Contra el abogañol: por una escritura jurídica clara y eficaz

Es bastante curioso que en la era de la comunicación, la velocidad de las redes sociales y el tiempo disminuido, el lenguaje difícil de los abogados siga con nosotros como un viejo dinosaurio en la plenitud de la vida. El abogañol es una lengua barroca y complicada, llena de arcaísmos y palabras en desuso, rimbombantes o pretenciosas, creada para distinguir socialmente a quien la utiliza y producir barreras de entrada a una disciplina indispensable en nuestras comunidades.

Todo acto jurídico es un acto de comunicación. Los abogados, como los economistas, los médicos, los ingenieros o cualquier otro profesional, deben hacer un esfuerzo por conectar con su audiencia y comunicar su mensaje de manera eficaz. Vivimos una era en la que las personas tenemos poco tiempo disponible, tenemos muchos estímulos que demandan nuestra atención y estamos agotadas por los impactos comunicativos que encontramos en todos lados. 

Hagamos las cosas fáciles y respetemos el tiempo de las personas. Hagamos que nuestra comunicación sea concisa y precisa, porque cada vez hay menos personas que entienden todo lo que leen. El Inegi, la oficina de estadística pública de México, calcula que sólo 1 de cada 4 lectores en el país tienen una comprensión de lectura total, mientras que el resto tiene problemas para comprender lo que lee.

La reducción del número de personas que comprenden lo que leen ocurre a la par de la extinción lenta e inexorable de los lectores. Entre 2015 y 2023 la población lectora en México perdió un millón de lectores, principalmente hombres, en una tendencia a la baja en la que cada año el número de lectores desciende en promedio 2%. 

Si la mayoría de los lectores no entienden a cabalidad lo que leen, ¿por qué nuestros profesionales del derecho siguen hablando y escribiendo en abogañol? 

¿En qué momento los profesionales del derecho —abogados, notarios, litigantes, jueces, notarios, catedráticos, investigadores, legisladores— asumieron que deben comunicarse de manera críptica y poco transparente con clientes, colegas y autoridades? Posiblemente en las escuelas de derecho, con profesores que les exigían un volumen mínimo de páginas en sus escritos jurídicos, para dar volumen y longitud y no sustancia y claridad, lo que les obliga a usar conectores y muletillas carentes de sentido, citas y transcripciones innecesarias.

Muchos profesores de derecho cometen otro abuso contra sus estudiantes: los obligan a casarse con el latín, una lengua tan muerta que hasta la Iglesia católica —fuerte defensora de las tradiciones— dejó de utilizar hace muchos años. El Código Federal de Procedimientos Civiles obliga a que el derecho se exprese en México en español. ¿Por qué es tan difícil?

El latín en el mundo jurídico produce la misma percepción que el inglés en otras disciplinas con alto nivel de especialización, como la economía y las ingenierías: se cree que en inglés todo suena mejor, aunque el resultado sea una comunicación atropellada y sin certeza plena de entendimiento de los interlocutores. Es más un uso petulante y fanfarrón que una urgencia de comunicación efectiva: se prefiere lo rebuscado y lo oscuro, aunque genere desinterés y desconfianza, a lo directo y lo transparente, que tiene mayores probabilidades de persuadir y convencer.

Urge que los profesionales del derecho mejoren su redacción jurídica y sus habilidades de comunicación. No soy ingenuo: los profesionales trabajan con métodos diferentes para alcanzar sus objetivos y están obligados a cumplir reglas concretas, como la exhaustividad, la fundamentación y la motivación del acto jurídico. Pero hay algo que es transversal en el lenguaje escrito y en una profesión que aspira al entendimiento: la calidad de la escritura, la potencia del mensaje, la precisión de las ideas.

Defendamos una escritura jurídica clara, sintética, potente y eficaz. El cambio se inicia con la educación. Desterremos el abogañol.

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