La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano, emitió la inmediata aplicación de una serie de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los vecinos del río Santiago en Jalisco, un cauce hipercontaminado cuyas aguas reciben las descargas tóxicas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto.

La CIDH constató en su documento, el número 708-19 con fecha del 5 de febrero de 2020, lo que los propios vecinos y decenas de institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de defensa de los derechos humanos, periodistas, representantes de las Naciones Unidas e incluso oficinas públicas como Conagua han denunciado desde hace más de 20 años: que el río Santiago y sus alrededores son un peligro para las poblaciones aledañas, debido a sus altos niveles de sustancias contaminantes. Basta con acercarse al cauce del río Santiago, que nace en el lago de Chapala, para sentir la picazón en los ojos y saturarse con su peste a fertilizantes.