Separación funcional de Telmex: matar la vaca por un filete

Mientras el mundo debate la ciberseguridad y la resiliencia de las redes, en México se avanza en la separación funcional de la auténtica red compartida de México, la de Telmex-Telnor. Mientras los países aprueban fusiones, aprovechan la convergencia, los operadores buscan reducir costos y los gobiernos se involucran para tener redes competitivas, en México se desgarra la red más extensa del país, la convergencia es una utopía más de la Constitución, se inducen costos innecesarios a la operación de la red y el gobierno no asimila que la banda ancha es la infraestructura del siglo 21. Mientras en el mundo se planean las futuras inversiones para 5G, en México se mata la vaca por un filete.

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) extendió 10 meses algunos plazos del plan final de implementación de la separación funcional de Telmex, pero esa decisión regulatoria poco fundamentada continúa. En coincidencia con el emplazamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el regulador extendió hasta septiembre de 2019 la presentación de los planes de migración del personal de la entidad, mismos que se materializarán el 31 de enero de 2020 cuando la separación finalice.

La separación funcional es una medida regulatoria extrema que ordena a un agente económico la creación de una nueva empresa que ofrezca de manera separada servicios mayoristas de los elementos de la red telefónica local, así como acceso a la infraestructura pasiva y a los enlaces dedicados locales. El objetivo de la separación funcional es proveer acceso en términos no discriminatorios a los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura pasiva de Telmex-Telnor.

El regulador ordenó la separación funcional de los mercados minorista y mayorista de Telmex-Telnor como parte de la revisión bienal de la efectividad de las medidas regulatorias asimétricas impuestas a ese agente económico preponderante. Es cierto que el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la ley secundaria facultan al IFT para ordenar la separación funcional, pero al resolverlo en su momento la autoridad actuó sin una motivación y fundamentación sólidas, sin un estudio de la competencia en el mercado de telefonía y banda ancha fijas, sin declarar competencia efectiva y sin un análisis del costo-beneficio de la medida.

Incluso resolvió implementar esa tortura capital teniendo indicadores absolutamente favorables: sostenimiento de las tarifas de servicios a pesar de la disminución de líneas fijas, incrementos en la velocidad de Internet, crecimientos en las suscripciones de banda ancha fija, disminución en la concentración de mercado, mayor participación de mercado de los competidores…

La medida también fue ordenada a pesar de que el agente económico preponderante cumplía con las obligaciones impuestas por el regulador. Una revisión de las conclusiones de los 16 informes trimestrales de cumplimiento de las obligaciones asimétricas, la desagregación de elementos de red pública local y de los títulos de concesión del preponderante, desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2018, el IFT siempre concluyó que “en términos generales fueron cumplidas” o que “no se advierte incumplimiento”.

Mencionaba que el objetivo de la medida es el acceso no discriminatorio a la infraestructura. Los mismos 16 informes de cumplimiento arrojan que en 4 años los competidores de Telmex-Telnor han solicitado apenas 20 mil 799 desagregaciones. ¿En serio el IFT ordenó la partición de Telmex cuando el número de desagregaciones representa 0.17% de los 11.86 millones de líneas de telefonía fija del operador? ¿El regulador no hizo un análisis previo de la verdadera demanda de la red de Telmex por parte de sus competidores?

¿El Pleno del IFT no se enteró que en 2013, el mismo año de la reforma en telecomunicaciones en México, durante la Trienal Review de la FCC de Estados Unidos se reconoció que la desagregación afectaba los incentivos para la inversión, que el efecto real fue que el alquiler de la infraestructura era más rentable que la inversión en nuevas redes y que la FCC modificó esa regulación porque no cumplió los objetivos?

Mientras “estudiaban” la grandiosa idea política de separar a Telmex, ¿nadie les acercó un estudio de la OCDE de 2003 (10 años antes de la reforma y 14 de la separación funcional) que dice que la “desagregación no es la panacea” y que “el regulador debe encontrar un equilibrio entre el derecho de los incumbentes a administrar su propia infraestructura y el deseo de los nuevos participantes de acceso”?

¿Nadie les informó que los países con más historia en desagregación como Estados Unidos y Japón, plenamente conectados, apenas alcanzaron 5.5 y 8.25 por ciento, respectivamente, del total de líneas fijas?

Tiene razón el economista francés y Premio Nobel, Jean Tirole, cuando afirma que “el Estado sólo tiene en contadas ocasiones la información necesaria para decidir por sí mismo”, y que “el mecanismo de mercado nos revela esa información”. El mercado sólo ha solicitado menos de 1% de desagregaciones del total de accesos fijos del preponderante.

Los competidores de Telmex-Telnor fueron con el carnicero y le pidieron un jugoso filete de red. El carnicero, creyendo que iba a vender más desagregaciones y que eso generaría más competencia e inversiones, fue a matar la vaca. Hoy la red se está mosqueando. Está disponible, no la compran y no la usan de forma eficiente y convergente. Perdió la vaca porque ya no pudo engordar ni la red expandirse. Perdió el carnicero porque, incapaz de reconocer su error y su falta de cálculo, prefiere seguir cometiendo yerros, incluso bajando aún más el precio de los servicios mayoristas hasta destruir el negocio. El cliente del carnicero se atragantó el filete y quedó satisfecho, pero en realidad no pensaba invertir más porque nunca tuvo el capital. La vaca está muerta, la red ya no crece. Perdieron todos. Perdió México. 

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones

Twitter: @beltmondi

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