Trabajadores fantasmas, imagen original de Iván PC publicada en Flickr, con licencia CC BY 2.0.

El Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica Universal se entiende como “el derecho de todas las personas a contar con una cantidad mínima de recursos para afrontar sus necesidades básicas”. Cualquier persona que lea esta frase está de acuerdo. Todos los seres humanos tienen el derecho de cubrir sus necesidades de subsistencia. El debate no es si es necesario o no, sino cómo aplicarlo de manera eficiente y correcta en las estructuras de los Estados.

El primer punto es: ¿a quién se le debe otorgar? Hay dos corrientes bien marcadas.

  1. La primera señala que a todos los ciudadanos que tengan residencia legal en un país, incluidos los extranjeros.2
  2. La segunda aboga por otorgar el beneficio sólo a aquellas personas que están por debajo del umbral de renta, el camino que están siguiendo la mayoría de países.

Personalmente soy partidario de la primera corriente, ya que elimina el factor picaresco o, dicho de manera correcta, de fraude al que se puede prestar el intento de cobro de esta ayuda. Por el contrario, puede generar un pequeño aumento de la inflación de productos de la cesta básica. La entrega de la renta para las personas que sí tengan ingresos se puede producir con una reducción proporcional a la base imponible de la renta de las personas físicas.

¿Cuál es el importe? El mínimo posible para que la persona beneficiada y su familia puedan vivir. De esta manera se desincentiva uno de los argumentos clave de quienes son contrarios a la medida: la aparición de la pereza de la población a la que será más rentable no trabajar que producir.

En 2016, Finlandia instauró una prueba piloto para entregar 6,720 euros al año, importe 7.4 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 50,000 euros anuales) a 2,000 desempleados de entre 25 y 58 años. El objetivo del estudio fue ver si el ingreso mínimo vital mejoraba la búsqueda de empleo de los receptores. Fue un estrepitoso fracaso, debido a que no se midieron los beneficios de la sociedad en su conjunto, sino cuánta gente encontró trabajo.

El ejercicio más reciente de un país en incorporar la renta mínima universal a su ordenamiento jurídico ha sido España, que ha fijado la cuantía de la ayuda en 5,338 euros, 5-6 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 30,000 euros anuales). En el país ibérico, además de ser necesario contar con un nivel de renta inferior al mínimo vital, se ha fijado un requisito más: importes máximos de patrimonio excluyendo la vivienda habitual.

¿Cómo se debe entregar esta ayuda? 100% de manera digital y contra el registro fiscal del ciudadano en la agencia tributaria del país. De esta manera, evitaremos gran cantidad de fraudes y la entrega de ayudas incompatibles entre sí. Todo(a) ciudadano(a) debe estar registrado.

El receptor de la ayuda debe entrar en la formalidad laboral desde el momento de recibir la ayuda e iniciar programas de búsqueda activa de empleo. Deben ser requisitos indispensables para fortalecer al Estado y permitir, con el paso del tiempo, que en un futuro todos tributemos.

Y ahora viene la cuestión que más debate puede abrir: ¿de dónde deben proceder los fondos? La mayoría de los países han optado por tomar fondos de sus cajas de la seguridad social, en concreto de su caja de pensiones. Un error a mi parecer. La caja de las pensiones debe siempre crecer con las aportaciones, no menguarse para otros fines. Aquí deberíamos poner un alto a los países y replantearnos el origen de esta nueva caja.

Soy partidario de aplicar una mayor carga tributaria del impuesto de patrimonio. Si lo recaudado por este impuesto se destina al ingreso mínimo vital, cumple una función redistributiva por una doble vía: por el cobro del impuesto a las personas de mayor patrimonio y por la entrega de los recursos a las personas con menor renta. En caso de que no sea suficiente con el aumento de la recaudación el IVA puede ser un buen complemento (y no, no me refiero a aumentar el IVA, sino a que se persiga el fraude en este impuesto).

Si ampliamos el concepto aparecen dos puntos clave que nunca debemos olvidar: seguridad y sanidad universal, que, aunque parezca que no entran en la ecuación, son la base. No podemos hablar de renta básica universal si el Estado no garantiza, y con anterioridad, estos. Cosa que ahora mismo no sucede en la mayoría de los países.

Alejandro Cubí es Director de Desarrollo de Negocio e Internacional enTirant lo Blanch.

Twitter: @Alejandro_Cubi

Un repartidor de Uber Eats descansa en Vila Madalena, Vila Madalena, en Sao Paulo. Foto: José Soto Galindo

No hace falta señalar lo que el Covid-19 ha dejado claro: una gran crisis económica y una elevada tasa de desempleo en gran parte de las economías del mundo. En Estados Unidos al menos 30 millones de trabajadores han pedido el subsidio por desempleo. México tiene algo más de 20 millones de trabajadores dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En lo que va de la crisis por el coronavirus se han destruido casi un millón de empleos; sólo en abril se perdieron 550,000 puestos formales.

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Mi esposa y yo cumplimos una semana trabajando desde casa. Vivimos a piedra y lodo contra el nuevo coronavirus (Covid-19), por lo que suspendimos la ayuda con el trabajo doméstico. Hemos aprendido muchas cosas. La primera: que la nana de nuestra hija merece una capilla en la Basílica de San Pedro.

Creíamos conocer toda la carga de trabajo que hacía la nana cuidando a nuestra hija de un año, pero hoy que hemos asumido total responsabilidad descubrimos que estábamos equivocados. En nuestra defensa: durante su jornada laboral, la nana sólo tiene una obligación, nosotros tenemos dos.

El trabajo a distancia (home office) no es cosa fácil: hay que lidiar con muchísimas circunstancias previstas y no previstas, como de infraestructura (energía eléctrica, conexión a internet, teléfono), de espacio físico y de apeñuscamiento familiar. Pero sobre todo hay que asumir que el home office significa la ejecución de por lo menos dos trabajos: el que paga y el doméstico.

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Este es el tipo de cambio promedio anual en México pesos por dólar, entre 1954 y 2019. La presentamos como información de contexto. Los datos fueron tomados de la base de datos del Banco de México (Banxico), la autoridad monetaria en el país.

Se trata del primer año completo de cotización peso-dólar bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestras conclusiones:

  1. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 —digamos: el primer año de López Obrador como Presidente de México— el peso se apreció 4.4% respecto al dólar.
  2. Justo al sexto día del mandato de López Obrador (el 6 de diciembre de 2018) se registró una cotización máxima de 20.62 pesos por dólar.
  3. El 12 de abril de 2019 el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.74 pesos por dólar.

Ya veremos qué depara 2020 en la cotización del tipo de cambio.

LEE MÁS: ¿Qué es el tipo de cambio?

LEE MÁS (ACTUALIZACIÓN): Tipo de cambio peso-dólar, promedio anual, México 1954-2018

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