Conflicto de interés en preponderancia de telecomunicaciones

Por graves conflictos de interés, la imparcialidad técnica, la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) frente a los agentes regulados y la efectividad de la competencia están en riesgo en la nueva revisión bienal de la preponderancia en el sector de telecomunicaciones. 

El IFT inició una consulta pública para una tercera evaluación bienal de la efectividad de la regulación asimétrica en preponderancia impuesta al agente económico Telmex-Telcel.

A diferencia de las dos revisiones bienales previas, en esta tercera evaluación están involucrados personajes con un evidente conflicto de interés en cualquier decisión que impacte en las medidas asimétricas impuestas por el IFT a América Móvil y el cumplimiento de las mismas. 

Me refiero a Fernanda Obdulia Arciniega Rosales, titular de la Unidad de Cumplimiento del IFT, y a Gabriel Contreras Saldívar, excomisionado Presidente del IFT y ahora vicepresidente de Legal y Asuntos Externos de AT&T, quienes sostienen una estrecha relación personal. 

No se necesita mucha explicación para comprender el escandaloso conflicto de interés que implica para el IFT, sus comisionados y la industria que el representante legal de AT&T, competidor de América Móvil e impulsor de más medidas asimétricas en contra de América Móvil, tenga en la Unidad de Cumplimiento del IFT una quinta columna que pone en riesgo y compromete desde ya la imparcialidad de cualquier investigación y decisión relacionada con la tercera revisión bienal de preponderancia en telecomunicaciones, entre otros asuntos.

El fantasma de Gabriel Contreras

Aquí en Economicón, el periodista José Soto Galindo reveló en un artículo titulado “El fantasma de Gabriel Contreras en el IFT” cómo una reciente decisión del regulador benefició a AT&T. Cita en su texto un oficio que la titular del Órgano Interno de Control del IFT, Gricelda Sánchez Carranza, dirigió al actual presidente del regulador, Javier Juárez Mojica, advirtiendo que “el buen desempeño de las personas servidoras públicas que hayan sido designadas o estén vinculadas con el excomisionado [Gabriel Contreras Saldívar] se vuelve vulnerable legal y éticamente”. 

La contralora del regulador también alertó el “desempeño parcial y subjetivo de sus obligaciones en razón del afecto personal o gratitud hacia esa persona [Contreras Saldívar]”.

La sombra de Gabriel Contreras no es sólo la de un fantasma sino la de una mano negra que puede influir a su favor en la Unidad de Cumplimiento por los vasos comunicantes, afectos y gratitudes entre el ex presidente del regulador y representante de AT&T y los actuales funcionarios adscritos a esa unidad. 

El IFT y las medidas asimétricas para América Móvil

La Unidad de Cumplimiento del IFT es la encargada de supervisar, verificar, vigilar e imponer sanciones por el incumplimiento de la regulación asimétrica impuesta al preponderante Telmex-Telcel. La evaluación bienal de las medidas asimétricas impuestas a América Móvil tiene como objetivo revisar la efectividad de la regulación para suprimir, modificar o establecer nuevas medidas.

La primera resolución bienal de 2017 implicó para América Móvil medidas asimétricas reforzadas para los servicios móviles y fijos, de desagregación, en materia de contenidos audiovisuales y ordenó un draconiano plan de separación funcional.

La segunda revisión bienal de 2020 arrojó medidas asimétricas adicionales en protección al usuario final, desbloqueo de equipos terminales para usuarios de pospago, no diferenciación entre tarifas on-net y off-net, modificaciones al Sistema Electrónico de Gestión, equivalencia de insumos en el acceso a servicios mayoristas, cambios en las ofertas de referencia, parámetros de calidad en ofertas de referencia y criterios para determinar trabajos especiales ​​para los servicios de enlaces dedicados, compartición de infraestructura fija y servicios de desagregación.

La posición de AT&T y Gabriel Contreras

AT&T ha sido un fuerte impulsor de medidas asimétricas más drásticas en contra de América Móvil. Incluso ha condicionado su presencia en México al cumplimiento de la llamada preponderancia.

La directora general de AT&T México, Mónica Aspe Bernal, declaró en enero de 2022 al diario Reforma que “se exija y también se verifique el cumplimiento legal del preponderante al marco legal y regulatorio y que se ajuste la regulación conforme sea necesario para asegurar su efectividad, que se mide al final de cuentas por la reducción en su elevadísima participación de mercado. Si eso sucede, aquí seguiremos compitiendo” en México. 

Gabriel Contreras fue contratado por AT&T para contribuir con esa verificación al preponderante América Móvil. Tiene en la Unidad de Cumplimiento del IFT conflictos de interés que, como atinadamente advierte la contralora del IFT, vulneran la legalidad, objetividad, imparcialidad y confianza de las evaluaciones y resoluciones del IFT en materia de preponderancia y de la tercera revisión bienal.   

Contreras Saldívar es autor del libro Reforma en materia de telecomunicaciones (FCE, 2018). En la obra reconoce:

“Es importante señalar que los ‘agentes económicos preponderantes’ son una figura novedosa en el derecho mexicano. Antes de ésta, la regulación asimétrica derivaba de la existencia de poder sustancial en el mercado, lo que se acredita mediante procedimientos especiales previstos en el marco legal de competencia, como se observa también en el derecho comparado”.

Contreras aclara:

“Dadas las circunstancias prevalecientes en nuestro país y la necesidad de imponer y aplicar eficazmente las nuevas reglas del sector, se optó por incluir esta figura desde la propia Constitución, con el objeto de determinar la existencia de estos agentes mediante procedimientos abreviados y bajo el análisis de datos objetivos, que no requieren los análisis específicos de mercados, que suelen hacerse en estos procedimientos”. 

He señalado antes que la preponderancia debe ser eliminada y, en cambio, debe retomarse el análisis de la competencia a través del concepto económico de poder sustancial de mercado, como ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la literatura económica y el derecho comparado. 

A casi una década de la declaratoria de preponderancia, se justifica aún menos su existencia. Ahora, además, alarma un conflicto de interés, advertido por el Órgano Interno de Control del IFT. ¿Cómo lo van a resolver los comisionados para no ser partícipes y cómplices del mismo?

Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

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