Ilustración original de Nayelly Tenorio

Uber, el gigante de los servicios de transporte privado por aplicación tecnológica, ha comenzado la batalla en la opinión pública contra una eventual regulación laboral en México. La publicación esta semana de un estudio demoscópico sobre la “flexibilidad” a la que aspiran quienes usan la plataforma como medio de subsistencia económica es una estrategia para influir en ciudadanos y diseñadores de política pública —como hizo en California, donde tiene su matriz corporativa—. El sondeo de opinión se presenta en un momento en que las baterías legislativas y administrativas en México se preparan para discutir y modificar las condiciones laborales de conductores y repartidores de Uber y plataformas similares.

Con las conclusiones del sondeo se quiere implantar la idea de que conductores y repartidores prefieren la “flexibilidad” de elegir horarios y tiempo de trabajo por encima de la seguridad laboral, como si “flexibilidad” y seguridad laboral fueran opuestos que no pueden gozarse al mismo tiempo. El estudio afirma que 90% de quienes ofrecen su capital de trabajo a las plataformas “prefiere controlar su propio horario, incluso sin beneficios, a tener un horario fijo con más beneficios” a partir de preguntas en las que nunca se menciona a los encuestados cuáles son los beneficios a los que están renunciando a cambio de “flexibilidad”.

Puede parecer una paradoja que una compañía que basa su negocio en la innovación quiera negarse a innovar en materia de protección laboral, pero es justo la contradicción que alimenta a Uber y a otras empresas de la llamada “economía de plataformas”: buscando ganancias con base en la precarización del mercado laboral. Lo sabemos: Uber ha prosperado mayormente en los países donde las leyes laborales no protegen a sus trabajadores.

La eventual regulación laboral de Uber —y del sector en general— se producirá en un año particularmente desafiante para la compañía desde que arrancó operaciones en México en 2013. Además de los riesgos regulatorios, Uber se verá obligada a reaccionar ante la llegada de Lyft, su principal competidor en Estados Unidos. A diferencia de DiDi o Beat, que también participan en el mercado de taxis por aplicación (empresas de redes de transporte, en la jerigonza oficial influenciada por el lobby de Uber), Lyft cuenta con modelos de negocio y operación similares a los de Uber y representa su competencia más directa.

Más allá de los posibles beneficios a mediano plazo que pueda traer la llegada de Lyft para los consumidores, impulsando precios más bajos o aumentando la calidad de los servicios —o ambas cosas, si tenemos suerte—, la mejora de las condiciones laborales de quienes generan ingresos a través de estas empresas sólo podrá producirse a través del marco regulatorio.

Es urgente cambiar la ley para incorporar y proteger a quienes subsisten a través de las plataformas. En el Congreso federal hay varias iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ha expresado la necesidad de cambiar el statu quo.

Se calcula que más de 500,000 personas se desempeñan para aplicaciones como Uber, Rappi, DiDi, Cornershop y similares sin seguridad laboral: ni sueldo base ni beneficios sociales; sin licencia por enfermedad, accidente o maternidad/paternidad, sin seguro de gastos médicos, sin seguro de accidentes, sin fondo para el retiro ni para vivienda. Nada: ellas y su circunstancia. 

Para Uber, particularmente, tratar de influir en los diseñadores de política pública no será algo inédito. Lo ha hecho antes para impedir regulaciones estatales que afectan su modelo de negocio en materia de competencia —participa en un mercado dominado por los taxis tradicionales— y ha logrado esquivar al fisco para que el pago de contribuciones tributarias como ISR recaiga en conductores y repartidores. Pronto veremos un aumento de precios a los consumidores finales para salvar la contabilidad corporativa ante el impuesto de 2% que se acaba de aprobar en la Ciudad de México para las plataformas de reparto y mensajería.

Pero ahora el desafío es distinto: el gobierno federal ha mostrado sensibilidad en el tema laboral asumiendo compromisos con el nuevo tratado comercial de América del Norte y combatiendo la simulación contractual de los modelos de subcontratación, tercerización o outsourcing. Los asesores de política pública de Uber lo saben, por eso comenzaron la batalla en la opinión pública difundiendo su sondeo sobre “flexibilidad”.

No se dejen engañar: lo de Uber es propaganda corporativa para defender el modelo de explotación y precarización en el que se basa su negocio. Flexibilidad y seguridad laboral pueden coexistir. Esta batalla es por el futuro y la calidad de vida de conductores y repartidores.

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