse a revelar los nombres y domicilios de sus clientes que realizaron miles de llamadas telefónicas contra Andrés Manuel López Obrador. Las compañías argumentaron que entregar la información supondría una violación a la ley. Es curiosa su postura, pues durante 2017, al amparo de la ley de telecomunicaciones que obliga a las operadoras a colaborar con las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia, Telcel no puso reparos para entregar información de sus clientes y accedió a los 6,293 requerimientos que le hicieron entidades que incumplían la norma (tener un acuerdo en el DOF que acreditara al responsable de gestionar esas solicitudes); AT&T respondió a 91 requerimientos de autoridades incumplidas. 6,384 solicitudes satisfechas fuera de norma, según datos obtenidos por este reportero a través de solicitudes de transparencia. Seguir leyendo
José Soto Galindo
4 junio, 2018
Esta es la historia de una autoridad que cambió sus propias reglas para evitar la defensa de los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió por primera y última vez su obligación de informar a los ciudadanos sobre la intervención […]
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21 mayo, 2018
Durante cuatro semestres consecutivos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha incumplido con una norma diseñada por el propio instituto que le obliga a publicar en su sitio en internet los reportes que le entregan los operadores de telefonía sobre su colaboración con las autoridades de seguridad y justicia. Esos reportes generados por los operadores […]
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14 mayo, 2018
La vigilancia legal en México, a través del registro de datos de servicios de telecomunicaciones, se realiza con un desparpajo que asusta. Todo en la norma, desde su diseño hasta su aplicación, supervisión y transparencia, es un rosario de abusos, desatinos y absurdos. Las autoridades de seguridad y justicia —además de otras sin atribuciones para […]
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9 mayo, 2018
Todos los usuarios de telefonía móvil de México somos sospechosos y eso implica que nuestras comunicaciones privadas pueden ser transgredidas. Las autoridades mexicanas hicieron 75,978 solicitudes a las compañías telefónicas para que ofrecieran información de sus clientes en 2017. Fueron 200 requerimientos diarios a los operadores para que colaboraran entregando datos relacionados con el uso de las líneas telefónicas o la localización geográfica en tiempo real del dispositivo conectado a la red pública de telecomunicaciones. Miles de solicitudes se realizaron sin cumplir los requisitos de ley, pero los operadores prefieren no discutir: si una autoridad lo pide, se le entrega. Incluso si la autoridad que pide está impedida constitucionalmente, o si el funcionario que lo pide no fue designado a través de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, como dicta la norma, o si la autoridad a la que representa sólo se identificó como “FG”, “TSJ”, “PGJ”, “JCA”, “JC-JO” o, simplemente, “otra”.
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