Secretaría de Hacienda: el ogro de la digitalización

Ahora que se produjo un cambio inesperado en la Secretaría de Hacienda de la Cuarta Transformación, conviene advertirle a su nuevo titular, Arturo Herrera Gutiérrez, que la dependencia ha sido la gran ausente —y casi el enemigo— de las políticas públicas digitales, de conectividad, acceso universal y de medios públicos en el país.

Hacienda no se ha involucrado activamente en la digitalización de México. Tampoco en el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Carece de protagonismo en la Estrategia Digital Nacional. Se le olvida que su misión en materia financiera, fiscal, de gasto y de ingresos tiene el “propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos”, incluida la integración de la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Aunque la economía es cada vez más digital, no se aprecia su empuje a esa transformación y ecosistema. Aunque temprana y convenientemente descubrió la eficacia de las TIC para cobrar impuestos vía Internet, no se muestra preocupada para que los servicios de salud, educación, acceso a la cultura y los trámites del gobierno sean totalmente digitales.

Aunque Hacienda quiere incrementar la recaudación fiscal y tener un mayor control vía electrónica, no se sabe que haya intervenido para que 85% de las pymes tengan acceso a las tecnologías y a conectividad de alta velocidad, como ordena la Constitución. Aunque cada día existen más estudios que corroboran que cerrar la brecha digital traería desarrollo y crecimiento económicos, equidad e inclusión social, el presupuesto de programas como México Conectado–Internet para Todos ha disminuido. Aunque el acceso a las TIC es un derecho fundamental que debe ser tutelado, el presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones sufrió un tijeretazo en 2019.

Tratándose de telecomunicaciones, a la Secretaría de Hacienda sólo le gusta recibir pero no dar. La segunda dependencia más importante del país (después de Gobernación) actúa como un ogro codicioso que retrasa el avance digital del país y la conectividad. Parece muy generoso que para la política de transición a la Televisión Digital Terrestre y el apagón analógico Hacienda haya facilitado 28,400 millones de pesos para entregar 10.1 millones de televisores digitales, pero no previó recursos extraordinarios para la digitalización de los medios públicos, no obstante ser de propiedad estatal. Estos mismos medios públicos están condenados a la marginalidad por los limitados recursos que reciben, con una tendencia a la baja.

Al recaudar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en telecomunicaciones (equiparando un servicio público y un derecho fundamental como el de acceso a las TIC con el consumo de tabaco, alcohol o bebidas azucaradas), pareciera que Hacienda quiere que los servicios de voz, mensajes y televisión de paga sean más caros e inaccesibles para los más vulnerables.

Hacienda ve en el éxito de la industria de las telecomunicaciones una oportunidad para recaudar más ingresos y/o sufragar deuda, aunque esa política recaudatoria vaya en contrasentido de la inclusión digital y el derecho de acceso a las TIC. De 2010 a 2018 Hacienda recaudó por el IEPS 70,536 millones de pesos. ¿Por qué no etiqueta ese monto a la política de inclusión digital universal que está prevista en la Carta Magna?

El consumidor digital mexicano paga un impuesto al consumo de 16% más el impuesto específico a los servicios de telecomunicaciones como tiempo aire y SMS de 3% más aranceles aduaneros sobre dispositivos. Para dimensionar, Colombia fue durante muchos años el país más barato de la región para comprar computadoras y tabletas (10% más asequibles que en Estados Unidos), porque el gobierno eliminó el arancel de importación y los equipos estaban exentos del pago del IVA. No es extraño que 48% de los hogares colombianos tengan computadora, mientras que en México la penetración es de 45% (UIT, 2017). Para recaudar más impuestos a Hacienda le convendría que existieran más computadoras con Internet en los hogares.   

Al empujar que las licitaciones de espectro radioeléctrico sean onerosas y maximicen los ingresos públicos, Hacienda parece estar de acuerdo en que los operadores móviles demoren el despliegue de la red, y que los servicios atribuidos a esa infraestructura no lleguen con celeridad a los usuarios y sean más caros para ellos. Tanto la inversión en infraestructura como la implementación de la red y la cobertura de servicios sufren ante el desembolso que implica el pago de las elevadas contraprestaciones de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es el combustible de los servicios móviles de voz y banda ancha; cuando el combustible es caro, siempre va a impactar en el bolsillo de los consumidores.

Además, “existe una correlación entre los altos precios del espectro y una menor cobertura 4G”, menores velocidades de banda ancha, degradación de la calidad y precios más elevados (GSMA, 2018).

El pago anual de derechos por el uso y explotación de bandas de frecuencias del espectro es otra pesada alcancía que atesora Hacienda. Un estudio de GSMA-Deloitte advierte que “como consecuencia de estos impuestos y cargas (especialmente de los derechos anuales pagados por los operadores por el uso del espectro), el total de los pagos recurrentes realizados por los consumidores y los operadores móviles representan 27% del total de los ingresos del mercado”.

Hacienda también está ausente de los grandes eventos de telecomunicaciones y tecnología, seguramente porque recibiría los reclamos por las licitaciones recaudatorias de frecuencias, el alto costo de los derechos espectrales, la ausencia de una Estrategia Digital Nacional, la ineficacia de los fondos de acceso universal, los recortes presupuestales a programas, instituciones y compras de TIC y por los impuestos especiales al sector.

Si acudiera a esos eventos, tendría una visión más amplia de la industria y mayor sensibilidad ante los desafíos digitales de la sociedad. Ante la ausencia de Hacienda, la autoridad sectorial y el regulador tienen que tolerar toda esta retahíla a pesar de que no son la ventanilla para solucionar el problema.

Las autoridades y reguladores de telecomunicaciones en México sí le han señalado a Hacienda la importancia de la digitalización, las TIC y la conectividad de banda ancha; han evidenciado el error de encarecer el espectro, han llamado a eliminar la tributación del IEPS (incluso para obtener mayor recaudación fiscal) y han profesado los beneficios sociales y económicos de acortar la brecha digital. Pero la percepción casi siempre es la misma: Hacienda no entiende, no quiere hacerlo o no le importa… o las tres. Todo esto ocurre porque en México no ha existido un liderazgo digital a nivel presidencial.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.

Twitter: @beltmondi

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