Protección de datos de periodistas: una incultura de gobierno

La periodista Reyna Haydee Ramírez tuvo un encontronazo verbal con el presidente López Obrador en la mañanera del 13 de diciembre de 2023. ¿Dónde está el Estado, presidente?, le preguntó Ramírez, en relación con los sucesos de violencia extrema ocurridos en distintas partes de México y la decisión de algunas personas víctimas de pedir justicia a las bandas criminales en lugar de acudir a las instituciones de gobierno. “Pues estamos trabajando, Reyna, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz”, le respondió el presidente.

El cruce de palabras fue subiendo de tono. López Obrador sugirió que Ramírez estaba inventando y que le bastaba salir a la calle para palpar la tranquilidad en la que vive el país. En paralelo, la reportera era objeto de una avalancha de mensajes en redes sociales que la acusaban de chayotera, pseudoperiodista, tipeja, malinchista o golpeadora por atreverse a cuestionar al presidente.

Hoy los datos personales que Ramírez entregó por obligación para acreditarse como reportera y acudir a la mañanera circulan en internet sin medidas de protección. Detalles de su lugar de residencia, CURP (una clave alfanumérica de identificación personal), correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y foto de su credencial de elector (frente y vuelta), un documento oficial que sirve de identificación en todo el país. 

El caso de Ramírez no es el único: en total se filtraron los datos personales de 323 periodistas que acuden a las mañaneras, las conferencias de prensa matutinas del presidente en Palacio Nacional. 227 hombres, 96 mujeres. También hay fotos de pasaportes. 

Una mala gestión de la seguridad de la información ha puesto los datos personales al alcance de cualquiera. El viernes se conoció que la base de datos fue publicada para descarga gratuita en un foro de hackers. Calculo que son casi 10% del total de periodistas que se han acreditado para asistir a las mañaneras desde que comenzó esa práctica presidencial, en diciembre de 2018.

📄#INAIalMomento

INAI se mantiene atento a señalamientos de periodistas por presunta filtración de sus datos personales

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— INAI (@INAImexico) January 29, 2024

Información de Denise Dresser también se encuentra entre los datos personales vulnerados. Esta politóloga y escritora muy crítica de López Obrador y de su gobierno ha sido objeto de hostigamiento, violencia digital y amenazas contra ella y sus hijos. Hoy detalles confidenciales sobre su persona se encuentran disponibles en línea sin garantía de protección. Otros datos vulnerados son los de la reportera Nancy Contreras de la revista Contralínea y de Carlos Pozos Soto, conocido como Lord Molécula.

Estamos hablando de la filtración de datos personales de periodistas en uno de los países más peligrosos para ejercer ese oficio. La vulneración de su información privada pone en riesgo su seguridad física y patrimonial, afecta su dignidad y viola su garantía constitucional a la protección de su privacidad.

No es un asunto inédito durante el gobierno de López Obrador. El propio presidente divulgó indebidamente datos personales y fiscales del periodista Carlos Loret de Mola, su archienemigo en la prensa, y salió impune: el Inai, la agencia de privacidad de México, ordenó sancionarlo, pero a la fecha eso no ha sucedido: una oficina subordinada al presidente es la responsable de investigar y sancionar a su propio jefe, algo difícil de que ocurra. 

Esa misma oficina subordinada al presidente, la Secretaría de la Función Pública (SFP), vulneró los datos personales con información financiera y patrimonial de casi un millón de trabajadores de la administración pública federal en 2020. El Inai ordenó imponer sanciones a los responsables. A la fecha, esa filtración sigue impune.

La vulneración de los datos personales de los 323 periodistas de la mañanera no es un desliz: es la exhibición de una cultura gubernamental que ignora el valor de la protección de los datos personales, indispensable para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que confía en la impunidad por encima del estado de derecho. 

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