Jorge Bravo
12 febrero, 2019
El primer director de la British Broadcasting Corporation (BBC) del Reino Unido, John Reith, definió desde el principio (1924) la misión de la naciente radiodifusora pública sin fines de lucro: “la política de la empresa es llevar lo mejor de todo al mayor número de hogares”. Esa también debería ser la misión de los medios públicos en México…
Seguir leyendoJosé Soto Galindo
17 septiembre, 2018
El periódico Noroeste lanzó el 8 de septiembre un muro de pago (paywall, como se llama en la industria), con la intención de crear un nuevo canal de ingresos para la compañía que dependa exclusivamente de los lectores. Con este paywall, la lectura de los primeros 7 artículos es gratuita y luego se invita al lector a adquirir una suscripción digital. La iniciativa de Noroeste es la primera de un medio de carácter regional —en este caso con sede en Culiacán, Sinaloa— y la segunda en México para cobrar a los lectores que consultan un sitio noticioso en línea.
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17 septiembre, 2018
La compañía con sede en Culiacán, Sinaloa, es el primer medio regional que le apuesta a un modelo de suscripción digital de pago por contenido. “Le estamos apostando no a ser los reyes del tráfico sino a construir un mercado propio”, en palabras de Adrián López Ortiz, su director general.
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Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Grupo Milenio pasó la podadora y recortó decenas de puestos de trabajo. Hay quienes hablan de despidos de hasta 150 personas. Lorenzo Meyer y José Woldenberg dejaron de publicar esta semana en Reforma, al parecer por razones económicas. Fernanda Familiar dejará de producir su revista impresa después de 15 años. ¿Es hora de chocar nuestras cabezas unos contra otros y sacarnos los sesos?, pregunta el periodista Kent Brockman al Profesor Cocoon en Los Simpson.
Un ambiente de nerviosismo se vive en distintas redacciones de medios de comunicación. La advertencia de que Andrés Manuel López Obrador reducirá 50% el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno federal ha dejado una sensación de urgencia. En algunos casos las instrucciones corporativas han sido muy explícitas: “O se reducen costos o se suben ingresos”. Y hay quienes optan sólo por la primera opción. Tampoco debe sorprendernos: buscar la chuleta en un mercado abierto es mucho más complicado que negociar con el funcionario en turno la “bajada” de recursos públicos. Y si el dinero público ya no estará disponible, suena lógico elegir la primera instrucción corporativa: los recortes.
No podemos dar por hecho que el anuncio de una menor inversión pública sea la causa directa de los recortes y políticas de austeridad al interior de los medios de comunicación. Tampoco de su desaparición. Hay muchos factores que impactan el negocio de la industria periodística y de contenidos, desde la emergencia de nuevos competidores (como Buzzfeed: un medio estadounidense haciéndose un hueco entre la audiencia y el mercado publicitario mexicano), la migración de los presupuestos publicitarios hacia Google y Facebook o las tendencias de concentración de medios que motivan férrea disciplina financiera y menores costos de producción. Pero tampoco cabe duda de que el anuncio de AMLO ha alborotado las cosas.
En el río revuelto hay quienes aprovechan para rasurar sus redacciones y otros que se preparan para un escenario de ingresos negativos. Las opciones no son excluyentes. La apuesta sensata a largo plazo es la calidad del contenido. Y parece que entre los actores tradicionales no está contemplada.
Hay motivos para la expectación: si AMLO cumple su palabra y reduce el presupuesto de la publicidad oficial, habrá menos dinero público para repartir. ¿Entonces es hora de chocar nuestras cabezas? Por supuesto que no: es hora de esperar una transformación en el ecosistema de medios pensada exclusivamente en mejorar el servicio y los productos que ofrecemos a los consumidores.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto http://economicon.mx
Contactar a José Soto Galindo en soto[arroba]economicon.mx
Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
La maestra Elba Esther Gordillo fue dueña del SNTE, el sindicato federal de maestros de México, de 1989 a 2013. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue aprehendida por los supuestos delitos de desvío de recursos del sindicato, delincuencia organizada y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).
El 7 de agosto de 2018, luego de 5 años, 5 meses y 11 días bajo arresto, fue puesta en libertad. La maestra regresó con todo: primero ofreció un mensaje público de unos 12 minutos para advertir que recuperará su liderazgo político y, dos días después, su abogado anunció que demandará por daño moral al periodista Carlos Loret de Mola.
En el Código Penal Federal no existen los delitos de difamación, calumnia o injurias. Lo que existe como conducta ilícita a nivel federal, relacionada con el ejercicio del periodismo, es el daño moral. El Código Civil Federal define el daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.
Loret de Mola no será el primer periodista que enfrente una demanda de este tipo. Un eventual proceso en su contra volverá a encender las alarmas sobre la judicialización del periodismo en México y las distintas maneras de callar y censurar a los periodistas. Como en todo, hay casos más complejos que otros, pero vale la pena tenerlos en la mira.
Loret de Mola se unirá a una lista cada vez más abultada de periodistas que enfrentan demandas por daño moral. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al analista Sergio Aguayo y exigió en tribunales una indemnización de 10 millones de pesos. A Moreira no le gustó que Aguayo opinerada que su carrera política “olía a corrupción y que era un ejemplo de impunidad”.
El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, también exige 10 millones de pesos al periodista Humberto Padgett como reparación de daño moral. Padgett participó con un perfil sobre Eruviel Ávila en el libro Los Suspirantes 2018, en donde denunció que el exgobernador conoció de supuestas situaciones sexuales con menores de edad que involucran a Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec. Antes de cargarla contra Padgett, Moreira ya había practicado la estrategia contra el periodista Pedro Ferriz de Con.
El abogado de Emilio Lozoya Austin amenazó con presentar demandas por daño moral contra quienes resulten responsables de la supuesta “campaña mediática” en su contra. La amenaza pareció estar dirigida a los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes han dedicado los recientes dos años a documentar los vínculos de Lozoya, exdirector general de Pemex, con el departamento de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Rodríguez Reyna dirige la multipremiada revista emeequis y Alejandra Xanic es el único mexicano que ha ganado un Pulitzer en periodismo.
Otro caso es el de Carmen Aristegui. El empresario Javier Vargas, propietario de MVS, considera que la periodista dañó su reputación en el prólogo del libro La casa blanca de Peña Nieto: La historia que cimbró un gobierno. En el texto introductorio al reportaje sobre una mansión que Peña Nieto compró a un proveedor de gobierno, Aristegui describió la relación de Vargas con el presidente y hace consideraciones sobre la manera en que ésta pudo influir para evitar la publicación del reportaje.
También paradigmático fue el caso Marta Sahagún vs. Olga Wornat y la revista Proceso, por el libro biográfico La Jefa. En el libro, Wornat abordó detalles de la vida privada de Sahagún que no gustaron a la esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada.
Para el relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las demandas por daño moral o las denuncias por difamación, calumnia o injurias donde se puedan sirven a los poderosos como herramienta para inhibir la libertad de expresión.
El delito de difamación está vigente en Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. El delito de calumnia está vigente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, como documenta Eréndira Aquino en un artículo de Animal Político.
“Muchos funcionarios de gobierno o jerarcas públicos invocan las leyes penales sobre la calumnia, la injuria y la difamación de la misma forma que las leyes de desacato, con la misma intención de silenciar a los periodistas cuyos artículos periodísticos critican asuntos de interés público”, describe la CIDH.
Las demandas y denuncias no son las únicas herramientas utilizadas para callar y censurar periodistas, pero tienen una gran efectividad. Un proceso judicial suele ser engorroso y apuesta al agotamiento de alguna de las partes, sobre todo de la que tenga menos tiempo y dinero. Si un periodista no tiene el apoyo de su medio de comunicación, tendrá que hacer uso de recursos propios o esperar la solidaridad de terceros. Y, para bien o para mal, no todos los periodistas en México tienen la fama de un Loret de Mola o una Carmen Aristegui.
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto http://economicon.mx
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Pedro Kumamoto, miembro del movimiento Wikipolítica y quien se volvió referencia nacional al impulsar una ley para regular el financiamiento público a los partidos políticos, promueve una nueva regulación de la publicidad oficial y la inversión pública en los medios de Jalisco. Bautizó la iniciativa como #MiDineroNoEsChayote. Así quiere dejar claro el objetivo: que el presupuesto público no sirva para controlar a los medios ni influir en el trabajo de los periodistas, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
Con la palabra chayote se conoce en México al soborno que se hace a medios y periodistas para proteger el “buen comportamiento de la fuente de información”, como describe el periodista Raymundo Riva Palacio en su Manual para un nuevo periodismo: Desafíos del oficio en la era digital (Grijalbo, 2013).
Entre las múltiples formas del chayote, además del dinero contante y sonante, se encuentran los viajes todo pagado dentro y fuera del país para realizar coberturas, aparatos electrónicos, libros, libretas, juguetes y, sobre todo en Navidad, botellas y canastas con productos caros.
“Los empresarios de la prensa —continúa Riva Palacio— suelen solapar esta práctica porque les significa una compensación de los bajos salarios que pagan, mientras que las instituciones acostumbran a darlo de forma mecánica a manera, sostienen, de gratificación”. Y es cierto: ante la precariedad laboral, muchos ejecutivos consideran que el chayote y los regalos en especie son una herramienta para “motivar” a sus trabajadores. Esta dinámica fomenta una relación de subordinación entre medios de comunicación y las fuentes informativas con poder para pagar lo que un medio no quiere o no puede pagar.
Aquí entra en escena Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente de Jalisco y quien fracasó el 1 de julio en su intento por convertirse en senador. Kuma ha vuelto al Congreso con la intención de terminar con el chayote —cuando menos el que sale del presupuesto público— y mejorar las condiciones de los profesionales de los medios de comunicación.
Kumamoto, miembro del movimiento Wikipolítica y quien se volvió referencia nacional al impulsar una ley para regular el financiamiento público a los partidos políticos, promueve una nueva regulación de la publicidad oficial y la inversión pública en los medios de Jalisco. Bautizó la iniciativa como #MiDineroNoEsChayote. Así quiere dejar claro el objetivo: que el presupuesto público no sirva para controlar a los medios ni influir en el trabajo de los periodistas.
La iniciativa de Kumamoto se propone:
1. Que los presupuestos para publicidad y promoción de programas y entidades públicas se asignen a medios acreditados en un padrón estatal y que cuenten con un código de ética y un defensor de la audiencia.
2. Que los medios que reciban presupuesto público para publicidad oficial destinen 20% de los recursos en capacitación, actualización y profesionalización de sus periodistas, “así como en salarios y prestaciones”.
Según un estudio de las académicas Mireya Márquez Ramírez y Sallie Hughes sobre la precariedad de los profesionales del periodismo, 3 de cada 10 tienen por lo menos dos fuentes de ingresos y sólo 13.9% gana más de 15,000 pesos por su trabajo periodístico. Según estas académicas de la Ibero y la Universidad de Miami, esto “implica que para muchos de los encuestados el periodismo no garantiza un ingreso digno”. Nada justifica la corrupción del chayo, pero las condiciones laborales crean vulnerabilidad. También debilitan la capacidad de los periodistas de hacer un mejor trabajo, comprometido con el servicio público que se aspira de ellos.
El gobierno y los municipios de Jalisco estarán obligados a verificar que se cumplan las condiciones mínimas de bienestar laboral de los periodistas, me dijo Kumamoto el miércoles, en una entrevista telefónica para charlar sobre #MiDineroNoEsChayote. De aprobarse su propuesta, dijo, se “mandaría un gran mensaje a nivel nacional”.
La iniciativa de Kumamoto recoge planteamientos de asociaciones y colectivos en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, como la Amedi y las ONG Fundar y Artículo 19. Pero no la tendrá fácil en el Congreso de Jalisco: existen otras cuatro iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y una de los diputados Enrique Aubry de Castro, Omar Hernández Hernández y Érika Lizbeth Ramírez. El diputado independiente Kumamoto deberá consensuar con sus compañeros legisladores para lograr acuerdos e impulsar la aprobación de —si no toda la iniciativa— los puntos que él y su equipo consideran indispensables.
Kumamoto está a contra reloj. Su mandato como diputado termina el 31 de octubre. Son poco más de dos meses de trabajo. Tiene esperanza: “Con voluntad política podríamos sacar esta iniciativa y las demás, pero habrá que ver qué opinan” los otros legisladores. La esperanza ha sido un elemento clave en la carrera política de Kumamoto. ¿Bastará la esperanza para controlar el chayote y reducir la censura de los medios?
Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Contacto: soto.galindo@gmail.com https://twitter.com/holasoto http://economicon.mx
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La reducción de 50% del presupuesto del Gobierno Federal para la compra de publicidad oficial, como ha prometido Andrés Manuel López Obrador, podría resolver sólo una parte del problema sobre la calidad de la información que producen y difunden los medios de comunicación. La otra parte, de mucha mayor complejidad, la representan la concentración de la propiedad de los medios —que pocas compañías sean dueñas de la mayoría de los medios, lo que en futbol se conoce como multipropiedad, o que concentren la mayor cantidad de audiencia— y la diversidad de negocios de las corporaciones que hacen que el contenido no sea su principal fuente de beneficios económicos, escribe José Soto Galindo en este artículo para Buzzfeed News México.
La reducción de 50% del presupuesto del Gobierno Federal para la compra de publicidad oficial, como ha prometido Andrés Manuel López Obrador, podría resolver sólo una parte del problema sobre la calidad de la información que producen y difunden los medios de comunicación. La otra parte, de mucha mayor complejidad, la representan la concentración de la propiedad de los medios —que pocas compañías sean dueñas de la mayoría de los medios, lo que en futbol se conoce como multipropiedad, o que concentren la mayor cantidad de audiencia— y la diversidad de negocios de las corporaciones que hacen que el contenido no sea su principal fuente de beneficios económicos.
Los ciudadanos confían en que el gobierno que encabezará AMLO a partir del 1 de diciembre de 2018 atenderá de manera prioritaria la mejora de los salarios, el combate a la corrupción y la inseguridad en México. La satisfacción de esas expectativas debe ser vigilada por los medios de comunicación, como auditores del cumplimiento de las promesas electorales y con la denuncia constante de posibles desviaciones cuando estén involucrados bienes y recursos de todos los ciudadanos. Y eso sólo es posible cuando se cuenta con medios libres e independientes.
La publicidad oficial como forma de censura y control, la concentración de la propiedad de los medios y la diversidad de negocios de las corporaciones dueñas de los medios forman una triada peligrosa para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La publicidad oficial es la parte más visible, pero no es la de mayor incidencia para la difusión de información que dé servicio a la ciudadanía y ayude a la toma de decisiones políticas, económicas y recreativas.
La venta de espacios de publicidad al gobierno representa en muchos casos más de la mitad de los ingresos de los medios de comunicación, como se documentó en Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México, un estudio de WAN-IFRA y CIMA publicado por Proceso en 2014. Existen medios que incluso basan su modelo de negocio sólo en esa vía de financiamiento. La publicidad oficial ha funcionado como forma de censura y control de los medios, con la clara intención de difundir la información que conviene a quien paga la nómina y los demás costos, en detrimento de la calidad y el servicio para los ciudadanos.
Es archiconocida la frase del expresidente José López Portillo que dice “No pago para que me peguen”, como el culmen de la expectativa del poderoso al invertir en un medio de comunicación. La expresión hace referencia a la dispersión del presupuesto público hacia los medios, que aún es una fuente de ingresos imprescindible para las finanzas de muchas compañías.
La organización civil Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, define la publicidad oficial como la compra de espacios “en los distintos medios de comunicación por los órganos de gobierno para difundir información de interés público”. Según su informe Democracia simulada. Nada que aplaudir, entre enero de 2013 y diciembre de 2017 el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto destinó 40,600 millones de pesos a la compra de publicidad oficial. La mitad de ese dinero se destinó únicamente a 20 compañías de medios.
Veamos un caso concreto. En la radio de la Ciudad de México, seis grupos radiofónicos cuentan con 35 frecuencias que tienen un alcance promedio acumulado de 60% de la audiencia. Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre Gómez es el más poderoso, con 11 frecuencias y un alcance promedio de 16 de cada 100 escuchas (en realidad tiene 12, pero una la tiene “rentada” a Grupo Siete). El dueño de Grupo Radio Centro, además, está por lanzar su propio servicio de televisión abierta en la Ciudad de México, con el que podrá transmitir en cuatro canales simultáneos, lo que representa la posibilidad de incrementar su audiencia y aumentar su poder político.
“Si bien los medios son actores con gran capacidad para proponer, discutir y fijar asuntos, también tienen el poder para ocultar e inhibir temas de la agenda en el espacio público”, escribió el profesor de la Ibero Manuel Alejandro Guerrero en Medios de comunicacion y la función de transparencia, publicado en 2008 por el Ifai (hoy Inai). Grupo Radio Centro podría, por ejemplo, masificar un mensaje a través de todos sus medios para celebrar o atacar a un determinado actor o grupo político e incidir en la manera en que la audiencia percibe su imagen. O al revés: podría evitar la difusión de una noticia que pusiera en riesgo la reputación de sus socios comerciales o que afectara sus intereses económicos, en detrimento del derecho a la información de la audiencia.
Non vidi, ergo non esto (“Para el hombre que puede ver, lo que no ve no existe”) fue la expresión que utilizó Giovanni Sartori en su clásico Homo Videns: ¿si Radio Centro no habla de la desigualdad en México, la desigualdad en México existe?
José Soto Galindo
19 julio, 2018Las medidas anunciadas por AMLO y su equipo prometen un cambio de raíz en un montón de cosas y lo que no pudo hacer la ley para regular la publicidad, aprobada en abril pasado por orden de la Suprema Corte, podría hacerlo el programa de austeridad del próximo gobierno: hacer más eficiente el gasto público […]
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19 abril, 2018
La primera foto muestra a los 142 miembros del personal de Redacción de The Denver Post en el lobby del periódico el 15 de mayo de 2013. La foto de más abajo expresa “el número de víctimas que los despidos y la rotación constante han tenido en el personal en los últimos cinco años”. The […]
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6 marzo, 2018
Los medios de comunicación en México, como actores con poder e injerencia en la vida económica, social y política del país, deben ser obligados a rendir cuentas sobre el dinero público recibido, ya sea como pago por el espacio para la difusión de información pública —la llamada publicidad oficial— o por otros servicios ofrecidos al […]
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