Sesión del pleno del Inai del 8 de diciembre de 2021. Foto: Inai

Tuve la veladora encendida con la esperanza de que el Inai defendería nuestra privacidad y nuestro derecho a la protección de datos personales. No lo hizo. Evadió su responsabilidad de luchar contra las reformas que obligan a todos los mayores de 18 años, incluso si no tienen actividad económica, a enlistarse en el registro de contribuyentes fiscales que administra el SAT —una base con datos personales sensibles, como pueden llegar a ser los datos biométricos— y que permiten al SAT usar medios tecnológicos como la geolocalización para identificar los domicilios de todos los inscritos en ese registro.

Mi veladora fracasó. A los comisionados del Inai, el instituto creado para garantizar la transparencia y la protección de los datos personales en México, se les agotó el plazo para presentar un recurso jurídico en la Suprema Corte y detener el avance panóptico del SAT, la oficina de recaudación de impuestos. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que también tiene facultades para combatir las reformas, no esperaba nada: la perdimos con la llegada de Rosario Piedra Ibarra a su presidencia. Las instituciones públicas creadas para defendernos de abusos y arbitrariedades de derechos humanos nos han fallado.

Nos queda confiar en la buena fe de los funcionarios públicos del gobierno de López Obrador. ¿Y ustedes creen que ellos podrían usar contra los ciudadanos las poderosas herramientas de control y vigilancia que están acumulando con reformas legales? ¿Pero qué pasará si Sheinbaum no sucede a López Obrador en la Presidencia o si Ebrard es el candidato y pierde contra Colosio?

El 12 de noviembre pasado se publicaron nuevas reformas que incrementan el poder de control y vigilancia del SAT por medios tecnológicos, casi como celebración de que un año atrás el Congreso dominado por Morena le autorizó al SAT hacer negocio con nuestros datos biométricos con un servicio de verificación de identidad.

El Inai tenía 30 días naturales para presentar una acción de inconstitucionalidad. A diferencia de hace un año, esta vez no lo hizo. Los comisionados del Inai estuvieron más atentos en actuar contra el “decretazo” de López Obrador sobre las megaobras de infraestructura que en proteger nuestros datos personales. El mensaje es claro aunque significa un dilema falso: para los comisionados del Inai, la transparencia sobre el uso de recursos públicos tiene prioridad sobre cualquier cosa. 

Repito: es un dilema falso. Tanto la transparencia —como parte del derecho a la información— como la protección de datos personales —un derecho relacionado con el derecho a la vida privada— son derechos humanos y los dos son la piedra angular del trabajo del Inai. Son su razón de existir.

Recordemos lo qué pasó la última vez que el Inai estuvo obligado a defender nuestros datos personales y no lo hizo. Fue en 2014, cuando se publicó la ley de telecomunicaciones que abrió la puerta a la intervención de comunicaciones privadas por medio del uso de nuestros teléfonos celulares. Los casos y las aberraciones se han acumulado. La noticia más reciente fue la del espionaje de tres mujeres que investigan las masacres de San Fernando, Tamaulipas, pero antes conocimos que el centro de espionaje creado durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México utilizó esa ley para obtener información privada de opositores políticos.

Por eso me parece imposible separar la política en la asignación de prioridades del Inai. A los comisionados les urge una sentencia a su favor desde la Corte para legitimarse como institución indispensable del Estado frente a un Poder Ejecutivo que no ha dejado de atacar al Inai y de pedir su desaparición (comenzó por pedirles que se bajaran el sueldo). Una sentencia de la Corte contra el “decretazo” sería un triunfo muy fácil de comunicar a un público cansado de la corrupción y colocaría al Inai como héroe entre un sector que repudia a López Obrador.

Yo celebro la decisión de combatir el “decretazo”, porque estoy convencido de que clasificar las obras de infraestructura del gobierno con la etiqueta de “seguridad nacional” impedirá la fiscalización ciudadana sobre el ejercicio de recursos públicos, pero lamento enormemente que el Inai sólo tuviera ganas de defender la transparencia y se olvidara de la protección de los datos personales.

No todo está perdido, pero casi: toca a los ciudadanos tramitar sus amparos directos a partir del 1 de enero de 2022. ¿Dónde quedaron los abogados pro bono y las organizaciones civiles que a mediados de año regalaban amparos contra el registro de datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares?

El SAT ha ganado. Los ciudadanos perdimos.

Este artículo se publicó en El Economista el 12 de diciembre de 2021.

La ampliación del control y la vigilancia por medios tecnológicos

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