Oficinas centrales del Inai en el sur de la Ciudad de México. Foto: Inai
Oficinas centrales del Inai en el sur de la Ciudad de México. Foto: Inai

Desaparecer al Inai no es una buena idea. Si lo que al presidente López Obrador le molesta es el presupuesto federal que se asigna del Inai y una supuesta duplicidad de funciones con otras áreas del gobierno, pudo haber propuesto una reingeniería del instituto y buscar eficiencias administrativas y presupuestales (como reducir el número de comisionados en el pleno del Inai, por ejemplo).

  • Lo que propone, en cambio, es dinamitar el todo un sistema de tutela de dos derechos fundamentales, sin consecuencias positivas en la contraloría de los recursos públicos ni en la garantía del derecho a la protección de datos de los ciudadanos.

La iniciativa de reforma constitucional que el presidente López Obrador presentó el 5 de febrero de 2024 a la Cámara de Diputados pretende desaparecer al Inai y asignar sus tareas a otras áreas del gobierno.

  • El resultado es un sistema fragmentado y que ofrecerá múltiples criterios de aplicación para el ejercicio de los mismos derechos: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
  • Será también un sistema en el que los responsables de garantizar derechos serán en casi todos los casos juez y parte.

La propuesta presidencial pinta con brocha gorda. Nadie duda de que el modelo necesita de una mano de pintura y mucho impermeabilizante, pero hacerlo exige herramientas adecuadas para evitar que se pierdan los detalles que sí funcionan y se tapen los ductos de ventilación.

Uno de los grandes aciertos del Inai como agencia de transparencia y privacidad de México es que se trata de un generador de criterios unificados.

  1. En materia de transparencia, para todas las oficinas, personas, partidos políticos y sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos federales: dinero, puestos y capacidad de decisión en política pública.
  2. En materia de datos personales, para todas las instancias de gobierno federal, empresas privadas y particulares que usan información personal de ciudadanos y consumidores.

En su lugar, el presidente crea una constelación en la que participan todo tipo de instituciones, que habrán de comenzar a crear sus propios criterios para la aplicación de leyes y normas. La Secretaría de la Función Pública, que depende del presidente, tutelará el derecho a la información, la transparencia y el derecho de protección de datos personales en la administración pública federal.

Un entramado similar para el Congreso de la Unión, otro para el Poder Judicial y otro para los organismos constitucionales autónomos que resistan la embestida presidencial: el INE, la CNDH y el Inegi. La vigilancia de los partidos políticos será responsabilidad de la autoridad electoral. Los sindicatos serán vigilados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

  • Como es un cambio constitucional, el modelo se llevaría a los estados: “Se replica esta estructura en el ámbito estatal con sus contralorías o áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, dice la iniciativa.

Si el lector se confundió con el párrafo precedente, imagine lo que nos pasará como ciudadanos cuando queramos ejercer nuestros derechos constitucionales al acceso a la información y a la protección de datos personales en esa maraña de instituciones responsables.

El Inai tiene muchas fallas, algunas creadas por el marco normativo que está obligado a cumplir y otras por la propia institución, que se ha construido a sí misma en 20 años de historia casi de la nada: revisando y aplicando las mejores prácticas internacionales al contexto mexicano, cumpliendo con una legislación estricta y muchas veces rebuscada.

La reforma sobre el Inai no debe significar su desaparición, sino su fortalecimiento para agilizar la tramitación de recursos de transparencia, para exigir mayor calidad, claridad y explicación de la información pública y para garantizar la mejor protección de la privacidad de las personas en una era digital, una más rápida, eficiente y eficaz. De otra manera, la iniciativa del presidente López Obrador impondrá un modelo que sólo conviene a la corrupción y la arbitrariedad. Desaparecer al Inai no es una buena idea.

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