Fachada de la estación de radio XEW, que perteneció a Grupo Televisa, en la calle de Ayuntamiento, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Televisa, Interjet, Radio Centro, Imagen y El Heraldo son algunos de los grupos que han movido la radio en México en los meses recientes. Ese medio centenario no ha perdido relevancia. La radio ya vivió su crisis existencial con el surgimiento de la televisión y la digitalización es más una oportunidad que una amenaza. Pero la austeridad de la Cuarta Transformación (4T) la hará sufrir lo que resta del año. Los ganadores de las 141 frecuencias de radio que por primera vez se licitaron en 2017 después de 20 años (y las 41 frecuencias que se prevé licitar en 2019) no contaban en sus previsiones de negocio que el nuevo gobierno federal recortaría el gasto en comunicación social, ni que la economía nacional se desaceleraría tan pronto.

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Campaña informativa del IFT sobre la nueva forma de marcación telefónica que regirá en México a partir del 3 de agosto de 2019. Imagen: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

El 3 de agosto entrará en vigor la marcación a 10 dígitos en llamadas telefónicas fijas y móviles y desaparecerán los prefijos 01, 044 y 045. Será más sencillo llamar por teléfono, pero lo que es más fácil de hacer no necesariamente es fácil de comunicar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lidera la campaña pero falta información, el regulador no ha tenido apoyo para que la implementación sea exitosa y aprobó modificaciones que confunden.

La marcación a 10 es importante porque en algunos estados de México la numeración está en niveles críticos, lo cual compromete la continuidad del servicio. El IFT, en lugar de incrementar los números a marcar en aquellas entidades con numeración “agotada” (como ha ocurrido en otros países), fue más ambicioso y optó por cambiar toda la numeración en todo el país. Sin numeración los operadores no pueden vender líneas, los hogares y los negocios no pueden contratar servicios ni comunicarse, lo cual afecta su derecho de acceso a las tecnologías y atenta contra el servicio público de telecomunicaciones.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (izquierda), al anunciar el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez (derecha) como nuevo Secretario de Hacienda. Foto: Presidencia de México

Ahora que se produjo un cambio inesperado en la Secretaría de Hacienda de la Cuarta Transformación, conviene advertirle a su nuevo titular, Arturo Herrera Gutiérrez, que la dependencia ha sido la gran ausente —y casi el enemigo— de las políticas públicas digitales, de conectividad, acceso universal y de medios públicos en el país.

Hacienda no se ha involucrado activamente en la digitalización de México. Tampoco en el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Carece de protagonismo en la Estrategia Digital Nacional. Se le olvida que su misión en materia financiera, fiscal, de gasto y de ingresos tiene el “propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos”, incluida la integración de la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

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El presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, en la inauguración del foro Mobile 360 de la GSMA en la Ciudad de México, el 4 de junio de 2019. Foto: Cortesía Telcel
El presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, en la inauguración del foro Mobile 360 de la GSMA en la Ciudad de México, el 4 de junio de 2019. Foto: Cortesía Telcel

Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): su deber es —como ya lo hicieron con la sentencia del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la llamada tarifa cero de interconexión— devolverle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la autonomía, la atribución y la especialidad técnica para resolver cualquier asunto regulatorio en esos sectores, incluidos los temas tarifarios.

Es una práctica esencial en una economía de libre mercado que los operadores de telecomunicaciones fijen libremente sus tarifas. Sin embargo, en 2014 los legisladores —investidos de regulador, sin investigación ni estudio previos— decidieron en el artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la libertad tarifaria no aplicaría a los concesionarios declarados como agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial, es decir, a América Móvil.

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