Ilustración original de Nayelly Tenorio

Las posibilidades de rastreo e identificación individual que permite la tecnología mediante la recolección de datos personales están siendo utilizadas por el Gobierno mexicano como herramientas de control y vigilancia, considerando sospechosos a todos los ciudadanos y creando riesgos innecesarios y desproporcionados contra la seguridad de cada persona. Son herramientas susceptibles de ser utilizadas para el espionaje y es información que, en malas manos, puede representar enormes riesgos para la vida de los ciudadanos o para su patrimonio. Al Gobierno eso le importa un pepino.

Dos casos recientes:

1. Teléfonos celulares

El Congreso de la Unión obligará a todos los usuarios de telefonía móvil a integrar un padrón nacional con datos personales y datos biométricos para identificar a villanos y malhechores que utilicen teléfonos móviles para quebrantar la ley (el PNUTM: Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil). Si las líneas telefónicas son contratadas por corporaciones, el representante legal de cada empresa deberá entregar sus biométricos (como huella dactilar, iris de los ojos y la forma de su rostro).

Esta información estará bajo resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que se sirvan las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia. El PNUTM formará un registro paralelo a la recolección de datos sobre desplazamientos de los usuarios (geolocalización) y de los datos relacionados con sus comunicaciones, vigente desde 2014 y bajo control de las compañías telefónicas.

El Congreso cierra la pinza del control y la vigilancia. Ya nomás falta la ley que obligue a grabar nuestras pantallas y ponga copia de nuestros WhatsApp a las autoridades.

2. Servicios bancarios

Desde el 23 de marzo los clientes de la banca digital (y en general de los servicios financieros en línea) están obligados a revelar su localización geográfica si quieren realizar transacciones móviles. Las disposiciones, contenidas en la llamada Circular Única de Bancos, no indican por cuánto tiempo se mantendrá vigente el registro de la geolocalización (las coordenadas de latitud y longitud desde las que se realicen operaciones financieras). Las autoridades con acceso a esa información no están obligadas a notificar al titular cuando sus datos se encuentren bajo escrutinio.

Cada banco, si así lo desea, puede integrar los datos de geolocalización a un expediente de identificación digital de cada cliente, lo que reuniría información sobre desplazamientos y hábitos de movimiento de las personas con el historial de transacciones y su valor monetario. Combo killer: un platillo inmejorable para la delincuencia y los profesionales de los fraudes y la extorsión.

Nos enfrentamos a la obligación legal de crear enormes bases de datos con un montón de información personal de alta calidad, disponible en línea y con acceso para autoridades relacionadas con la justicia y la regulación financiera. Pero también ante la posibilidad de un guion del 007: un Fort Knox de datos personales, con localización geográfica e información financiera. Los hackers estarán encantados, lo mismo que los empleados de las operadoras telefónicas y de los bancos coludidos con el crimen.

Por sí solos, sin contexto ni vinculación con una persona identificada o identificable, ni los datos de geolocalización ni los datos biométricos son datos personales y mucho menos datos personales sensibles. Pero con un mínimo de contexto, estos registros se vuelven datos personales muy poderosos y, según la circunstancia, en información extremadamente sensible para la integridad de sus titulares.

Al Gobierno no le preocupa. Y al decir Gobierno quiero apuntar a los responsables de diseñar estas máquinas aberrantes de control y vigilancia, todos relacionados con Morena, el partido del presidente López Obrador: Juanita Guerra Mena y Ricardo Monreal Ávila, desde Diputados y el Senado; Juan Pablo Graf Noriega y Arturo Herrera Gutiérrez, desde la CNBV y la Secretaría de Hacienda. Lo suyo es construir una Matrix, un mundo cada vez más próximo al 1984 de George Orwell y el autoritarismo encabezado por el Gran Hermano. Lo están haciendo muy bien.

Este artículo se publicó en El Economista el 28 de marzo de 2021.

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