Trabajadores fantasmas, imagen original de Iván PC publicada en Flickr, con licencia CC BY 2.0.

El Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica Universal se entiende como “el derecho de todas las personas a contar con una cantidad mínima de recursos para afrontar sus necesidades básicas”. Cualquier persona que lea esta frase está de acuerdo. Todos los seres humanos tienen el derecho de cubrir sus necesidades de subsistencia. El debate no es si es necesario o no, sino cómo aplicarlo de manera eficiente y correcta en las estructuras de los Estados.

El primer punto es: ¿a quién se le debe otorgar? Hay dos corrientes bien marcadas.

  1. La primera señala que a todos los ciudadanos que tengan residencia legal en un país, incluidos los extranjeros.2
  2. La segunda aboga por otorgar el beneficio sólo a aquellas personas que están por debajo del umbral de renta, el camino que están siguiendo la mayoría de países.

Personalmente soy partidario de la primera corriente, ya que elimina el factor picaresco o, dicho de manera correcta, de fraude al que se puede prestar el intento de cobro de esta ayuda. Por el contrario, puede generar un pequeño aumento de la inflación de productos de la cesta básica. La entrega de la renta para las personas que sí tengan ingresos se puede producir con una reducción proporcional a la base imponible de la renta de las personas físicas.

¿Cuál es el importe? El mínimo posible para que la persona beneficiada y su familia puedan vivir. De esta manera se desincentiva uno de los argumentos clave de quienes son contrarios a la medida: la aparición de la pereza de la población a la que será más rentable no trabajar que producir.

En 2016, Finlandia instauró una prueba piloto para entregar 6,720 euros al año, importe 7.4 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 50,000 euros anuales) a 2,000 desempleados de entre 25 y 58 años. El objetivo del estudio fue ver si el ingreso mínimo vital mejoraba la búsqueda de empleo de los receptores. Fue un estrepitoso fracaso, debido a que no se midieron los beneficios de la sociedad en su conjunto, sino cuánta gente encontró trabajo.

El ejercicio más reciente de un país en incorporar la renta mínima universal a su ordenamiento jurídico ha sido España, que ha fijado la cuantía de la ayuda en 5,338 euros, 5-6 veces inferior a la renta per cápita (cercana a 30,000 euros anuales). En el país ibérico, además de ser necesario contar con un nivel de renta inferior al mínimo vital, se ha fijado un requisito más: importes máximos de patrimonio excluyendo la vivienda habitual.

¿Cómo se debe entregar esta ayuda? 100% de manera digital y contra el registro fiscal del ciudadano en la agencia tributaria del país. De esta manera, evitaremos gran cantidad de fraudes y la entrega de ayudas incompatibles entre sí. Todo(a) ciudadano(a) debe estar registrado.

El receptor de la ayuda debe entrar en la formalidad laboral desde el momento de recibir la ayuda e iniciar programas de búsqueda activa de empleo. Deben ser requisitos indispensables para fortalecer al Estado y permitir, con el paso del tiempo, que en un futuro todos tributemos.

Y ahora viene la cuestión que más debate puede abrir: ¿de dónde deben proceder los fondos? La mayoría de los países han optado por tomar fondos de sus cajas de la seguridad social, en concreto de su caja de pensiones. Un error a mi parecer. La caja de las pensiones debe siempre crecer con las aportaciones, no menguarse para otros fines. Aquí deberíamos poner un alto a los países y replantearnos el origen de esta nueva caja.

Soy partidario de aplicar una mayor carga tributaria del impuesto de patrimonio. Si lo recaudado por este impuesto se destina al ingreso mínimo vital, cumple una función redistributiva por una doble vía: por el cobro del impuesto a las personas de mayor patrimonio y por la entrega de los recursos a las personas con menor renta. En caso de que no sea suficiente con el aumento de la recaudación el IVA puede ser un buen complemento (y no, no me refiero a aumentar el IVA, sino a que se persiga el fraude en este impuesto).

Si ampliamos el concepto aparecen dos puntos clave que nunca debemos olvidar: seguridad y sanidad universal, que, aunque parezca que no entran en la ecuación, son la base. No podemos hablar de renta básica universal si el Estado no garantiza, y con anterioridad, estos. Cosa que ahora mismo no sucede en la mayoría de los países.

Alejandro Cubí es Director de Desarrollo de Negocio e Internacional enTirant lo Blanch.

Twitter: @Alejandro_Cubi

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La edición 2019 de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid) tiene información preocupante: sólo 3.5% de quienes se incorformaron ante alguna autoridad pública por un supuesto mal uso de datos personales acudió al Inai, la oficina pública creada explícitamente para la protección de los datos personales en México. El resto de los ciudadanos inconformes acudió principalmente a la Profeco (22.3%) o a la Condusef (22.3%).

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La edición 2020 del Digital News Report es un compendio de malas noticias para la industria de las noticias en México. La confianza en general cayó 11 puntos, a 39%, y particularmente los periódicos y los noticieros de televisión perdieron más de 10 puntos como fuentes informativas. El medio de mayor credibilidad es de origen extranjero: CNN, y el de mayor alcance es Azteca Noticias.

La preferencia en las redes sociales superó casi tres veces la de los periódicos (70% vs 26%). Facebook (+3 puntos a 77%) y YouTube (+2 puntos a 44%) aumentaron su penetración (un mayor uso), a pesar de ser vías para la propagación de noticias falsas (rumores, chismes y desinformación).

La disposición para pagar por el contenido en México apenas creció un punto, a 17%, de acuerdo con el Digital News Report 2020, el estudio más completo sobre el consumo de noticias a escala global.

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