Campaña política "Traidores a la patria", para señalar a los legisladores que votaron en contra de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica promovida por Morena y el presidente López Obrador.
Campaña política «Traidores a la patria», para señalar a los legisladores que votaron en contra de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica promovida por Morena y el presidente López Obrador.

La decisión de la máxima autoridad de protección de datos personales se alcanzó por mayoría de los 5 comisionados del Inai, con el voto disidente del comisionado Adrián Alcalá Méndez, para que el INE “determine lo que en derecho corresponda en relación con las posibles responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido integrantes del partido político Morena”.

El Inai pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) que sancione a Morena y a sus principales dirigentes partidistas por incumplir “con diversos principios previstos” en la ley de protección de datos personales como parte de la campaña “Traidores a la Patria”, que vinculó a legisladores de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) con el supuesto delito de “traición a la patria”, tipificado en el Código Penal Federal y que se castiga hasta con 40 años de prisión.

La decisión se alcanzó por mayoría de los 5 comisionados del Inai, con el voto disidente del comisionado Adrián Alcalá Méndez.

La descripción de la resolución alcanzada por el pleno del Inai, última etapa procesal de un procedimiento de verificación INAI.3S.07.01-007/2022, señala que la autoridad de protección de datos federal detectó el incumplimiento de diversos principios previstos en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La resolución del Inai ordena dar “vista al Instituto Nacional Electoral a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda en relación con las posibles responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido integrantes del partido político Morena”.

Sesión del pleno del Inai del 27 de septiembre de 2022. Al minuto 33:20 se pone a votación el tema de Morena y la campaña “Traidores a la Patria”.

El Inai realizó una investigación contra Morena y sus principales dirigentes —Mario Delgado Carrillo, Citlalli Hernández Mora e Ignacio Mier Velazco— a partir de la denuncia de un grupo de diputados de oposición encabezados por María Elena Pérez-Jaén (PAN), ex comisionada del Ifai (el nombre del Inai antes de la reforma de 2015). Teresa Castell de Oro Palacios, Javier González Zepeda, Gabriel Quadri de la Torre, Guillermo Octavio Huerta Ling y Héctor Saúl Téllez Hernández acompañaron a Pérez-Jaén en la denuncia.

Los denunciantes reclamaron un uso indebido de sus datos personales —nombre, imagen del rostro y afiliación política— para vincularlos con la comisión de un supuesto delito no acreditado por ninguna institución con atribuciones para ello. Esto, como parte de la campaña “Traidores a la Patria” contra legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fortalecía la participación de mercado de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los diputados del PAN, al presentar la denuncia ante el Inai. Foto: Diputados PAN
Los diputados del PAN, al presentar la denuncia ante el Inai. Foto: Diputados PAN

La denuncia de los legisladores aceptaba que los datos personales utilizados en la campaña “Traidores a la Patria” son de acceso público, cuya publicidad es obligada por la legislación de transparencia, pero que la información personal se había utilizado para fines ilegítimos por un partido político obligado al máximo respeto de las leyes.

El INE en su momento impuso medidas cautelares a Morena porque la campaña “podría provocar, además de calumnia, la incitación al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas”.

En materia de protección de datos personales en los sujetos obligados (las instancias de gobierno que dan tratamiento a datos personales), las resoluciones que involucran a partidos políticos deben comunicarse a la autoridad administrativa electoral —en este caso, el Instituto Nacional Electoral— para que proceda conforme a derecho.

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