Imagen institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cortesía IMSS

La doctora Ana Paulina Sánchez Palafox sufrió violencia y discriminación contra las mujeres en el IMSS. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó que se le restituya en la residencia en anatomía patológica, de la que fue expulsada en mayo de 2017, tras concluir que las autoridades del IMSS actuaron sin perspectiva de género, sin impulsar un cambio cultural que tenga a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres como principio rector. 

Sánchez Palafox posó en una fotografía en marzo de 2017 al lado de otra doctora residente quien sostiene un pie amputado a un paciente del Hospital de Especialidades 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León. “Mi primera pierna papá. Perdone usted si estas imágenes le causan molestia”, tuiteó la otra residente al publicar la fotografía en Twitter. Ardieron las redes. Ardió la prensa. Ardió Mikel Arriola, efímero director del IMSS (febrero de 2016-diciembre de 2018) y posteriormente candidato de ultraderecha nominado por el PRI para gobernar la Ciudad de México.

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Nick Couldry y Ulises A. Mejías, autores de The Costs of Connection, durante una charla en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, en noviembre. Foto: JSG

Los académicos Nick Couldry y Ulises A. Mejías tienen una teoría: el desarrollo de la tecnología digital ha gestado una nueva forma de colonización, una colonización total a través de la recopilación de los datos. Es un nuevo y enorme despojo, dicen, que sienta las bases de una realidad emergente que supera las nociones hasta ahora descritas de los llamados capitalismo digital, informacional, de vigilancia o de plataformas. Nick Couldry, profesor de la London School of Economics and Political Science, cita a Hegel para explicar que las consecuencias de esta colonización de las personas a través de los datos es una pérdida de libertad, pero sobre todo de la pérdida de nuestra memoria sobre lo que es la libertad. ¿Qué haremos si olvidamos lo qué es vivir en libertad?, se pregunta.

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Susana Distancia, personaje creado por el Gobierno de México para difundir consejos y alertas relacionados con la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Usted ve anuncios del gobierno o spots de los partidos en la televisión o los escucha en la radio porque existen los tiempos oficiales. El Presidente López Obrador cree que son “propaganda” y se los quiere “devolver” a los concesionarios de los medios electrónicos porque sus negocios atraviezan por un mal momento. Pero usted tiene derecho a recibir información de interés público en la radio y la TV.

Los tiempos oficiales están conformados por los tiempos del Estado y el tiempo fiscal. Los tiempos del Estado son 30 minutos gratuitos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social y están previstos en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El tiempo fiscal es un impuesto en especie que se remonta a 1969 y que actualmente son 18 minutos en TV y 35 en radio. En el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Social se distribuye el tiempo fiscal en 40% para el Ejecutivo Federal, 30% para el Poder Legislativo, 10% para el Poder Judicial y 20% para los entes autónomos. Según un tuit del Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, el Ejecutivo Federal sólo se desprendería de su 40% de tiempo fiscal. Eso quiere decir que el Ejecutivo perdería sus 7.2 minutos en TV y 14 en radio diarios.

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Ingresos de periódicos en México: el negocio print vs. digital

Éramos muchos y parió la abuela, decían los antiguos para referirse a una situación difícil que, de súbito, se ponía peor. Eso ocurre con el coronavirus y los medios informativos: llegó a complicar más las cosas en un momento en que la industria ya la pasaba mal.

El coronavirus puso a las empresas de medios informativos contra la pared. No es una exageración: la crisis económica que provocará la nueva enfermedad agudizará la crisis que ya vivía la industria para adecuarse a la concentración de la inversión publicitaria en manos de Google y Facebook; la mayor competencia digital de nuevos y viejos protagonistas; el cambio de hábitos de los consumidores de noticias hacia formatos digitales y bajo demanda, y la reducción del presupuesto de publicidad oficial federal.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que trabaja en la atención de la problemática ambiental que presenta el río Santiago, en Jalisco. Foto: Cortesía Twitter @SEMARNAT_mx

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano, emitió la inmediata aplicación de una serie de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los vecinos del río Santiago en Jalisco, un cauce hipercontaminado cuyas aguas reciben las descargas tóxicas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto.

La CIDH constató en su documento, el número 708-19 con fecha del 5 de febrero de 2020, lo que los propios vecinos y decenas de institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de defensa de los derechos humanos, periodistas, representantes de las Naciones Unidas e incluso oficinas públicas como Conagua han denunciado desde hace más de 20 años: que el río Santiago y sus alrededores son un peligro para las poblaciones aledañas, debido a sus altos niveles de sustancias contaminantes. Basta con acercarse al cauce del río Santiago, que nace en el lago de Chapala, para sentir la picazón en los ojos y saturarse con su peste a fertilizantes.

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